Industria se compromete a pagar el 'entierro' del Castor durante 20 años desde noviembre

Florentino Pérez respira tranquilo, de momento. El Gobierno se inclina, de entrada, por no pleitear contra ACS en su calidad de accionista mayoritario del almacén subterráneo de gas natural Castor. El Ministerio de Industria, que dirige José Manuel Soria, se ha comprometido con los acreedores de Escal UGS, la sociedad concesionaria, a retribuir desde el próximo mes de noviembre la inversión realizada en el difunto proyecto. El ‘entierro’ silencioso del Castor costará al Estado 1.500 millones de euros a pagar durante los próximos 20 años.

El estrepitoso fiasco del Castor, incluidos los seísmos que aterraron al pueblo de Vinaroz el pasado mes de octubre, tendrá que ser asumido en primera persona por el Gobierno, que previsiblemente trasladará después la factura al sistema gasista o, lo que es igual, a todos los consumidores del país. Los abogados del Estado consideran que una demanda contra los propietarios sería un remedio peor que la enfermedad porque retrasaría el cierre legal de las instalaciones e incrementaría el coste que finalmente habrá que sufragar a cargo del erario público.

El Ministerio de Industria ha fijado su posición oficial asegurando que “no adoptará ninguna decisión administrativa” hasta que el titular del Castor presente de manera definitiva su renuncia a la concesión. ACS ha tirado la toalla, pero formalmente necesita esperar la respuesta de sus acreedores financieros, como son el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los titulares de los bonos emitidos por esta misma institución internacional, de la que era vicepresidenta hasta hace un par de días la española Magdalena Álvarez.

Otra cosa muy diferente es lo que asegura José Manuel Soria cada vez que se pone sobre la mesa el espinoso asunto de la deuda heredada del Castor. El titular de Industria se cura en salud recordando que su departamento fue el primero en solicitar al Tribunal Supremo la declaración de lesividad contra el Real Decreto 855/2008 que dio respaldo jurídico al proyecto y que ahora se está demostrando como un verdadero ‘regalo’ a la concesionaria controlada por ACS. El ministro recuerda que el Alto Tribunal tumbó la petición del Estado español porque la normativa aprobada a instancias de su antecesor socialista, Miguel Sebastián, facultaba a la empresa un derecho de compensación por reversión, “aun en el supuesto de que hubiera existido dolo o negligencia” en su trabajo.

En juego otros 200 millones de euros

El fallo del Tribunal Supremo parece imbatible para el Gobierno, que no está por la labor de abrir un conflicto jurídico contra Florentino Pérez, a menos que el presidente de ACS se suba a la parra de sus reclamaciones. La carga de la prueba está de parte de la concesionaria y la cláusula que habilita el pago de la indemnización blinda a Escal para recuperar hasta el último céntimo de la inversión. Precisamente, el detalle de la cantidad a pagar es lo único que puede provocar todavía algún roce entre el Ministerio de Industria y ACS. Las discusiones se sitúan ahora en torno a un máximo de 200 millones de euros en números redondos, entre los 1.500 que ya reconoce sotto voce el Gobierno y los 1.700 que reclama el beneficiario del Castor.

La posición del ministro es minimizar el impacto del destrozo, paralizando los trabajos para evitar males mayores tanto desde el punto de vista social como también financiero. Además, el Gobierno sitúa en noviembre el comienzo de la retribución al Castor, lo que no deja de ser significativo. Se da la circunstancia de que el último día de dicho mes vence el plazo para que Escal haga efectivo el pago de los bonos emitidos por valor de 1.400 millones para financiar el proyecto. La concesionaria tiene garantizada, por lo tanto, la cobertura de la mayor parte del ‘agujero’.

A partir de ahí, el tira y afloja determinará hasta qué punto el Estado se hace cargo del resto de la inversión acumulada en el almacén, incluyendo también la inyección del gas colchón que fue la que provocó los seísmos meses atrás. Si el Gobierno se mantiene firme, las diferencias podrían traducirse en un cierto quebranto patrimonial para Escal y, por ende, para ACS. Eso sí, la mayor parte del ‘terremoto’ lo pagarán a escote los contribuyentes o, en su defecto, los consumidores. Lo mismo me da que me da lo mismo.

El impacto en la reforma del gas

De hecho, la solución que se dé al Castor afectará decisivamente a la inminente reforma del gas que prepara el Ministerio de Industria. Y como publicó El Confidencial, las tesis lanzadas hasta ahora desde el entorno del Ejecutivo se compadecen bien con la intención de pagar a partir de noviembre. “Entre o no en funcionamiento, la idea del Gobierno es no excluirlo de la reforma”, exponían recientemente estas fuentes en relación al depósito de Vinaroz, deslizando que sería la factura del gas la que costearía de manera diferida el proyecto.

El coste total reconocido es importante, en tanto podría afectar a la rebaja que afrontarán las empresas del sector para evitar que se acumule un déficit estructural, como ha sucedido en el sector eléctrico. “Las empresas están dispuestas a asumir un ajuste, siempre y cuando no sea tan brutal que las estrangule y no las permita crecer”, asegura uno de los afectados. Aunque el agujero del gas está muy alejado del generado por sus hermanos del kilovatio, Industria quiere atajarlo para curarse en salud. La intención del Gobierno apunta en estos momentos a un recorte estructural de casi 400 millones de euros, repartido prácticamente al 50% entre las actividades de transporte y distribución.

“Todo el mundo da por hecho que se va a pagar y que se va tener en cuenta en la reforma. Otra cosa es que se negocie una rebaja de los costes”, exponía ayer una fuente del sector. Como telón de fondo, el drama que supone que una infraestructura inútil, que en principio no va a entrar en funcionamiento, pase a cargar al recibo del gas. Fuentes del departamento de José Manuel Soria reconocían cuando se produjeron los seísmos que la iniciativa no sólo era “innecesaria y faraónica”, sino que jamás debía haberse contemplado en la planificación energética. Sin contar con los infaustos modificados, que convirtieron una instalación de 700 millones en una de 1.700. Los excesos de la época de vacas gordas atropellan siempre al mismo pagano.