Montoro revienta la reforma eléctrica de Soria para preservar el déficit público

Cristóbal Montoro tiene claras sus prioridades. Y la principal es preservar el objetivo de déficit público. Al punto que, según aseguran fuentes del sector y confirman fuentes de Hacienda, el Ministerio ha decidido no dar finalmente luz verde al crédito extraordinario de 2.200 millones ya aprobado por el Gobierno para cubrir los desfases entre los ingresos y los gastos del sistema eléctrico, el denominado déficit de tarifa. Y no es la única medida de calado. Tampoco los Presupuestos asumirán los 900 millones de sobrecostes extrapeninsulares para subvencionar la energía de las islas. La medida sólo tiene dos finales: más carga para las eléctricas o más subidas de la luz para los consumidores.

De hecho, Montoro tampoco admite el llamado 'céntimo verde', un impuesto creado por el Gobierno para gravar el consumo de gas natural y destinado a reducir el citado déficit de tarifa. Una disposición que se explica desde la filosofía más de una vez expresada por Hacienda de que la caja es única; esto es, no caben los gravámenes para fines particulares que no pasen por el control del Ministerio. En total, 3.600 millones de euros menos de ingresos para el sistema que garantizan otro año de números rojos. El agujero vendrá a sumarse a los 27.000 millones de deuda hasta ahora acumulados, disparados sobre todo en los últimos años por las primas a las energías renovables.

La decisión del Ministerio de Hacienda desautoriza a Soria hasta el punto de que fue el propio ministro de Industria quien, ufano, anunciaba en febrero de este año y tras Consejo de Ministrosla solicitud de este crédito extraordinario. “El Gobierno adopta las medidas que considera necesarias para el interés general y, si puede, para el interés particular. Pero en estos momentos el interés general es que no se repercuta a los precios finales el incremento de costes”, llegó a decir entonces, tras limitar también la retribución a las energías limpias. El propio Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el pasado 18 de octubre una disposición de la Jefatura del Estado por la que se autorizaba el crédito. Papel mojado.

El proceso en su conjunto también supone una suerte de 'engaño' al consumidor. No en vano el Ejecutivosubió la luz un 3,2% en agosto con el argumento de que ese incremento compensaba la mitad de los 1.800 millones que costaba sufragar la energía en las islas, los referidos costes extrapeninsulares. Los otros 900 eran los que se absorberían vía Presupuestos. Tras la vuelta de tuerca de ayer, la tesis de Soría -muchas veces expresada- de que el ajuste sería asumido a partes iguales por Estado, consumidores y eléctricas queda cuando menos en cuarentena.

Una pelea vieja

El conflicto entre ambos ministros no es nuevo. Ya en septiembre de 2012, en vísperas del impuestazo, a los diferentes operadores aprobado por el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría recibía el encargo del presidente de desbloquear el conflicto entre ambos ministros, que durante todo el mes de agosto recurrieron a los medios de comunicación para mostrar sus diferentes puntos de vistasobre la nueva hoja de ruta fiscal para las empresas. Finalmente, Montoro se llevó al gato al agua en aquella ocasión, al parar un gravamen diferente para cada tecnología, como pretendía el ministro de Industria.

También a cuentas de los 1.800 extrapeninsulares hubo sus cuitas ya este año. Como publicó El Confidencial y según diferentes fuentes conocedoras de los contactos entre bambalinas, Sáenz de Santamaría tuvo que volver a mediar ante el titular de Hacienda para que aceptara que los Presupuestos Generales del Estado asumieran una parte de esa cuantía y se abaratara la factura para sector y consumidores. "Es que Montoro no quería asumir ni los 900. Le tuvo que reconvenir Soraya porque Moncloa era consciente de que la reforma tenía que salir”, asegura allá por el mes de julio una fuente del sector al más alto nivel.

En este último envite, las compañías eléctricas ya se temían lo peor en las últimas semanas. El propio presidente de la patronal (Unesa), Eduardo Montes, se ponía la venda a mediados de mes y pedía que, si se producía un desajuste “inesperado” entre los ingresos y los gastos del sistema, el Ministerio estableciera un mecanismo para que no fueran las empresas las que lo asumieran, ya que no podrían afrontar su financiación. Todo tras expresar su confianza en que el Ministerio cumpliría su palabra respecto al crédito. El propio Soria alarmó a las firmas recientemente en un acto público al subrayar la importancia de atenerse al objetivo de déficit público. Un mensaje para buen entendedor.

El recibo de la luz ha subido un 63% entre 2003 y 2012. Desde entonces y hasta la fecha actual lo ha hecho un 8%, según datos difundidos por el propio ministro de Industria a mediados de septiembre. La subida es más elocuente si se tiene en cuenta que un hogar medio pagaba de luz 360 euros al año y ahora desembolsa 615. Esto es, la devaluación interna que tanto ha afectado a los salarios no se ha visto compensada en la electricidad. No obstante, la puesta en marcha del perverso modelo del déficit de tarifa, por el que no se pagan los costes reales de la energía, data del año 2001. Con el PP en el Gobierno. Desde entonces, unos y otros no han desaprovechado la oportunidad de utilizar el recibo como arma política. Para reflexionar.