La banca se planta ante Mas-Colell y le deja sin 600 millones del impuesto de depósitos

La banca ha impugnado en bloque el Impuesto sobre los Depósitos de la Generalitat y ha dejado al conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, sin 600 millones de euros que podrían haber entrado en caja antes de fin de año, lo que agrava más si cabe la delicada situación de las arcas públicas catalanas, según han explicado fuentes financieras en Cataluña.

Aunque las entidades financieras lo niegan, la impugnación se está llevando a cabo de manera concertada y presentando los avales mínimos que marca la ley para estos casos ante la Generalitat, avales que poco alivio pueden dar a la tesorería de la Administración catalana.

Este otoño la conselleria de Economía inició los trámites para liquidar el impuesto correspondiente al año 2013. A pesar de que hay un decreto ómnibus del Gobierno central del pasado mes de julio, que fijó el tipo en el 0,03 para este tipo de impuestos, la Generalitat, con una ley previa, lo había establecido entre el 0,3 y el 0,5, diez veces más alto.

La Generalitat y el Gobierno están a la espera de que el Tribunal Constitucional falle cuál de los dos gravámenes tiene validez sobre el otro. Mientras tanto, el Govern ha optado por aplicar el suyo. Pese a ello, la negativa de la banca les vuelve a dejar con las manos vacías. La directora general de Tributos de la Generalitat, Elsa Artadi, explicó a EFE que la situación resulta algo "caótica" porque la Generalitat y el Estado han creado un impuesto sobre el mismo hecho imponible (los depósitos bancarios), y el conflicto no se resolverá hasta que el Constitucional se pronuncie sobre los recursos cruzados entre las dos Administraciones.

Este nuevo problema se suma al de las privatizaciones. La titulización del canon sigue estancada y ya fuera de plazo, y ahí están en juego otros ingresos de 850 millones. La situación es tan límite que se han enajenado inmuebles al Ayuntamiento de Barcelona a cambio de cancelar parte la deuda pendiente desviada al consistorio de la capital catalana, en este caso 30 millones de euros. El nivel de desesperación llegó ayer a tal nivel que se sacaron a la venta tres nuevos edificios de la Generalitat por 168 millones, dándose la circunstancia de que el inmueble estrella, Passeig de Gràcia, 19, sale al mercado con el inquilino dentro, ya que la Bolsa de Barcelona ha renunciado a cambiar de ubicación. La ganga sólo cuesta 88,9 millones de precio de salida.

‘Conseller’ conservador: la previsión era no ingresar nada

En el caso del impuesto sobre depósitos, hay que reconocer que Mas-Colell fue conservador. En las cuentas presentadas para 2014 la previsión de ingresos por ese gravamen ya era cero. Sólo las tensiones de caja posteriores le han hecho intentar cobrar de la banca de manera infructuosa, como se ha demostrado ahora.

Sin embargo, los bancos, que a cierre de 2013 tenían en Cataluña depósitos por valor de 195.342 millones, según consta en las estadísticas del Banco de España, han optado por la senda que en su día marcaron las grandes superficies lideradas por su patronal, ANGED: no pagar y recurrir en los tribunales. Al final terminaron pagando, pero demoraron el ingreso fiscal durante once años.

Los bancos prefieren a Mas como mal menor

Fuentes financieras aseguran que este conflicto de alto voltaje no significa que los grandes de la banca catalana no sigan apostando por Artur Mas como presidente de la Generalitat, pese a oponerse de manera más o menos velada a su proyecto independentista. En el caso del presidente de CaixaBank, Isidre Fainé, se han mantenido contactos con el líder del PSC, Miquel Iceta, y con el de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, para buscar una fórmula de apoyo suave a CiU que permita que la legislatura en la Cámara catalana no acabe de manera abrupta y entregando las llaves del Palau de la Generalitat a Oriol Junqueras (ERC).

En pocas palabras, en este momento los bancos prefieren a Artur Mas sólo como mal menor. Y le dan oxígeno con cuentagotas, como la última línea de crédito de 120 millones de CaixaBank, avalada por el futuro FLA social que prepara el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que se abonase la deuda contraída con las farmacias catalanas.