SEGÚN LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR EL BCE

La banca española suspenderá los test de estrés si no se salvan los créditos fiscales

Las condiciones establecidas para el examen de la banca europea antes de pasar a ser supervisada por el BCE ponen a la española en una difícil tesitura

Foto: El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro,. (EFE)
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro,. (EFE)

Las condiciones establecidas ayer para el examen de la banca europea antes de pasar a ser supervisada por el BCE ponen a la banca española en una difícil tesitura: no será capaz de alcanzar el mínimo del 8% de capital exigido (tal como se va a calcular) si el Gobierno no consigue salvar en Bruselas el grueso de los activos fiscales diferidos (DTA) para que sigan formando parte de los fondos propios de nuestras entidades. El sector da por hecho que las negociaciones van a fructificar con éxito, pero ahora mismo la pelota está en el tejado de Cristóbal Montoro, que no tiene ninguna prisa por resolver esta cuestión frente a un sector cada vez más nervioso.

El Banco Central Europeo no ha decidido todavía muchos de los elementos de los test de estrés que se llevarán a cabo a mediados del próximo año, como por ejemplo el nivel de capital que se exigirá en el escenario adverso o estresado (el que realmente importa para determinar el posible déficit de las entidades) ni el plazo que comprenderá el análisis, que puede ser de dos o tres años. Pero sí estableció que en la revisión de los balances de los bancos y en el escenario base de los test de estrés se situará el listón del 8% de core capital (el de mayor calidad). Y también aclaró el punto fundamental: cómo se calculará esa ratio.

No será según las normas de Basilea III fully loaded (es decir, aplicando estas reglas como quedarán al final del proceso transitorio en 2019), tal como quería el mercado, sino que se aplicará la definición que esté vigente en el momento final de los test. Un momento que será 2016 o 2017 en función de si finalmente se toman dos o tres años en el ejercicio. En el primer caso, se deducirá el 60% de los DTA; si es el segundo, se restará el 80% de estos activos (también de otros, como las participaciones en otras entidades financieras que superen el 10% de su accionariado).

Y dada la magnitud de los créditos fiscales que acumula la banca española en su balance, unos 51.000 millones, ya la deducción del 60% de los mismos hará que la mayoría de las entidades no alcancen el mínimo exigido. Es cierto que en el escenario adverso se puede establecer un listón más bajo; es lo que ocurrió en los test españoles del año pasado, donde se exigió un 9% en el escenario base y un 6% en el estresado. Pero mucho tendría que bajar el listón para compensar el deterioro del escenario que se supone que tendrá en cuenta el ejercicio (si sigue también el modelo español).

La pelea con Bruselas

Por tanto, el éxito en la negociación de los DTA del Gobierno con Bruselas es cada vez más vital para el sector. Máxime por el agravio comparativo que supone que los bancos de los principales países europeos hayan conseguido salvarlos, ya que sus Ejecutivos lo pelearon mientras el nuestro estaba ocupado con el rescate. El sector es optimista sobre el resultado, aunque el éxito no va a ser completo. Como adelantó El Confidencial, no podrán salvarse todos los DTA, ya que quedarán excluidos los procedentes de pérdidas de años anteriores. También están en el aire los generados por compromisos por pensiones, según ha informado la website Vozpopuli, algo que perjudicaría notablemente al Santander. Los que parecen asegurados son los procedentes de las llamadas "diferencias temporarias", que suponen en torno a dos tercios del total. Es decir, en teoría el sector no tendrá que restar unos 34.000 millones del capital.

Imf world bank annual meetings
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Estos activos fiscales son futuros créditos contra la Hacienda Pública (es decir, servirán para reducir los impuestos que deberían pagar los bancos por sus beneficios en el futuro) y pueden ser de dos tipos: los generados por pérdidas del pasado (bases imponibles negativas -BIN- en el impuesto de sociedades) o derivados de gastos anticipados que no son deducibles en el impuesto, como las provisiones dotadas en 2012 por los reales decretos 'De Guindos', los saneamientos y gastos de reestructuración realizados desde 2010, o los compromisos por pensiones. La regulación internacional de solvencia conocida como Basilea III obliga a descontar ambos tipos del cómputo del capital. Y lo que intenta el ministro Luis de Guindos es evitar que se descuente la mayor parte posible de los mismos.

La cuestión es muy grave, en especial para algunas entidades. La más afectada es Bankia, que tiene activos fiscales por 7.500 millones derivados de los enormes saneamientos realizados por Goirigolzarri con el dinero del rescate europeo. Esto supone 7,68 puntos de capital, lo que dejaría esta ratio en el 2,64%con la norma actual por debajo del 2% con el resto de ajustes que exige Basilea III. Por detrás de Bankia el que más se juega en este envite es Sabadell, al que los saneamientos realizados a cuenta del fondo de comercio negativo de la CAM (6.000 millones que se generan al comprar la entidad por debajo de su valor en libros) le han originado DTA por 3.000 millones, 5,5 puntos de capital. El siguiente más afectado, a mucha distancia, es CaixaBank con 2,53 puntos, seguido por Santander (2,40 puntos), Popular (2,20) y BBVA (1,60). A Bankinter no le afecta en nada.

Montoro se lo toma con calma

Para salvar los DTA, se trata de que el Gobierno garantice que ese crédito fiscal se va a recuperar en su totalidad en cualquier caso, sea cual sea el beneficio esperado para los próximos años e incluso si la entidad quiebra (ahora mismo sólo se recupera si el auditor estima que la entidad tenga suficientes beneficios en el futuro). Esto es lo que se conoce como "monetización" de los DTA. Ahora bien, choca con el problema de que este reconocimiento puede considerarse ayuda de Estado en la UE, lo que podría computar como deuda pública. Algo que, lógicamente, Hacienda no está dispuesta a tolerar.

Por ello, parte de la negociación es la búsqueda de una fórmula que permita esquivar esta consideración de ayuda estatal. En eso está Montoro, pero de momento el principal adversario de Guindos en el Consejo de Ministros no tiene ninguna prisa, ya que considera que se trata de un tema menor frente a la prioridad absoluta de cumplir el objetivo de déficit público para este año. Sin embargo, esta actitud está poniendo de los nervios al sector.

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