adelantados para financiar las obras

Panamá dinamita el Canal al exigir a Sacyr devolver 780 millones de adelantos

Kilométrica es la distancia que separa las posiciones entre Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que reclama una devolución millonaria al consorcio.

Foto: Vista general del edificio de la Administración del Canal de Panamá. (EFE)
Vista general del edificio de la Administración del Canal de Panamá. (EFE)

Kilométrica es la distancia que separa las posiciones entre Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Lejos de acercar posturas, las negociaciones están tan estancadas que el país centroamericano ha pedido a Sacyr y a sus socios la devolución inmediata de 780 millones de dólares, 574 millones de euros, lo que hace completamente inviable que el consorcio pueda continuar con los trabajos.

Fuentes próximas a las conversaciones aseguran que la tensión entre las partes es tal que se considera casi utópico que puedan alcanzar un punto de acuerdo para que GUPC finalice la construcción de las terceras esclusas del Canal. No es que la ACP haya desestimado la reclamación global de 1.600 millones de dólares (1.200 millones de euros), sino que exige el reembolso de unos adelantos que les concedió por contrato.

En concreto, 600 millones de dólares correspondientes a dos líneas de financiación denominadas Mobilization Security y Plant Security, y 180,5 millones adicionales justificados por el incremento de los precios del acero y otros proveedores. Según la ACP, estas cantidades deberían haber sido devueltas en 2013, pero Sacyr e Impregilo, al comprobar el aumento de los sobrecostes, le pidieron un año de prórroga por los problemas de tesorería. Ese plazo vence ahora y Panamá los ha instado a reponer estos adelantos.

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Quijano. (EFE)
El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Quijano. (EFE)
Sin embargo, GUPC se ha negado y les ha solicitado a las autoridades del Gobierno de Ricardo Martinelli reintegrar los préstamos cuando finalicen las obras, en junio de 2015, y a medida que el tribunal de arbitraje se pronuncie sobre las reclamaciones del consorcio. Si el juez le da la razón a Sacyr, no tendrían que devolver los citados 780 millones de dólares. Y si se la otorgase a la ACP, las constructoras repondrían el dinero a posteriori. Las pérdidas serían de cientos de millones.

Respuesta negativa

De momento, el DAB, el órgano interno que dirime las discrepancias entre las partes, ha rechazado los extras de 665,77 millones de dólares, 489 millones de euros, solicitados por el GUPC por supuestos sobrecostes sobre el proyecto inicial. Sacyr e Impregilo los reclamaron en 2012, pero el citado ente se los denegó muy avanzado el pasado ejercicio. Demasiados meses sin respuesta que provocan unas tensiones de tesorería que las empresas aseguran que no pueden digerir.

Hasta la fecha, GUPC ha reconocido que los trabajos llevados a cabo en el Canal le han ocasionado unas pérdidas de 324 millones de euros, números rojos que serían aún peores si el consorcio no consigue que le reconozcan unas reclamaciones que ahora ya ascienden a 1.600 millones de dólares (1.200 millones de euros).

El consejo de administración del consorcio se reunió este lunes para analizar la situación al vencer el ultimátum dado a la ACP para poder suspender de forma inmediata las obras. Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y Cusa señalaron en un comunicado su intención de cofinanciar los costes imprevistos y seguir con la ampliación del Canal.

“GUPC, que está unido y siempre ha tomado decisiones unitarias, no está pidiendo beneficios extra, solamente el cofinanciamiento mientras espera la decisión sobre los mismos del arbitraje internacional”, indicaron. Además, añadieron que los recursos financiados por la ACP están completamente protegidos  teniendo en cuenta que están avalados por las garantías bancarias y de las aseguradoras obtenidas por el consorcio. Hoy está previsto que los gestores del Canal se reúnan con Zurich para ejecutar si lo considera necesario el seguro de 600 millones de dólares. 

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