La factura del Castor deberá incluir otros 200 millones por el desmantelamiento

Cerrar el almacén gasista de Castor será caro. Mucho más de los 1.700 millones que el ministroJosé Manuel Soriacuantificó en el Congreso. Esa cantidad es el valor residual de la instalación, pero fuentes del sector energético y expertos científicos en geología han señalado que la referida cifra no incluye el sellado de los pozos, el desmantelamiento de la plataforma marítima y de la infraestructura en tierra, además de la monitorización posterior para controlar posibles fugas de gas. Por ello, el cierre ordenado de la instalación supondrá otros 200 millones.

Esteincremento, de más del 11%,es importante porque se incluiría en la repercusión para el conjunto del sistema gasista, es decir, se reflejaría en una futura subida del gas como manera para financiar el fiasco del almacén gasista, que debería integrarun sobrecoste de más de 1.900 millones.

Y eso sobrentendiendo que ACS y sus socios canadienses no reclamen el lucro cesante, lo que dejarían de ganar, que se situaría en otros 3.000 millones. El decreto de concesión no les reconoce este derecho, pero existiría esta posibilidad legal.

Fuentes de Escal UGS, la sociedad explotadora de Castorque está controlada en un 66% por la constructora ACS, han declinado hacer comentarios sobre los posibles costes de desmantelamiento de la plataforma para inyectar y extraer gas del subsuelo marino en la costa castellonense.

La diferencia es que los 1.700 millones serían para compensar a ACS y sus socios canadienses de Dundee Energy, mientras que los otros 200 millones supondrían únicamente el coste del desmantelamiento, ya que no se puede dejar una infraestructura de ese tamaño cerrada sin más en medio del mar.

Intención de mantenerlo abierto

Sin embargo, en este momento la intención del presidente de ACS,Florentino Pérez, es mantener Castor abierto y operativo, alegando que la inyección de gas no ha tenido nada que ver, que los terremotos han sido un fenómeno natural que hubiera acontecido igualmente.

La estrategia legal de Escal UGS se centrará en defender que no se han producido daños materiales por la oleada de terremotos en el norte de Castellón y el sur de Cataluña y que, por tanto, se debe retomar la actividad del almacén,tal y como muestra el documento legal con el que la empresa ha informado a los bonistas, a los que ha colocado títulos por valor de 1.400 millones.

La decisión final la ha de tomar el Ministerio de Industria, que espera que en breve el Instituto Geológico y Minero Español le presente un dictamen al respecto. En todo caso, la oposición del territorio juega en contra, ya que tanto el Ayuntamiento deVinaròs(Castellón)como laGeneralitat Valencianahan solicitado formalmente que se cierre el almacén de gas.

Consultora noruega

El único informe que se ha entregado al Ministerio por ahora es el de la consultora noruegaDet Norske Veritas, pero fuentes del sector han señalado que es sólo una evaluación financiera para determinar los costes de la instalación de Castor. Se trataría de establecer si el presupuesto del proyecto ha sido el adecuado y de validar si los costes declarados corresponden a la realidad. Es un estudio solicitado antes de los terremotos, a pesar de que Escal UGS se ha referido al mismo en su informe respecto a la clausura temporal de la instalación.

Estas mismas fuentes aseguran que el informe de los noruegos es favorable a los intereses de ACS y avala que desde el punto de vista económico todo se ha llevado a cabo de manera correcta, sin entrar en las causas geológicas que hayan podido producir la inestabilidad sísmica en la zona.