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Hacienda niega que conociera las tarjetas VIP de Bankia e investiga a los beneficiarios
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los titulares acusan al fisco de tolerarlo

Hacienda niega que conociera las tarjetas VIP de Bankia e investiga a los beneficiarios

La principal línea de defensa de los titulares de las tarjetas VIP de Bankia fue que las autoridades, en especial Hacienda, conocían esta práctica y la toleraron.

Foto: El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (EFE)
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (EFE)

La principal línea de defensa de los titulares de las tarjetas VIP de Bankia que Anticorrupción quiere investigar fue que las autoridades conocían esta práctica y la toleraron. Se refieren al Banco de España y, sobre todo, a Hacienda: aseguran que Caja Madrid primero y Bankia después imputaban esos pagos como gastos de empresa con el consentimiento del fisco y que por eso ellos no lo declaraban. Sin embargo, desde el departamento de Cristóbal Montoro aseguran que era imposible detectar esos cobros puesto que ninguna de las dos partes se declaraba. De hecho, en Hacienda hay una gran indignación con este asunto, y va a iniciar una investigación de los 86 titulares de las tarjetas.

En conversaciones públicas y privadas, varios de estos beneficiarios que cargaron 15,2 millones de euros en gastos personales sostenían ayer que no cometieron ninguna ilegalidad. Según su versión, este tipo de tarjetas son habituales en muchos bancos y empresas, les fueron entregadas por la dirección financiera de la entidad y se les explicó que se consideraban gastos de empresa, por lo que no debían declararlos. Asimismo, aseguran que el Banco de España conocía esta práctica, que se remonta incluso a la época anterior a Blesa, y jamás puso pegas. Y lo más grave: que Hacienda había dado el visto bueno a la misma.

Las contradicciones empiezan a partir de ahí, puesto que unos aseguran que la Agencia Tributaria realizó inspecciones en las que incluyó estas tarjetas y otros que hubo una consulta a la Dirección General de Tributos sobre el asunto. Además, entre los primeros también hay división entre los que dicen que la inspección se dirigía a la entidad y los que aseguran que la recibió alguno de los titulares.

Ante estas acusaciones, la reacción del departamento de Montoro ayer fue furibunda. En primer lugar, niegan esas acusaciones; tanto las de que hubo inspectores que dieron su visto bueno a ese uso personal de las tarjetas, como las de que alguna consulta de Tributos amparaba esa práctica. "Si es así, que la enseñen, porque la carga de la prueba cae de su parte", según una fuente del Ministerio. Y no sólo eso, sino que la Agencia Tributaria va a investigar de inmediato a los 86 beneficiarios de estas tarjetas.

Imposible detectar el abuso

Fuentes más técnicas explican que es imposible que Hacienda tuviera conocimiento de estas prácticas puesto que no las declaraban ni los beneficiarios de esos gastos ni la propia entidad que los asumía. "No quedaban registradas en ningún lado, eran operaciones opacas, así que el inspector no tenía ningún indicio de que ahí hubiera algo que tuviera que investigar", explican. En este sentido, recuerdan que Caja Madrid y Bankia imputaban esos gastos a una cuenta de errores del servidor, una especie de cajón de sastre que se usa para arreglar los descuadres en las cuentas, achacándolos a errores informáticos.

"Esta práctica demuestra que había una intención de ocultar estos gastos, no que los hicieran porque estaban seguros de que eran legales. En ese caso, los habrían declarado", añade otra fuente del Ministerio. Además, explican que una inspección a Caja Madrid o a Bankia es tan inmensa que es muy difícil descender al nivel de detalle que habría permitido detectar este abuso. "Hace falta que alguien revise todas las operaciones del servidor, que es lo que parece que ha hecho Bankia ahora y por lo que ha saltado el escándalo".

No hay delito fiscal

En todo caso, las fuentes consultadas están de acuerdo en que seguramente no hay delito fiscal, puesto que esto requiere 120.000 euros de cuota defraudados al año, algo que no se da a priori en ninguno de los afectados. Pero sí están sujetos a una sanción administrativa por no declarar esos emolumentos. Además, hay otros indicios de delito que aprecia la Fiscalía Anticorrupción, como apropiación indebida y delito societario, o incluso enriquecimiento ilícito.

Entre los 86 consejeros y directivos de Caja Madrid y su heredera, Bankia, que disfrutaron de estas tarjetas se encuentran el propio Miguel Blesa, su sucesor Rodrigo Rato, Ildefonso Sánchez-Barcoj (número dos de ambos), Matías Amat, Carlos Vela (otros dos pesos pesados de la organización), Carmen Cafranga (presidenta de la Fundación Caja Madrid, que dimitió ayer), Pablo Abejas (destituido también ayer como director general de Economía de la Comunidad de Madrid) José María Buenaventura (dimitido como jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda) y numerosos políticos y sindicalistas que formaron parte del consejo entre 2003 y 2012, antes de que su gravísima situación financiera obligara a nacionalizarla y rescatarla con más de 22.000 millones de dinero público.

La principal línea de defensa de los titulares de las tarjetas VIP de Bankia que Anticorrupción quiere investigar fue que las autoridades conocían esta práctica y la toleraron. Se refieren al Banco de España y, sobre todo, a Hacienda: aseguran que Caja Madrid primero y Bankia después imputaban esos pagos como gastos de empresa con el consentimiento del fisco y que por eso ellos no lo declaraban. Sin embargo, desde el departamento de Cristóbal Montoro aseguran que era imposible detectar esos cobros puesto que ninguna de las dos partes se declaraba. De hecho, en Hacienda hay una gran indignación con este asunto, y va a iniciar una investigación de los 86 titulares de las tarjetas.

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