CON UNA GARANTÍA QUE ESPERA INFERIOR A UN EPA

El Gobierno venderá al mismo tiempo Catalunya Banc y sus hipotecas-basura

El Gobierno pretende vender de forma simultánea la cartera de hipotecas-basura segregada de Catalunya Banc y la propia entidad, y concluir ambas en julio

Foto: Fachada de la sede central de Catalunya Caixa. (Efe)
Fachada de la sede central de Catalunya Caixa. (Efe)

El Gobierno pretende vender de forma casi simultánea la cartera de hipotecas-basura de Catalunya Banc y la propia entidad, de forma que quede resuelto el último gran fleco pendiente de la reestructuración bancaria antes de agosto. Así lo aseguran fuentes cercanas a la operación, que explican que la venta de esta cartera -adelantada por El Confidencial en febrero- contará con una garantía contra pérdidas para el comprador, pero no será exactamente un EPA (esquema de protección de activos): su cuantía será inferior y la pérdida máxima para el FROB estará limitada. De momento, ya se ha iniciado la colocación con la entrega por parte de N+1 del cuaderno de venta a los fondos interesados.

La cartera de la que estamos hablando tiene un tamaño bruto de 7.300 millones -se ha reducido desde los 8.000 incluidos inicialmente- y es la mayor de Europa y "la peor de España", según las fuentes citadas, puesto que la mitad de estas hipotecas son morosas y la otra mitad son refinanciadas o 'subestándar' (no han incurrido aún en impago pero es muy probable que lo hagan). Eso explica la necesidad de segregarla de la entidad para poder vender esta última, así como la necesidad de conceder ayudas para colocar la propia cartera. Para asumir las pérdidas potenciales, cuenta inicialmente con unas provisiones ya dotadas de unos 2.100 millones, lo que deja el importe neto de la cartera en 5.200 millones.

Dado el alto riesgo de pérdida de estos préstamos, los compradores -todos ellos fondos que han invertido en plataformas de recuperación de créditos o en carteras de préstamos en España- no están dispuestos a pagar ese importe neto, sino una cantidad muy inferior. La diferencia implica una pérdida, lógicamente, que podría asumir la entidad, pero hundiría sus resultados y complicaría su venta: justo lo contrario de lo que pretende esta segregación. Por tanto, será el FROB el que asuma esta pérdida mediante una garantía que se materializará a través de un bono emitido por el fondo de rescate.

El ministro de Economía, Luis de Guindos. (Efe)
El ministro de Economía, Luis de Guindos. (Efe)

Las estimaciones del FROB son que esta ayuda no superará los 1.500 millones, aunque eso depende del precio que pague finalmente el comprador. Esta ayuda implica un precio de 3.700 millones; si el real es inferior, la garantía tendrá que ser superior. ¿Por qué conceder este aval en vez de un EPA a toda la entidad y mantener las hipotecas dentro? Las fuentes consultadas explican que con esta fórmula, la pérdida máxima para el FROB está limitada a esa cantidad, mientras que un EPA para esa cartera puede implicar que acabe perdiendo el total de los 5.200 millones; de hecho, en los EPA concedidos en la venta de anteriores entidades, la pérdida esperada inicialmente se ha quedado siempre corta frente a la realidad.

Además, este aval tendrá un plazo de 10 años, a lo largo de los cuales se espera que la economía española se recupere de la crisis. Eso puede hacer que la pérdida real de la cartera sea inferior al aval concedido por el FROB o incluso que ésta valga más del importe inicial. En ese caso, el erario público se beneficiará del upside, es decir, de esa posible revalorización de la cartera y, en vez de asumir una pérdida, tendrá un beneficio.

Al contar con esa garantía, el FROB confía en que los fondos sean más agresivos de lo que serían los bancos españoles, y además pretende aprovechar la fiebre inversora en el ladrillo español que existe en la actualidad. Estos argumentos han convencido a Bruselas para autorizar esta nueva ayuda pública -la Comisión era muy reticente a permitir más ayudas una vez cerrado el importe del rescate en 41.000 millones-, que se sumará a los 12.052 millones recibidos por la entidad catalana nacionalizada (más otros 1.600 de sobreprecio recibido en el traspaso de sus activos inmobiliarios a Sareb). A cambio, exigirá algo más de ajuste (cierre de oficinas y despidos) sobre el aprobado inicialmente, pero no será muy relevante, según las fuentes.

Mas de un millar de empleados de Catalunya Banc se manifiestan contra el ERE en Barcelona. (Efe)
Mas de un millar de empleados de Catalunya Banc se manifiestan contra el ERE en Barcelona. (Efe)

Reactivar el interés por Catalunya Banc

Lo más importante de esta jugada es que permitirá dejar a Catalunya Banc mucho más saneada sin esas hipotecas, y además con exceso de capital una vez reconocidos los DTA (activos fiscales diferidos) y sin problemas laborales tras ejecutar el ERE. Esto la hace mucho más atractiva de cara a su venta definitiva: "Ya no estamos hablando de un favor al Gobierno, sino de una operación muy interesante para elevar la cuota de mercado en Cataluña", según una de las fuentes consultadas.

Hasta ahora, los únicos candidatos a la compra eran los tres grandes: Santander, BBVA y CaixaBank. La entidad catalana era la más proclive a hacerse con la nacionalizada, pero sólo con un EPA muy relevante; y los constantes retrasos en la venta han enfriado su interés, que ahora mismo se sitúa bajo cero según fuentes próximas a la caja que preside Isidre Fainé. Con la operación de las hipotecas, el FROB espera que puedan volver a entrar bancos más pequeños como Popular, Sabadell o Bankinter, o incluso alguna de las cajas sanas que han sobrevivido a la crisis, como Kutxa. Y, de esta forma, obtener un precio positivo superior a los 1.000 millones obtenidos con NCG Banco.

Es tal la confianza del FROB que pretende iniciar la venta del conjunto de la entidad antes de que concluya la adjudicación de la cartera de hipotecas-basura, dando por hecho que ésta se producirá (en caso de no producirse, la venta de Catalunya Banc quedaría anulada o el comprador recibiría una compensación). El objetivo es cerrar ambas operaciones en julio como muy tarde, la fecha fijada tras el último retraso de este tercer intento de subasta, que debería haber comenzado tras la adjudicación de NCG en diciembre. En todo caso, para curarse en salud, el gobernador Luis Linde dijo hace unas semanas que espera que la adjudicación concluya "antes de que acabe el año".

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