FOMENTO SUSPENDE LA REUNIÓN PREVISTA PARA HOY

La banca desafía a la vicepresidenta y dice 'nones' al rescate de las autopistas de peaje

La banca se resiste a aceptar la última propuesta, auspiciada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, para rescatar las autopistas de peaje.

Foto: Vista de la R-2, la autopista de peaje que discurre entre la M40 y Guadalajara. (EFE)
Vista de la R-2, la autopista de peaje que discurre entre la M40 y Guadalajara. (EFE)

Por segunda vez en tres meses, la banca le dice 'nones' al plan del Gobierno para rescatar las autopistas de peaje que están en concurso de acreedores con una deuda de 5.000 millones de euros. Los seis mayores bancos del país han rechazado la última propuesta del Ejecutivo, liderada directamente por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que les había exigido una solución inmediata antes de las vacaciones.

Según distintas fuentes, la ministra de Fomento, Ana Pastor, se ha visto forzada a anular la reunión prevista este jueves con los máximos responsables de Santander, BBVA, Caixabank, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankia porque las posturas están lejos todavía de encontrarse. La falta de acuerdo entre las partes ha aconsejado posponer la cita, lo que de facto puede suponer dejar el problema para después del verano.

Sáenz de Santamaría pidió hace diez días a la banca que el espinoso asunto que el Estado lleva arrastrando desde hace dos años, cuando las primeras autopistas concesionarias pidieron la suspensión de pagos voluntaria, debía ser resuelto en el último Consejo de Ministros previo a las vacaciones. Es decir, el que se celebra este viernes 1 de agosto. Para ello convocó a los consejeros delegados de los grandes bancos el pasado 25 de julio, apenas una semana después de que Fomento pidiera al administrador concursal de la autovía Ocaña-La Roda que parase la liquidación, tal y como adelantó El Confidencial.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Fomento, Ana Pastor. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Fomento, Ana Pastor. (EFE)

El juez de lo mercantil accedió al requerimiento 'in extremis' del Estado -lo hizo el jueves por la tarde previo al día de autos- y prorrogó la liquidación dos meses, hasta mediados de septiembre. La decisión fue acompañada por una maniobra de la banca que no gustó nada a Fomento, puesto que los acreedores financieros habían comprado previamente la deuda de los proveedores comerciales con los que Ferrovial y Sacyr -los operadores- habían llegado a un acuerdo para pagarles sus facturas.

El objetivo era que las entidades bancarias se quedaran con el 'muerto', como los únicos opositores a la salvación de la autopista de peaje, pero la operación salió mal al encontrarse las constructoras con que la banca también era dueña de la otra deuda. Al fracasar este movimiento, Fomento no tuvo más remedio que propiciar ante los tribunales la suspensión de la junta de acreedores para paralizar en el último minuto la liquidación a que está abocada la citada concesionaria.

Mayor rentabilidad de la deuda reconocida a los bancos

La suspensión de esta medida tenía como fin continuar las converaciones con el llamado G-6 para alcanzar un punto de encuentro. Como muestra de buena voluntad, Fomento mejoró la rentabilidad que les daba a Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Popular y Bankia para compensarles por aceptar una quita del 50% de la deuda bancaria. Pasó de ofrecerles la garantía de cobro del principal más un 1% a una media del 2,5%, ya que algunos tramos se retribuirían al 4,11%. Pero esta fórmula tampoco convence al conjunto de la banca, puesto que a algunas entidades la compensación no les cubre el riesgo.

Ante la nueva falta de acuerdo, Fomento ha decidido aplazar la reunión con la banca, por lo que Sáenz de Santamaría no podrá anunciar en el Consejo de Ministros una solución que preocupa mucho en Hacienda ante las presiones de la Comisión Europea para evitar que el agujero de las autopistas de pago impacte en la contabilidad nacional por la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA). Un socavón de 5.000 millones que afecta a casi todas las constructoras del país, a los principales bancos y a los ciudadanos.

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