Florentino Pérez sólo tiene derecho a 1.570 millones por el cierre de Castor

El valor contable, y punto. El decreto ley que otorgó el derecho de explotación del depósito de gas submarino de Castor limita la compensación por la extinción de la concesión al valor neto contable de Escal UGS. Esta es la sociedad explotadora del almacén y en los libros de la constructora ACS, que preside Florentino Pérez, se valora en 1.570 millones, 130 menos de los que ha reconocido el ministro de Industria, José Manuel Soria, esta semana en el Congreso.

En su comparecencia, el ministro de Industriaya anunció que el coste total del proyecto no eran los 1.300 millones en los que se había cifrado hasta ahora, sino que Castor sumaba un total de 1.700 millones, al añadir 234 de intereses del crédito sindicado, más otros 186 por el gas colchón inyectado. Sin embargo, estos costes no están reconocidos en el Real Decreto 885/2008 que otorgaba a ACS y sus socios la concesión de Castor, donde se señala que en caso de extinción de la concesión “para asegurar la recuperación de la inversión realizada por los titulares (…) se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo”.

Por ahora, el cese de la actividad es provisional. Pero la batalla legal por el cierre de Castor, en la costa de Castellón, será larga. Soria ya ha anunciado que el Gobierno acudirá al Tribunal Supremo para evitar el pago de los 1.700 millones, pero Florentino Pérez y sus socios cuentan con esta garantía legal que les garantiza cobrar un mínimo nada desdeñable.

Escal UGS, la sociedad controlada en un 66,67% por ACS y en un 33,33% por el grupo canadiense Dundee Energy Limited, antes CLP, posee un valor contable en los libros de ACS de 1.570 millones. Con el reconocimiento por parte del ministro de 130 millones más de costes, Florentino Pérez podría haberse apuntado un tanto incluso antes de acudir a los tribunales.

Respecto a indemnizar en función del valor contable, el real decreto añade que “lo anterior no será de aplicación en caso de dolo o negligencia imputables a la empresa concesionaria”, por lo que todo dependerá de la auditoría que ha encargado el Gobierno sobre las actividades industriales en Castor.

Por otra parte, estas cifras no incluirían el lucro cesante, las ganancias que dejarían de registrar los inversores. Como la remuneración definitiva de esta infraestructura gasista estaba pendiente de concretarse, ACS tiene margen para fijarlo y personarse en el Tribunal Supremo, donde el Ministerio de Industria ha anunciado que acudirá para no abonar los 1.700 millones. Fuentes del Ministerio de Industria han asegurado desconocer si ACS será finalmente parte en este proceso legal.

Alta rentabilidad

Dundee Energy Limited da una pista de la rentabilidad que esperan del proyecto, afirmando literalmente que a “la tasa de los bonos a diez años del Gobierno español se le suma el 3,5% y se establece para toda la vida útil de la instalación”.

ACS y Dundee Energy obtuvieron una concesión en Castor de 30 años prorrogables por dos períodos más de diez años cada uno para explotar un depósito con una capacidad de 1,9 millones de m, equivalente a catorce camiones cisterna de gas natural licuado GNL, que debían inyectarse en verano y extraerse en invierno para jugar así con los precios de la oferta y la demanda.

Es decir, Florentino Pérez y sus socios canadienses esperaban obtener, a los precios actuales del bono español,3.000 millones de beneficioacumulado sólo durante los 30 primeros años de la concesión. A esta cifra habría que sumar los 1.700 millones de Soria. En total, 4.700 millones, es decir, casi el triple de lo que cifró el ministro en el Congreso. Miles de millones en juego por culpa de los más de 500 temblores de tierra que se han producido desde que se iniciaron las inyecciones de gas en Castor y que han paralizado el proyecto de almacén gasista.

Esto es sólo un primer cálculo aproximado. Para conocer la cifra definitiva y ver si reclama el lucro cesante,habrá que espera a que ACS mueva pieza y se persone enel Tribunal Supremo para defender sus intereses frente al Ministerio de Industria, según han explicado fuentes del sector energético.

Con lucro cesante o sin él, o el Gobierno encuentra una grieta en el armazón legal de ACS y sus socios o tendrá que pagarles más de 1.500 millones. Y no los tiene, con lo que una solución sería trasladar a la factura del gas los costes del cierre definitivo de Castor, según apuntan fuentes del sector energético. España pasaría así del déficit de tarifa eléctrico al déficit de tarifa gasista.