Las juntas marcarán la política salarial, pero no fijarán las retribuciones del Ibex

El ‘comité de sabios’ que dirige Elvira Rodríguez como presidenta de la CNMV ha decidido que las juntas generales de accionistas dejen de ser el convidado de piedra de ese brindis al sol que hasta ahora ha supuesto en España el llamado buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. La masa anónima de inversores en bolsa va a disponer de nuevos poderes en lo que se entiende como un primer paso dentro de esa especie de ‘democracia orgánica’ con que se manejan las grandes empresas del Ibex 35.

La responsable de la CNMV presentará esta semana la propuesta de normas sustantivas en materia de gobierno corporativo, un conjunto de disposiciones que serán incluidas en la Ley de Sociedades de Capital. El informe de la comisión especial se inscribe dentro del Plan Nacional de Reformas y será entregado paralelamente a los ministros de Economía, Luis de Guindos, y de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El aspecto fundamental de las discusiones entre los miembros del grupo de trabajo se ha centrado en la función de la junta general como piedra angular en la arquitectura societaria de las empresas que cotizan en bolsa. No todos los expertos estaban por la labor de otorgar un cheque en blanco a los socios minoritarios y algunos han defendido con amplia variedad de argumentos los intereses del ‘antiguo régimen’ en un intento por blindar la labor de los gestores a través del consejo de administración.

La solución final se puede tildar de ‘salomónica’, pero en el actual estado de la situación cabe pensar que la propuesta del sanedrín creado en mayo por acuerdo del Consejo de Ministros representa un cierto avance en el papel que van a desempeñar a partir de ahora las asambleas generales de accionistas. La clave de bóveda para equilibrar los nuevos poderes corporativos, de manera que las juntas generales tengan cierta potestad sobre los administradores, se edifica a través de la política de retribuciones, que ha sido en los últimos años el gran talón de Aquiles del mercado financiero y bursátil en España.

Una de cal y otra de arena

El planteamiento acordado por el comité de expertos delimita dos marcos diferenciados de control sobre los multimillonarios sueldos que se pagan en las grandes sociedades cotizadas. De entrada, se otorga a la mayoría cada vez menos silenciosa de accionistas la posibilidad de bloquear la política retributiva de los consejeros y altos directivos mediante su voto vinculante en junta general. Por el contrario, a la hora de la verdad, cuando llegue el momento de aprobar uno por uno los salarios individualizados de cada uno de los administradores y ejecutivos, el papel de la junta de accionistas será meramente consultivo.

El ‘grupo de sabios’ ha apelado a la razón del miedo con el fin de guardar la viña y no se ha atrevido a lanzarse por la tremenda como hacen otros países, caso de Suecia, donde las retribuciones tienen que ser aprobadas al detalle por la asamblea general. Con el tiempo todo se andará, pero los comisionados han preferido tentarse la ropa para no provocar efectos jurídicos a posteriori sobre salarios previamente devengados y cobrados por los más privilegiados dirigentes de las empresas españolas.

La política de remuneraciones describe la información cualitativa, que incluye los principios y fundamentos generales de las retribuciones, la distribución entre componentes fijos y variables, el papel de la Comisión de Retribuciones, los sistemas de ahorro a largo plazo y las indemnizaciones, así como las condiciones de los contratos de los consejeros ejecutivos y, por último, los anticipos, créditos y garantías concedidas junto con las remuneraciones en especie pagadas. Todos estos elementos serán sometidos a la aprobación de los accionistas cada tres años, y su eventual revocación obligará a un cambio de la estrategia diseñada por la empresa.

El detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada consejero será presentado a la junta con carácter meramente consultivo, aunque una mayoría en contra dejará contra las cuerdas al consejo de administración, que, obviamente, se verá obligado a corregir también su política de retribuciones. En este segundo capítulo, las empresas tendrán que informar de las retribuciones en especie, los pagos basados en acciones y el importe de las aportaciones a planes de pensiones.

Según el Informe Anual de Gobierno Corporativo publicado hace unos meses por la CNMV y correspondiente al año 2012, el salario medio de los consejeros ejecutivos del Ibex fue de 2,2 millones de euros, un 10,6% menos por la caída de la asignación variable. Por su parte, los 467 miembros integrados en la llamada alta dirección de estas empresas bursátiles cobraron de media 776.000 euros, un 1,3% menos que hace dos años. En 2011, sin embargo, ambos colectivos se subieron el sueldo, alcanzando una media de 2,4 millones de euros los consejeros ejecutivos y de 777.000 euros los altos directivos. En realidad, lo que han hecho las empresas del índice selectivo en 2012 ha sido volver a la posición retributiva de 2010.