La CNMC pedirá la venia a Almunia para 'repatriar' la fusión de Vodafone y ONO

Prácticamente in extremis. En el último minuto, y cuando los funcionarios de Bruselas han anunciado ya su intención de resolver el expediente, la CNMC ha decidido que el acuerdo de concentración derivado de la compra de ONO por Vodafone es una operación que debe ser controlada desde España. La irrupción del organismo regulador supone un importante contratiempo para ambas empresas, que han preferido ponerse en manos de la Comisión Europea y evitar el examen, supuestamente más duro, de las autoridades nacionales de competencia.

La integración de Vodafone y ONO fue notificada al comisario Joaquín Almunia el pasado 23 de mayo y los responsables de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea fecharon el preceptivo acuse de recibo el día 27. Esta última fecha es la que sirve ahora de referencia a la CNMC, que tiene quince días hábiles a partir de entonces para ejercitar su derecho de reclamación y ‘repatriar’ a España el dossier de la fusión.

La entidad que preside José María Marín Quemada dispone de plazo hasta el próximo martes para solicitar la venia a Almunia y confiar en la generosidad política de los responsables de Bruselas para ceder un caso sobre el que supuestamente llevan varios días trabajando. Es más, la Comisión Europea ha fijado ya un calendario de actuación con el fin de dar carpetazo al asunto no más tarde del próximo 2 de julio. La celeridad del procedimiento induce también a pensar que las autoridades comunitarias van a aprobar por la vía rápida y sin mayores condiciones la compra de ONO por Vodafone.

La metodología de las autoridades europeas en el sector de las telecomunicaciones pone de relieve que los expedientes suelen complicarse a medida que los funcionarios de Bruselas reclaman información adicional sobre los procesos de concentración empresarial. Es el caso de Telefónica, que lleva prácticamente un año sufriendo el celo de los responsables de competencia que lidera Joaquín Almunia. La multinacional española acordó en julio del pasado año la compra de E-Plus en una operación que se presumía con todas las bendiciones de la Unión Europea.

Mercado europeo ‘versus’ mercado nacional

La inversión de Telefónica, por valor de 4.140 millones de euros, abría la puerta teóricamente a un proceso de consolidación sectorial por el que todos los observadores se hacían los dedos huéspedes. Al final, el gozo en un pozo porque los funcionarios de Bruselas han puesto en marcha lo que en el argot de la sagrada competencia se denomina un market test destinado a verificar el respaldo del resto de operadores afectados por la compra de E-Plus. Ni qué decir tiene que Telefónica no va a salir indemne del proceso y tendrá que asumir los llamados remedies o condiciones suspensivas impuestas por Bruselas, que limitarán el alcance operativo del acuerdo de concentración con la filial alemana de KPN.

El tratamiento que ahora se dispensa a Vodafone es mucho más suave y comprensible desde el punto de vista del negocio que trata de hacer en España con la adquisición de ONO. La multinacional británica ha echado el resto por la operadora de cable ofreciendo un precio de 7.200 millones de euros que pretende rentabilizar cuanto antes. De ahí que la notificación se haya realizado de manera exclusiva en Bruselas, siguiendo la misma estrategia emprendida con motivo de la compra de Kable Deustschland, que fue también aprobada por la CE sin mayores problemas.

Vodafone ampara sus expectativas con los reguladores bajo el fundamento de la más relativa incidencia que tienen sus inversiones dentro de un mercado global europeo. Otra cosa muy distinta es la repercusión que pueda producir una adquisición de esta naturaleza dentro de un mercado estrictamente nacional. Dicha circunstancia es la que legitima precisamente la intervención de la CNMC y la que puede dar un vuelco a la compra de ONO si es que Almunia tiene a bien ceder el paso al regulador español.