Pastor blinda la venta de Aena con la ley de Zapatero para espantar las críticas del PSOE

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha ‘blindado’ la privatización de Aena de cualquier debate ideológico a la contra que pueda suscitarse desde la oposición, tanto política como sindical. El Gobierno ha decidido que la colocación en los mercados de una participación minoritaria puede efectuarse sin alterar el ordenamiento mercantil y ha amparado la venta del gestor aeroportuario bajo el paraguas jurídico del Real Decreto de liberalización aprobado a finales de 2010 bajo la presidencia de Zapatero.

El portavoz parlamentario del PSOE en materia de infraestructuras, Rafael Simancas, ha desenvainado en diferentes ocasiones su particular ‘hacha de guerra’ contra la entrada de accionistas privados en el capital de Aena. Las críticas del dirigente socialista estaban fundamentadas con el supuesto temor de que la privatización implicaría un cambio drástico del modelo de gestión y el consiguiente cierre de los aeropuertos que nos son rentables.

El Gobierno ha replicado todas las suspicacias asegurando que la incorporación de nuevos accionistas de referencia no supondrá la desnaturalización de Aena ni la enajenación de ninguna de las instalaciones, entre otras razones porque la deuda bancaria, por importe de 11.000 millones de euros, está residenciada en el conjunto de la red. Aproximadamente la mitad de los 46 aeropuertos del grupo estatal registran pérdidas, pero el Ministerio de Fomento no quiere, ni tampoco puede, abordar una segregación de sus activos no rentables ya que la misma salida a bolsa exige un tratamiento integral de la compañía en los mercados de capitales.

La decisión adoptada ayer por el Consejo de Ministros establece la colocación, vía oferta pública, de un 28% de Aena, que equivale al free-float de la compañía una vez que ésta se transforme en sociedad cotizada a partir de noviembre. Otro 21% se distribuirá entre un mínimo de tres socios de referencia, a razón de un 7% cada uno, después de un concurso de méritos que dará lugar a la configuración de un núcleo estable de naturaleza mixta en el capital del gestor aeroportuario.

El Estado mantendrá el 51% restante asegurando el control mayoritario de la propiedad, lo que ha permitido al Ministerio de Fomento respaldar la venta de Aena con la misma legislación aprobada durante el Gobierno socialista de Zapatero. El Real Decreto 3/2010 promulgado el 3 de diciembre para fomentar la inversión y la creación de empleo estableció la modernización del sistema aeroportuario con la constitución de la empresa Aena Aeropuertos, dependiente de Aena Ente Público Empresarial (EPE).

Próximo decreto de regulación aeroportuaria

La diferenciación entre ambas marcas tenía por objeto garantizar el pleno control estatal sobre las actividades de navegación aérea en manos de la entidad matriz dejando la gestión de los aeropuertos a la compañía filial, que es la que va a ser privatizada. La citada normativa abría la puerta a la venta señalando que Aena deberá conservar en todo caso la mayoría de capital de Aena Aeropuertos, “pudiendo enajenar el resto de conformidad con lo establecido en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas”.

Ana Pastor ha ajustado sus planes al pie de la letra redactada por sus antecesores del PSOE, de manera que la oposición socialista en el Congreso va a tener que alterar diametralmente su discurso si quiere justificar con criterio cualquier planteamiento en contra de la venta de Aena. El Gobierno ha anunciado además que antes de colocar la empresa en bolsa aprobará un Real Decreto orientado al establecimiento de un nuevo marco regulatorio. El próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que será actualizado cada cinco años, fijará los niveles de calidad del servicio, los estándares de capacidad de los aeropuertos, las inversiones de Aena y un esquema estable de tarifas para las aerolíneas que operan en España.

El Ministerio de Fomento ha cubierto todos los flancos de eventuales discrepancias sobre un proyecto que hasta ayer no había sido incluido en el Plan de Dinamización que aprobó el Gobierno la pasada semana. La responsable política de Aena ha persuadido finalmente a sus compañeros de gabinete con una amplia batería de argumentos técnicos, jurídicos y económicos; empezando por la mejora de gestión de una compañía que en menos de dos años se ha convertido en la joya de la corona del sector público empresarial. Lo ideal ahora sería convencer al resto de grupos parlamentarios para que apoyen la iniciativa, una tarea que puede resultar inútil pero que tampoco parece trascendente para la privatización de la empresa que gestiona los aeropuertos en España.