Consejeros de Bankia atacan: defienden su inocencia con un exsuperjuez del Supremo
Se han puesto en manos de Enrique Bacigalupo, un exmagistrado del Alto Tribunal, para exponer que las tarjetas que usaban eran diferentes a las opacas
Los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia que se sienten traicionados por la nueva dirección del banco y por el ministro de Economía, Luís de Guindos, no se van a quedar de brazos cruzados, pese a la condena social que ya han recibido por el uso irregular de las tarjetas de crédito. Varios de los afectados han pedido un informe a un prestigioso exmagistrado del Tribunal Supremo para preparar su defensa legal.
Según informan fuentes próximas a algunos de los consejeros de Bankia que han sido acusados de gastar dinero de la entidad financiera para disfrute personal han pedido asesoramiento jurídico a Enrique Bacigalupo, un ex juez de la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal, organismo en que practicó la judicatura entre 1987 y 2011.
Las mismas fuentes esperan que el primer documento de defensa lo tenga el magistrado la próxima semana. Pero las primeras conclusiones señalan que en Caja Madrid había dos tipos de tarjetas, unas calificadas como black, totalmente fraudulentas,y otras completamentelegales, aprobadas por el consejo de administración en 1988. El informe preliminar sostiene que estas segundas, junto con las dietas, constituían las retribuciones de los consejeros, que las podían utilizar libremente.
“Las tarjetas de los consejeros no eran opacas ni fantasmas”, aseveran fuentes próximas a los acusados de Bankia. Defienden que estaban “registradas y contabilizadas en las cuentas de Gastos de órganos de gobierno” y, en consecuencia, sometidas a la revisión de la auditoría interna, de la externa -la que hacía Deloitte- y la supervisión del Banco de España.
Este es el motivo por el que varios consejeros y directivos no han devuelto el dinero gastado con las tarjetas que si consideraban oficiales. Por ello, además, acusan a Caja Madrid de no haber hecho las retenciones a cuenta del IRPF sobre la totalidad de las retribuciones, ya que desde el punto de vista fiscal es el pagador el que debe de comunicarlo a la Agencia Tributaria. Se trata de una retribución más como la de un empleado cualquiera.
Más aún, exponen que los servicios técnicos de la entidad financiera entregaban a los consejeros los certificados de ingresos y retenciones, sin especificar los conceptos, para que ellos hicieran posteriormente sus declaraciones de Hacienda. El borrador argumenta que los miembros del consejo de administración no elaboraban los citados certificados y que entendían que eran acordes a la normativa fiscal, puesto que habían sido realizados por los especialistas de Caja Madrid.
Las mismas fuentes no han querido identificar a los consejeros que han solicitados los servicios de Enrique Bacigalupo, un experto que llevó entre otras casos mediáticos el de Filesa, el de la financiación ilegal del PSOE, y el de Sogecable contra el juez Javier Gómez de Liaño. Después de dejar el Tribunal Supremo en 2011, el magistrado se incorporó al despacho internacional DLA Piper, el mayor del mundo, y posteriormente a Olswang y A25 Economistas y Abogados. Su hijo, Mariano Bacigalupo, es también un reconocido jurista que trabaja en Tornos Asociados.
Aunque prefieren mantener en el anonimato a los consejeros, la argumentación se asemeja mucho a la que Juan Iranzo, uno de los beneficiarios de las tarjetas presuntamente oficiales, ha hecho en el consejo de Red Eléctrica para defender su inocencia y no dimitir. José Antonio Moral Santín, el consejero que más dinero gastó -456.522 euros- está entre los clientes de Bacigalupo, junto con Estanislao Rodríguez Ponga.
Los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia que se sienten traicionados por la nueva dirección del banco y por el ministro de Economía, Luís de Guindos, no se van a quedar de brazos cruzados, pese a la condena social que ya han recibido por el uso irregular de las tarjetas de crédito. Varios de los afectados han pedido un informe a un prestigioso exmagistrado del Tribunal Supremo para preparar su defensa legal.