Antifraude trasladará el informe sobre Marina Port Vell a la Fiscalía

La Oficina Antifraude, organismo dependiente de la Generalitat, ultima el traslado del informe sobre la concesión del puerto deportivo de Marina Port Vell, situado en el barrio de la Barceloneta, a la Fiscalía de Barcelona, según fuentes jurídicas cercanas al caso.

La Oficina Antifraude empezó a estudiar la compraventa de la concesión hace meses con motivo de una denuncia presentada por un particular. Sin embargo, la propia oficina no puede llegar más lejos por lo limitado de sus competencias. Cuando detecta irregularidades, Antifraude tiene la obligación de comunicarlas a la Fiscalía para que lleve la cuestión por la vía penal. Será esta última la que decida si cierra el caso de Marina Port Vell o si continúa con el mismo.

Como desveló El Confidencial el pasado 17 de marzo, los titulares últimos de la concesión no eran el Grupo Salamanca, una sociedad inversora británica, sino una maraña de sociedades radicadas en las Islas Cayman y tras la cual se escudaban tres oligarcas rusos: el presidente de la petrolera Lukoil, Vari Alekperov; el vicepresidente de estrategia de esta petrolera, Leonid Fedun; y el consejero delegado de la perforadora rusa Eurasia Drill, Alexander Djaparidze. Todos ellos eran socios del fondo Hadar Fund, con sede en las Cayman.

Grupo Salamanca niega todos estos extremos. Pero lo cierto es que la sociedad instrumental que se creó en otro paraíso fiscal, Chipre, para comprar Marina Port Vell, Salamanca Nine, se constituyó el mismo día en que Marina Port Vell fue adquirida a FCC y Caja Madrid en 2010. Además, Marina Port Vell es el único activo de Salamanca Nine y fue comprada con un crédito participativo de Hadar Fund por 4,5 millones. Es decir, en caso de impago la garantía del préstamo es la propia concesión. Grupo Salamanca incluso asegura que nadie de la Oficina Antifraude de la Generalitat se ha puesto en contacto con ellos durante la investigación, pero que quedan a disposición del organismo para aclarar lo que sea necesario.

Lo que se cuestiona en la instrucción de la Oficina Antifraude, entre otras cuestiones, es si una concesión pública, en este caso de Puertos del Estado, puede pasar a manos de una sociedad poco transparente cuya titularidad no está clara.

Vídeo: 'El futuro de Marina Port Vell'

En este momento, por ejemplo, se desconoce quién es el verdadero titular de las acciones de Salamanca Nine. El fondo matriz, Hadar, en las Cayman, se liquidó en 2013 y parte de sus activos, entre ellos el préstamo participativo sobre Marina Port Vell, se traspasaron a otra firma instrumental radicada en un tercer paraíso fiscal. Se trata de Moorfiel Investments, en las Islas Vírgenes, de la cual se desconocen sus responsables últimos.

Rumores de ruptura

En medios financieros se apunta a que la liquidación de Hadar Fund respondió a que Alekperov y Djaparidze decidieron separar sus inversiones, de manera que podría ser que uno de ellos fuera el nuevo propietario de Moorfiel y, por tanto, de Marina Port Vell. Pero todo ello no pasaría de ser pura especulación ante la falta de transparencia de los actuales titulares.

Barcelona se encuentra entre los destinos favoritos de los oligarcas rusos, que están comprando propiedades y que pasan cada vez más tiempo en la capital catalana.

Patata caliente

El escándalo de Marina Port Vell es una patata caliente para las Administraciones, tanto para el Ministerio de Fomento y el Puerto de Barcelona, que quieren alargar la concesión a cambio de nuevas inversiones; y también del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por CiU, que apoya que este atraque para veleros se convierta en un muelle y taller para superyates de lujo, algo que cuenta con una fuerte oposición vecinal.

La inversión en el nuevo Marina Port Vell, con un taller y espacio para megayates, supone una inversión de 25 millones, que los nuevos inversores condicionaban a un alargamiento de la concesión por diez años más, que debía otorgar el Puerto de Barcelona. Todo ello sin ayudas ni subvenciones públicas.

También está pendiente una ampliación urbanística que se está tramitando y que depende del Ayuntamiento de la capital catalana, lo que incluye 167 amarres nuevos sobre los 413 que ya existen, además de una marina para yates de gran tamaño, de más de 120 metros de eslora.