acepta retrasar la devolución de los adelantos

Panamá pone la pelota en el tejado de Zurich tras aceptar las exigencias clave de Sacyr

Panamá ha tendido un puente para llegar a un acuerdo con Sacyr con el fin de concluir las obras del Canal. Una pasarela que, sin embargo, lleva dinamita para Zurich

Foto: El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano. (EFE)
El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano. (EFE)

Panamá extendió ayer la mano para alcanzar un acuerdo con el consorcio liderado por Sacyr para acabar las obras de ampliación del Canal, paralizadas de facto desde el 1 de enero. Pero el puente que tendió el administrador de la autoridad portuaria, Jorge Quijano, lleva una carga de dinamita en los pilares porque la firma del pacto pasa por el ultimátum dado a Zurich, la aseguradora del proyecto, de aportar 400 millones de dólares en una semana. La compañía suiza perdería la prima del seguro.

El principal ejecutivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) intervino en la Asamblea Nacional para dar explicaciones sobre la situación del conflicto con Sacyr y Salini Impregilo. Más de cuatro horas de exposición en las que el ingeniero empleó todas las variantes del vocabulario, las más amables y las más gruesas. Las que abogaron por un pacto negociado con el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y las que recordaron que para Panamá este conflicto “es una guerra, para la que hay que estar preparado en todo momento por si el resultado es catastrófico”.

La eterna intervención en el Congreso se resumió en que el principio de acuerdo con Sacyr depende de que Zurich aporte una línea de financiación de 400 millones de dólares (el importe del seguro), cantidad que habría que añadirse a los 100 que desembolsaría la ACP y los otros 100 que abonarían las contratistas. Seiscientos millones de dólares con los que se concluiría la obra que, sumados al retraso de la devolución de los 780 millones adelantados por Panamá a GUPC, permitirían finalizar el proyecto. En definitiva, la misma propuesta presentada el 22 de enero por los contratistas y la misma postura del Canal, que rechaza pagar “ni un real más” por la obra.

Como dijo Quijano, “la parte álgida del problema es la moratoria de los adelantos”, en relación a la petición de Sacyr de reembolsar esos 780 millones en 2018 en lugar de hacerlo inmediatamente, tal y como está en el contrato, o al finalizar las obras, en diciembre de 2015. “Ahora todo está pendiente de afinar el lápiz, de ponerlo por escrito, si Zurich, que tiene buena voluntad, hace su trabajo. Es parte de la solución”, reiteró el administrador de la vía acuática.

Vista panorámica de las obras del proyecto de ampliación del Canal de Panamá. (EFE)
Vista panorámica de las obras del proyecto de ampliación del Canal de Panamá. (EFE)
Quijano subrayó que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, pero rechazando cualquier reclamación fuera del contrato, en relación a los 1.600 millones de dólares en modificados que exigen las constructoras. Un dinero cuyo futuro dependerá de un tribunal de arbitraje, por lo que tendrá un impacto muy significativo en Panamá o en Sacyr y Salini Impregilo a posteriori en función de quién ganase el pleito.

Otra ruta más cara

“A veces a uno le entran ganas de mandarlos de vuelta, pero no se puede tomar una decisión visceral. Uno tiene que tener la cabeza fría. Uno de mi equipo me envío una cabeza metida en un cubo para analizar todas las variables”, explicó el administrador de la ACP, que después expuso que ese raciocinio se debe a que, si rompen con el GUPC, el coste adicional para el país será de 400 millones de dólares.

Pero ante la insistencia de los diputados de pelear para que Panamá no diese la impresión internacional de haber cedido a las presiones de Sacyr, Quijano no dudó en señalar que “no le tenemos miedo a la otra solución, al plan B. No vamos a vacilar si llega el momento de tomar la otra ruta, que puede ser algo complicada y algo delicada, pero tenemos plena confianza en llevarla a cabo si en una semana, si el próximo martes, no firmamos el acuerdo”.

Si se rubrica, lo que ya está claro es que las obras de la ampliación sufrirán un nuevo retraso. Finalizarían en diciembre de 2015, en lugar de junio del próximo año, como estaba previsto en segunda instancia tras aceptar una demora de ocho meses sobre el plazo inicial (octubre de 2014). Un cambio de calendario que supondrá un coste para Panamá de casi 100 millones de dólares por lucro cesante y un incremento del presupuesto de la obra de 180 millones, hasta los 3.300.

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