Industria se planta y evita dar información a la Generalitat sobre el almacén Castor

Tensión entre el Ministerio de Industria y la Generalitat a cuentadel almacén gasista de Castor. La Conselleria de Empresa y Empleo ha hecho un requerimiento de información al Ministerio de Industria sobre datos técnicos para elaborar su propio estudio sobre el depósito submarino controlado por ACS. Pero el Ministerio que encabeza José Manuel Soria ha dado la callada por respuesta, lo que ha provocado malestar en el seno de la Administración catalana.

Fuentes de la Conselleria de Empresa y Empleo, de la que depende el área de energía, han declinado hacer declaraciones. Pero otras fuentes del sector han señalado que se solicitaron de manera formal datos técnicos y geológicos para poder elaborar este estudio. Pese a ello, desde la Secretaría de Estado de Energía del Gobierno no se han sentido aludidos. Y de ello hace meses.

La Generalitat pretendía elaborar un estudio para que la secretaría que encabeza Alberto Nadal lo tuviese en cuenta a la hora de tomar la decisión final sobre Castor. No en vano, los terremotos afectaron al norte de Castellón, pero también a Alcanar, el último pueblo catalán al sur de Tarragona.

El informe no ha podido llevarse a cabo y el malestar de la Generalitat es evidente. El equipo del conseller Felip Puig también ha querido que el Instituto Geológico y de Mineralogía de España les facilite datos para poder elaborar su dictamen. Pero esta institución está trabajando para el Ministerio de Industria precisamente en la elaboración del informe de Castor y tampoco ha dado el visto bueno a la petición.

Presión autonómica

Uno de los problemas que ha de afrontar Alberto Nadal como secretario de Energía es la presión autonómica para cerrar Castor. La Generalitat catalana no sería un problema, porque con la tensión soberanista el desacuerdo sobre Castor sería algo menor.

Otra cosa es la oposición de la Generalitat Valenciana. Aquí manda el PP y también han pedido el cierre del almacén. Y la pretensión de ACS, propietaria del 66% de Castor, de reabrir el almacén este mismo año, tal y como ha manifestado a la CNMV, lo complica todo para el Gobierno.

Inversión garantizada

Castor ha costado 1.800 millones y en este momento se encuentra paralizado de manera indefinida. El almacén gasista sólo aloja el gas colchón que se ha inyectado, pero no está operativo. Enagás, que tenía comprometido entrar en el proyecto, ya ha aclarado que no se cumplen las condiciones necesarias para ello.

Todos los accionistas de Castor, ACS y la sociedad canadiense Dundee Energy han optado por no provisionar la inversión pese a que resulta dudoso que pueda ser reabierto tras los diversos seísmos que se provocaron durante la inyección de gas en octubre del año pasado. En parte porque el Gobierno ha garantizado la inversión, de manera que, incluso en caso de que la instalación quede inoperativa, los inversores recuperarían su dinero a cargo del erario público.

De hecho, CiU en el Congreso ya está haciendo movimientos para que el coste del cierre de Castor, en caso de que se confirme, no se traslade a un déficit de tarifa de gas, según han confirmado fuentes del sector energético. Pero el informe definitivo ya no se espera hasta el verano, porque el Gobierno da prioridad a la reforma eléctrica y Castor ha pasado a no ser un tema prioritario para el Ejecutivo.