Santander, BBVA, BofA, Goldman Sachs y Morgan Stanley dirigirán la OPV de Aena

Enaire, la sociedad estatal propietaria de Aena, ha adjudicado al Banco Santander, BBVA, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs y Morgan Stanley el contrato para la salida a bolsa del gestor aeroportuario, que tendrá lugar este próximo otoño. Estas cinco entidades actuarán como coordinadores globales de la OPV, que alcanzará un mínimo del 28%. Los dos bancos españoles se harán cargo del tramo nacional y el resto se ocuparán de la colocación en los mercados internacionales. Junto con los bancos directores de la oferta pública, la entidad dependiente del Ministerio de Fomento ha elegido también los asesores legales de la operación, que serán Mayer Brown y el despacho Pérez-Llorca Abogados.

La elección de los bancos se ha llevado a cabo después de un concurso internacional en el que la propuesta de precio económico suponía casi tres cuartas partes del peso de la adjudicación. El Gobierno quiere distribuir en bolsa un mínimo del 28% del capital de la empresa estatal a fin de asegurar una base diversificada de accionistas. El reparto de este free-float se orientará de modo preferente al mercado institucional aunque también se incluirá un tramo retail destinado a pequeños ahorradores y que tiene que ser fijado ahora por los citados coordinadores de la oferta pública.

Al margen de esta operación bursátil, que tendrá lugar a lo largo del mes de noviembre, el acuerdo adoptado el pasado 13 de junio por el Consejo de Ministros contempla también la formación previa de un núcleo de socios de referencia que colaboren a garantizar la estabilidad del proyecto y que podrían alcanzar hasta un máximo del 21% en el capital de la futura Aena. Los responsables del gestor aeroportuario vienen negociando a tal fin con distintos grupos españoles y extranjeros, entre los que se incluyen grandes constructoras y fondos de inversión en el sector de las infraestructuras.

El plan original del Gobierno consiste en repartir el capital entre un mínimo de tres grandes accionistas fuertes, cada uno con un 7%, que participen junto a los representantes del Estado en el consejo de administración de la nueva Aena. El 21% del núcleo duro junto al 28% de la OPV completarán la privatización del 49% quedando el Estado como accionista mayoritario con el 51%.

Todo este proceso ha adquirido plena carta de naturaleza con la reciente segregación de Aena en dos empresas; una encargada del control de la navegación aérea en España y otra como operadora de los 47 aeropuertos públicos que existen en nuestro país. La primera, bajo el nombre de Enaire, actuará a su vez como holding propietario de la segunda, que es la propia Aena destinada a la privatización.

Valoración de 5.000 millones de euros

El consejo de administración de Enaire está presidido por el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, mientras que Aena sigue bajo la dirección de José Manuel Vargas. Enaire actuará, en suma, como agente privatizador y en la misma participarán también representantes de los distintos ministerios involucrados en el proceso, como son Hacienda, Economía y Fomento. La comisión ejecutiva será presidida por Álvaro Nadal, el jefe de la Oficina Económica de Presidencia.

La privatización de Aena constituye toda una reválida para la política económica del Gobierno que quiere reafirmar con esta operación la confianza obtenida por España en los mercados de capitales durante los dos últimos años. El gestor aeroportuario ha experimentado en este tiempo una metamorfosis radical basada en un esfuerzo de gestión que ha permitido maximizar los ingresos comerciales al mismo tiempo que se reducían los costes operativos. La conclusión ha sido una cifra de ebitda de 1.600 millones de euros contra una deuda de 11.000 millones.

Con estas credenciales, Aena espera que los inversores reconozcan una valoración de la compañía de diez veces el beneficio bruto de explotación, en sintonía con los estándares que se manejan en el mercado aeroportuario. En consecuencia, la tarjeta de visita que será presentada de cara a la oferta pública sitúa el neto de la compañía en 5.000 millones, lo que permitiría al Estado obtener unos recursos de alrededor de 2.500 millones con la privatización de la última gran joya de la corona en manos del sector público.