COBRÓ MÁS DE 1 MILLÓN DE DE CABO

El juez ve motivos para juzgar a Díaz Ferrán por el vaciamiento de Viajes Marsans

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dado el primer paso para volver a sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de Viajes Marsans

Foto: El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (Efe)
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (Efe)

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dado el primer paso para volver a sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que acusa de haber cobrado 1,06 millones de mano del empresario valenciano de Ángel de Cabo gracias al vaciamiento de Marsans.

En un auto, el magistrado transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, el magistrado acusa a De Cabo y Díaz Ferrán -que ha sido ya juzgado por fraude fiscal por la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet-, de pertenencia a organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Velasco atribuye los mismos delitos al hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría; a De Cabo; a su "mano derecha", Iván Losada; su mujer, Consuelo Garrido; su cuñado, Teodoro Garrido y su secretaria, Susana Mora; los supuestos testaferros Antonio García Escribano y Enrique Pardo Manrique; al financiero Carmelo Estélles, y a Rafael Tormo, que ejercía labores administrativas.

Mientras, el juez archiva las actuaciones con respecto a los cuatro hijos de Gonzalo Pascual, socio ya fallecido de Díaz Ferrán, que el próximo jueves cumplirá su primer año en prisión provisional por estos hechos, al igual que De Cabo, al no haber abonado las fianzas de 5 y 3 millones, respectivamente, que les impuso el juez.

Según relata el auto, los dos socios eran propietarios del holding empresarial formado por Viajes Marsans, Hotetur, Air Comet, Trapsa y otras, las cuales comenzaron a partir de 2009 a "mostrar dificultades financieras", lo que les obligó a "afianzar" las deudas del grupo con su patrimonio, que era a su vez "poseído a través de distintas sociedades".

Dado que la declaración de concurso era "inevitable", ambos decidieron iniciar un proceso de enajenación de las compañías y bienes y sociedades patrimoniales con el fin de "de excluir de dichos procedimientos concursales los activos". Para ello, "se concertaron" con De Cabo, quien venía dedicándose "al vaciado de compañías en situación de concurso o abocadas a él en perjuicio de sus acreedores" a través de una estructura empresarial en las que el dueño de Nueva Rumasa "distribuía las funciones y cursaba las instrucciones".

100.000 euros mensuales hasta alcanzar los 8 millones

Así, cerraron un acuerdo por el que recibirían mensualmente de éste 100.000 euros cada uno hasta alcanzar los ocho millones, dinero que se extraía de los activos de las sociedades del Grupo Marsans. Por tales conceptos, dice el juez, Díaz Ferrán cobró hasta octubre de 2012 1.016.000 euros y Pascual, que falleció en junio de ese año, 986.454,89 euros.

Entre las operaciones dirigidas al vaciamiento, Velasco cita las ventas de concesiones para el transporte público de viajeros por carretera y de Teinver -matriz de Marsans- a la empresa de De Cabo Possibilitum, a la cual se cedió la gestión también de Hotetur.

Asimismo, menciona la venta por parte de Díaz Ferrán y Pascual a De Cabo y sus respectivas esposas de participaciones sociales de Consulting XXI, Grudisan, la retirada y apoderamiento de 10 millones en efectivo procedentes de Trapsatur y el desvío de 33 millones de dólares de Astra Worldwide.

También recoge la venta que realizó Díaz Ferrán de sus dos apartamentos en Nueva York, el castillo El Alamín y otras fincas en Madrid y Palma de Mallorca, un yate y coches de alta gama.

Una vez vaciadas y traspasadas las sociedades, De Cabo realizó distintas transferencias con los bienes para ocultar su origen ilícito, para lo cual los acusados dotaron de soporte documental "inauténtico" a los traspasos de activos entre sociedades y a situarlos en centros financieros offshore como Chipre, Malta, Hong Kong, Suiza o Panamá.

De Cabo abrió cuentas allí "simulando deudas o gravámenes" en beneficio de sociedades domiciliadas en estos países, emitiendo facturas o suscribiendo hipotecas que no respondían a operaciones reales. Con ello conseguía seguir controlando el patrimonio detraído de las empresas y personas concursadas, ocultando la verdadera titularidad del mismo. 

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