Soria lleva al límite a las renovables tras la 'bofetada' de Montoro a su reforma

El sector eléctrico vuelve a estar en ebullición. Y así seguirá en las próximas semanas. Como adelantó El Confidencial, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dinamitaba el pasado viernes la reforma de José Manuel Soria al parar créditos e impuestos para atajar el déficit de tarifa por importe de 3.600 millones. La medida no sólo aboca al sistema a más números rojos, sino que abre de nuevo en canal el frente político. Pero es que, apenas horas antes, el Ministerio de Industria había remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su real decreto sobre renovables, tamizado tras las observaciones de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE). Y según la primera evaluación de los afectados, el documento no hace sino incrementar la incertidumbre sobre el futuro de las energíaslimpias.

"Se complica aún más tener certeza alguna sobre las rentabilidades o los flujos de caja”, explican fuentes del sector. Para empezar, el documento deja claro que el nuevo formato (que sustituye para las instalaciones el antiguo modelo de primas por una “rentabilidad razonable” marcada por las obligaciones del Estado a diez años más un diferencial) permitirá revisar “todos los valores de los parámetros retributivos” en cada período regulatorio. Pero es que, asumida la ausencia de certezas a futuro, el texto no da pista alguna sobre cómo se calculará esa rentabilidad, medición que queda para una orden ministerial que el sector espera como agua de mayo. Y es que muchos inversores, sobre todo en el ámbito fotovoltaico, están entre la espada y la pared, con el cierre de sus proyectos como una posibilidad real.

“El nuevo jarro de agua fría es más por omisión. Nosotros esperábamos alguna indicación (explica un promotor de huertos solares). A día de hoy, seguimos recibiendo primas con arreglo al Real Decreto 661/2007 y el temor a que en enero se produzca un recorte muy importante de la retribución provoca unas dudas que tienen graves impactos colaterales. Por ejemplo, puede llevar a losrepresentantes de mercadoa curarse en salud y a operar retenciones en previsión de que a principios de año muchas instalaciones bajen la persiana y dejen de pagar”. Según unas fuentes del mercado, esa posibilidad ya ha sido puesta sobre la mesa por esos agentes que intermedian la venta de la energía, con retenciones que alcanzarían el 40%. Otras, sin embargo, estiman que por ahora se trata de una hipótesis, que sí podría desencadenar el actual impasse, con cada día peores noticias para las renovables.

Para la Unión Española Fotovoltaica (Unef), la cosa está clara. “El nuevo texto empeora las condiciones para los inversores, desoyendo a la Comisión Europea y a todos los organismos reguladores. Su aplicación supone la imposibilidad de financiar nuevos proyectos o refinanciar los existentes, al tiempo que deja la puerta abierta a la eliminación de la prioridad de despacho de las renovables”, expone la asociación en un comunicado. Y hace hincapié en que la retribución puede variarse cada tres años y “el Gobierno se faculta para cambiar de forma discrecional cada seis años el concepto de rentabilidad razonable para las instalaciones que ya perciben el nuevo régimen económico”.

Lo más importante, la revisión sistemática del concepto de rentabilidad razonable y del diferencial que se aplica sobre la media del rendimiento de las obligaciones del Estado a 10 años abre para Unef un melón de consecuencias irreparables, al introducir una incertidumbre que impide renegociar con los bancos la continuidad de los proyectos. “Las diferentes normativas retroactivas han situado a la mayoría del sector al borde de lo que, técnicamente, se conoce como default. Es decir, que los proyectos no generan la suficiente tesorería como para satisfacer el servicio de la deuda. El hecho de no poder refinanciar esa deuda supondrá la quiebra de estas empresas”, expone la agrupación que preside José Donoso.

La 'bola' del déficit de tarifa

Eso sí, mientras los servicios jurídicos de promotores y asociaciones analizaban el prolijo real decreto, el Gobierno les tenía reservada otra sorpresa. No en vano Hacienda decidía (y ejecutaba el viernes por la vía de enmiendas del Grupo Popular en el Senado) no dar finalmente luz verde al crédito extraordinario de 2.200 millones ya aprobado por el Ejecutivo para cubrir los desfases entre los ingresos y los gastos del sistema eléctrico, el denominado déficit de tarifa. Tampoco los Presupuestos asumían los 900 millones de sobrecostes extrapeninsulares para subvencionar la energía de las islas ni se ponía en marcha el céntimo verde, que reportaría 500 millones adicionales para cerrar la brecha.

En total, 3.600 millones menos que hacen imposible cuadrar los números. Una medida para preservar el déficit público que dinamita el sector eléctrico y su imposible convivencia. Y es que, con semejante golpe para eléctricas y consumidores (que al final son quienes asumen todos estos recargos en la tarifa), resulta mucho más complejo que puedan colocarsu discurso las renovables, criminalizadas desde buena parte de la opinión pública por el elevado nivel de primas del que disfrutaron al abrigo del generoso 661. La nueva retribución concederá un 7,5% de rentabilidad teniendo en cuenta toda la vida útil de la instalación. Si se ha cobrado de más hasta ahora, de menos se cobrará a futuro. El Gobierno trata de ahorrar y el propio sector sabe que la pelea pasa por minimizar daños. Para el que siga en pie.