Soria denunció hace ya año y medio el 'regalo' del Castor a Florentino Pérez

El ministro de Industria, José Manuel Soria, no tuvo muy claro desde un principio la conveniencia del acuerdo que el Gobierno del PSOE estableció con Escal UGS, empresa beneficiaria del fatídico proyecto Castor. Tanto es así que el recurso contencioso-administrativo que ahora ha resuelto el Tribunal Supremo se interpuso en abril de 2012, hace ya la friolera de dieciocho meses, incluso antes de que el Consejo de Ministros acordara la concesión de la explotación en su reunión del 11 de mayo del pasado año.

La decisión del Alto Tribunal ha rechazado ahora la demanda del Estado, pero ha dejado al descubierto con meridiana claridad muchos de los detalles técnicos que confirman lo que se ha dado en llamar el ‘regalo’ del anterior ministro socialista Miguel Sebastián a la empresa participada mayoritariamente por el grupo ACS que preside Florentino Pérez. El Gobierno del PSOE facultó el desarrollo del almacén de gas a partir del Real Decreto 855/2008, que establecía en su artículo 14 un inciso final envirtud del cual los propietarios del Castor tendrían derecho de compensación por reversión del proyecto, aun en el supuesto de que hubiera existido dolo o negligencia a la hora de llevar a cabo sus trabajos.

El precepto legal fija la eventual indemnización en el valor residual que, en este caso y a falta de amortización alguna, equivale al importe de la inversión. En principio, y a la espera de lo que diga la auditoría técnica encargada por el Ministerio de Industria, la cifra vigente es de 1.700 millones de euros, de acuerdo con los datos aportados por el propio ministro Soria en el Congreso de los Diputados. En medios del sector, algunas empresas se están echando las manos a la cabeza, no se sabe muy bien si para tirarse de los pelos o quizá asombrados por una cláusula que hasta ahora no ha sido habitual en las relaciones concesionales con el Estado, al menos en lo que se refiere al mercado energético.

El fallo del Tribunal Supremo es favorable a los intereses de la empresa, pero deja abierto un resquicio a ulteriores pleitos que podrían dar lugar incluso a la anulación del derecho de compensación. Para ello será necesario resolver aspectos como la causa concreta que ha llevado al final de la concesión yel motivo de la conducta dolosa o negligente en cuestión, así como la gravedad o trascendencia de dicha conducta para la explotación y para las propias instalaciones que revierten al Estado.

El Gobierno tendrá en todo caso que demostrarla eventual negligencia y determinar si esta ha sido leve o grave, lo que tampoco se antoja factible si Escal demuestra que ha cumplido todos los procedimientos exigidos en el contrato de concesión. La posibilidad de que los estudios sísmicos no hayan sido los más adecuados tendrá poco valor para invertir la carga de la prueba si la empresa demuestra, como se supone, que disponía de todos los permisos oficiales hasta que el almacén de gas fue paralizado a finales de septiembre.

Los costes del sistema gasista se disparan un 50%

Al margen de los pleitos futuros que la Administración del Estado pueda abordar contra la filial de ACS, las consecuencias económicas del proyecto Castor van a afectar directamente a las próximas actuaciones regulatorias del Ministerio de Industria en el mercado del gas. Soria ha anunciado para principios de 2014 la puesta en marcha de una reforma equivalente a la aprobada en el mercado de la luz, si bien se presumía que el problema en el segmento energético del gas sería pan comido en comparación conlos grandes enfrentamientos protagonizados por las empresas eléctricas yel Gobierno.

El ‘fiasco del Castor’ amenaza con aumentar sin corregir las hostilidades porque los 1.700 millones de euros que puede costar el ‘agujero’ frente a la costa de Vinaroz recaerán a plomo sobre los costes del sistema gasista, contabilizados en 3.000 millones de euros anuales. En otras palabras, un peso muerto de más del 50% que puede dar al traste con cualquier medida de reestructuración orientada al equilibrio del mercado.

Es de prever que el Gobierno tratará de dar largas al proyecto, pero nunca suspenderlo de manera definitiva. De lo contrario, tendrá que afrontar de golpe una factura imprevista, que volverá a poner en evidencia los intereses encontrados de Industria con Hacienda. No parece muy probable que Cristóbal Montoro vaya a tragarse la cuenta tirando de Presupuestos, por lo que el almacén de gas está abocado a convertirse en una moratoria como la nuclear en el recibo de todos los españoles durante los próximos veinte años.

La otra solución es que el Gobierno se eche la manta a la cabeza disparando el déficit de la tarifa de gas, que pasaría por ensalmo de menos de 300 millones de euros actuales a casi 2.000. Sería lo último que le faltaba a esas empresas eléctricas que, en mayor o menor medida, han orientado desde hace años su modelo de negocio a partir de esta fuente de energía. El terremoto del Castor amenaza con generar todavía muchas ondas expansivas y a más de uno le puede acabar dando un síncope.