La CNMC sale al quite del ministro Soria y expedienta a Iberdrola de cara a la galería

El expediente sancionador abierto contra Iberdrola y cuya referencia fue publicada ayer en la página web de la CNMC no prejuzga ningún comportamiento irregular de la compañía que preside Ignacio Galán, sino que responde al deseo del instructor para que la empresa eléctrica aporte la documentación reclamada desde hace meses por el organismo regulador. La CNMC despacha así el asunto y saca la cara por el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien denunció hace meses la manipulación de precios en el sector eléctrico.

La actuación emprendida por las autoridades de Competencia no está respaldada siquiera por ninguno de los órganos colegiados de la entidad, ni el consejo de administración que preside José María Marín Quemada ni la sala de supervisión que encabeza la vicepresidenta de la CNMC, María Fernández. Ha sido directamente el responsable del departamento de Energía, Fernando Fernández, quien ha salido por la tangente después de varios meses de investigación sobre las prácticas de las empresas en el mercado mayorista de electricidad.

El pleno de la CNMC encargó al director de los servicios técnicos un estudio que permitiera al organismo regulador determinar la supuesta manipulación de precios en los días previos a la célebre subasta Cesur del 19 de diciembre pasado. Tras la denuncia explícita del ministro Soria, el Gobierno reclamó a la CNMC que tomase cartas en un asunto que todavía no ha sido del todo esclarecido. La única información oficial al respecto procede de la CNMV, que, en su calidad de supervisor de los mercados financieros, cubrió el expediente señalando que era imposible determinar la eventual manipulación a que aludía el ministro.

La CNMC no ha querido cerrar en falso la investigación y, apoyándose en el trabajo de sus equipos internos, ha hecho público un expediente sancionador de cara a la galería sobre las ofertas realizadas en el mercado por Iberdrola durante los días 30 de noviembre a 23 de diciembre del pasado año. La dirección de Energía está analizando en concreto las operaciones efectuadas en las fechas previas a la subasta Cesur que provocó el fallido tarifazo del 11%, anulado ipso facto a instancias del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Se da la circunstancia añadida de que el expediente ha sido abierto de acuerdo con la antigua Ley del Sector Eléctrico, ya que los hechos investigados tuvieron lugar con anterioridad a la reforma normativa del pasado 27 de diciembre. La información difundida por la CNMC invoca el artículo 60 de una regulación que ya no está vigente para amenazar con una sanción muy grave que puede implicar una multa de hasta 30 millones de euros pero que también faculta a la Administración para revocar o suspender durante un máximo de un año la autorización a Iberdrola, lo que implicaría su inhabilitación para operar en el mercado.

Más ruido que nueces

La magnitud de las eventuales sanciones junto al precario respaldo institucional del expediente inducen a pensar que “todo va a quedar en aguas de borrajas”, según afirmaban ayer los más suspicaces observadores del mercado eléctrico. Al margen de la solemnidad y trascendencia de la denuncia, lo único cierto en estos momentos es la ampliación de las investigaciones durante un plazo mínimo de 18 meses. Transcurrido este periodo, la CNMC puede concluir perfectamente que no ha existido irregularidad alguna y cerrar sin más las pesquisas. Para ello bastaría con que Iberdrola respondiera adecuadamente a los requerimientos de información del organismo regulador.

La incertidumbre que genera el expediente puede, no obstante, afectar a la reputación de la compañía, que se apresuró ayer mismo a desmentir “cualquier manipulación de los precios ofertados en el mercado de generación”. La reacción de Iberdrola forma parte del toma y daca que la eléctrica presidida por Ignacio Galán mantiene desde hace tiempo con el Gobierno y, más en particular, con el propio ministro de Industria. La CNMC ha destapado su particular ‘jarabe de palo’ en un claro aviso a navegantes, pero lo cierto es que Iberdrola ha respondido al envite anunciando que sus servicios jurídicos presentarán las alegaciones pertinentes y recordando que la resolución de la CNMC puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional.

Cabe recordar que la investigación sobre la presunta manipulación de precios se ha llevado a cabo de manera indiscriminada, extendiéndose al conjunto de los operadores. Es relevante que, a la postre y después de seis meses de investigación, los encargados de la CNMC hayan apuntado en exclusiva la matrícula de Iberdrola como sujeto del expediente sancionador. La falta de sintonía entre la empresa y el Gobierno no sirve para legitimar la actuación del regulador, pero en todo caso representa un muy mal síntoma para la empresa regulada.