El exdirector de la CAM se enfrenta a cuatro años de cárcel y multa por inflar dietas

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez su escrito de acusación contras el exdirector de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Roberto López Abad, y para el expresidente de la Comisión de Control de la entidad, Juan Ramón Avilés, para quienes pide cuatro y dos años de cárcel, respectivamente.

A López Abad le acusa de un delito de apropiación indebida y de delito societario, mientras que al otro exdirectivo le acusa de un delito de otorgamiento de contrato simulado. Previamente, la CAM había solicitado seis años de cárcel para el primero y diez para el segundo.

Asimismo, la Fiscalía solicita que López Abad indemnice al Bando Sabadell en 1.494.000 euros. Están acusados por el cobro irregular de dietas y la concesión de créditos en condiciones ventajosas a las empresas de la familia de este último que causaron un perjuicio a la entidad de 4,91 millones de euros.

En un auto en el que transformaba las diligencias en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, Gómez Bermúdez atribuía a Avilés los delitos de apropiación indebida, administración desleal y otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero y a Abad los dos primeros.

El magistrado sostenía que los imputados diseñaron "una estrategia" para que los miembros de la Comisión de Control de la CAM recibieran "cuantiosas sumas de dinero" entre los años 2007 y 2011 en forma de "dietas irregulares" que no se correspondían con la realización de "ninguna actividad real".

Según el escrito de Anticorrupción, a partir del año 2005, cuando López Abad ya había sido nombrado director general de la entidad, buscó la fórmula para superar los anteriores límites retributivos y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos.

De esta manera, la Junta Genera acordó en junio de 2006 doblar las anteriores retribuciones, por lo que estableció para el segundo semestre de 2006 una “dieta” de 16.400 euros, y para los años sucesivos de 32.800 euros. En 2007, se ratificaron las anteriores retribuciones y estableció que los “cargos internos” cobrarían el doble.Así, en 2008 la Junta acordó elevar la anterior “dieta” a la cantidad de 80.000 euros anuales para el presidente, 40.000 euros anuales para el vicesecretario y el secretario, y 20.000 euros anuales para el resto de los miembros.

En todas estas reuniones, y con excepción de los casos en que procedía hacer algún nombramiento dentro de la propia Comisión de Seguimiento y Control, "la actitud de sus miembros fue meramente pasiva, limitándose a escuchar las informaciones facilitadas por el administrador de la sociedad, sin que en ninguna de las actas de estas reuniones conste una sola aportación sustantiva que los miembros de esta Comisión hicieran para el efectivo seguimiento y control de la sociedad", recoge el escrito de acusación.

En definitiva, dice la fiscalía, la Comisión "fue un mero y burdo instrumento ideado por el acusado López Abad bien por sí solo o bien junto con otros directivos de CAM ya fallecidos o a los que no se ha podido identificar, para permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa sobre Cajas de Ahorro y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones". De ahí que el Ministerio Público haga responsables directos y solidarios a 19 miembros de esa comisión.