El BdE fracasa en el intento de evitar que los test de estrés castiguen la deuda pública

El Banco de España, que ha conseguido suavizar el escenario adverso de los test de estrés para nuestro país, ha sufrido una segunda derrota en su pelea con las autoridades europeas además de la referida al cómputo de las provisiones de las entidades nacionales. Ésta se refiere a la deuda pública que tiene la banca en cartera, cuya penalización iba a poder suavizar según los borradores iniciales, tal como adelantó El Confidencial en febrero. Sin embargo, finalmente esta capacidad de rebajar el castigo sobre estos títulos ha quedado muy limitada, según fuentes conocedoras de la situación. Este martes el supervisor español hará públicos los detalles del ejercicio de resistencia del sector, que culminará en noviembre.

La penalización de la deuda pública ha sido el principal temor de nuestras entidades ante los test de estrés, dadas las ingentes cantidades de bonos del Estado que han adquirido durante la crisis para financiar el gigantesco déficit público (representa el 9,1% de su balance, según datos de AFI). Tal ha sido este temor que llevó a una venta masiva de estos títulos a fin de año aprovechando la bonanza en el mercado.

Según comunicó entonces la EBA (Autoridad Bancaria Europea, que diseña los test), la cartera de trading se valorará a precios de mercado (mark to market), lo cual implica pérdidas puesto que el escenario adverso simulará un shock de mercado. La cartera a vencimiento sufrirá un cambio en las ponderaciones de riesgo basado en las evaluaciones del riesgo crediticio. Traducido al román paladino, eso significa que consumirá capital: la deuda soberana se considera un activo sin riesgo y no computa a la hora de calcular los APR (activos ponderados por riesgo), lo que significa que no hay que destinar ningún capital a estas inversiones. Los test de estrés sí van a obligar a destinar ese capital, que en consecuencia se restará del que será necesario para aprobar los ejercicios.

Respecto a la cartera disponible para la venta (comprada con vocación de permanencia pero que se puede vender si hay una oportunidad de ganancia), la EBA confirmó que también se estresará –el citado shock de mercado– y que deberá consumir también capital, como la de vencimiento. Esto puede ser desastroso para nuestras entidades, ya que las más grandes –Santander, BBVA, Caixa, Bankia, Sabadell, Popular, BMN o Kutxabank– tienen el grueso de sus bonos en esta cartera.

Sin embargo, la EBA dejaba una puerta abierta a que el Banco de España suavizara el castigo a nuestras entidades, lo cual habría supuesto un gran alivio para el sector. Se trataba de aplicar a los test la exoneración de apuntarse las pérdidas contra capital de la cartera disponible para la venta que aprobó en 2010. "No tendría ningún sentido no mantener esa dispensa en los test, y tampoco la tendría que la EBA le conceda esa posibilidad y el supervisor no la aproveche", planteaba en febrero un especialista en el sector.

Pues eso es justamente lo que ha ocurrido, según las fuentes citadas: la capacidad de aplicar esa "dispensa" por parte del Banco de España estará limitada a un 30% o 40% del impacto en el capital. Por ejemplo, si una cartera de deuda pública valorada en 100 tiene un impacto de 5 en el capital por las pérdidas sufridas, ahora mismo en la vida real no hace falta restarlo del capital; en los test, de los 5 que impactarían en el escenario adverso, 3 tendrán que restarse y sólo se podrá aplicar la exoneración a los 2 restantes.

Un castigo exigido por Alemania

La simulación del shock de mercado en la deuda pública de los países periféricos es fruto de la presión de Alemania sobre la EBA y el BCE, ya que los alemanes "quieren perjudicar a los bancos españoles que han ganado mucho dinero con la deuda pública", según otra fuente del sector. Como ha explicado en reiteradas ocasiones El Confidencial, Alemania, Francia e Italia pretenden que suspendan varias entidades españolas para enmascarar las malas notas que van a sacar algunas de sus entidades.

Además, esta penalización se completa con la exigencia de que, si un banco aprueba los test en lo que se refiere a crédito, inmuebles, provisiones, etc., pero este impacto de la deuda pública implica un déficit de capital, tendrá que recapitalizarse como si hubiera suspendido el ejercicio completo, según dichas fuentes. Este escenario es el que atemoriza a las entidades españolas, que pueden encontrarse con que tienen que levantar capital simplemente por haber acudido a rescatar al Tesoro público, como les incitó el BCE a hacer.

Este castigo se sumará a la contabilización de las provisiones que adelantó ayer El Confidencial. Los test de estrés no tendrán en cuenta las provisiones genéricas (anticíclicas) de la banca española y exigirán unas provisiones "colectivas" que existen en otros países para cubrir la pérdida inesperada del crédito sano, pero que no son obligatorias en España. Aunque podrán suplirse con el exceso de provisiones específicas para ciertos activos -créditos que han dejado de ser morosos o inmuebles que no han caído tanto como se temía-, se espera que esto empeore de forma generalizada las notas de las entidades españolas.

Las tres carteras de deuda pública

Las inversiones de la banca en deuda pública se dividen en dos carteras en todo el mundo: las que se hacen para conseguir un beneficio operando en el mercado a corto plazo –se llama cartera de trading– y las que se hacen a largo plazo para generar un margen estable respecto a las cuentas corrientes sin coste y que se mantienen hasta que vencen los bonos –a vencimiento–. Las primeras deben valorarse diariamente a precios de mercado y la pérdida o ganancia que originen va a la cuenta de resultados. Las segundas se valoran a precio de compra porque no se van a vender.

Y luego existe una tercera cartera intermedia en algunos países como España, la disponible para la venta, que se compra pare generar margen pero puede interesarte venderla si hay una oportunidad de mercado. También se valora día a día y tenía impacto contra patrimonio neto hasta que el Banco de España concedió la citada dispensa en 2010.