El bróker confía que España no lo extradite y sea juzgado en nuestro país

Javier Martín-Artajo decidió entregarse a la Policía Nacional porque, de esta manera, será difícil que España, su país de origen, le entregue a otro país. Según fuentes jurídicas, lo habitual es que la Justicia española no entregue a un nacional aunque exista un convenio de extradición con el país que lo reclama, como ocurre en este caso.

Efectivamente, el artículo IV del Tratado dice que “ninguna de las partes contratantes tendrá la obligación de entregar a sus propios nacionales, pero la autoridad competente de España o el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos tendrá la facultad de entregarlos, si a su juicio, lo considera procedente siempre que no lo prohíba su propia legislación interna. Si la extradición fuera rehusada exclusivamente por causa de nacionalidad, el Estado requerido deberá, si lo solicitare el Estado requirente, someter el caso a sus autoridades para la persecución penal”.

Según las mismas fuentes, esto significa que, en caso que la Audiencia Nacional rechace entregar a Martín-Artajo a las autoridades estadounidenses, deberá incoar un procedimiento contra él. De todas maneras, la Justicia en España es menos dura que la americana en temas de fraude y delitos fiscales. El exdirectivo de la entidad bancaria se enfrenta a 25 años en una cárcel norteamericana en caso de ser extraditado. En EEUU, ha condenas muy duras por fraude, como los 150 años de cárcel fijados a Bernard Madoff por la estafa piramidal más grande de la historia del país.

La decisión de la Audiencia Nacional no es inmediata. El juez Santiago Pedraz ha abierto un plazo de 40 días, tal y como exige la ley, para que las autoridades norteamericanas presenten toda la documentación e informes de los cargos contra Martín-Artajo.

Una vez finalizado el plazo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 deberá citar de nuevo al exempleado de JPMorgan para que comunique formalmente si quiere ser extraditado a Estados Unidos. Durante su comparecencia ante el juez tras su detención, el español ya informó de que no quiere ser entregado, aunque deberá notificarlo de nuevo más adelante.

Proceso judicial en España

Al negarse, el caso recae en una sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que deberá fijar fecha para celebrar la vista de extradición contra el español, de 49 años de edad. Lo que se dicte deberá ser ratificado por el Consejo de Ministros. Una vez que eso ocurra, se le entregaría en caso de así decidirlo para juzgarlo en Estados Unidos y que cumpliera allí la condena o se mantendría en España para iniciar un proceso penal contra él por los mismos delitos por lo que es reclamado.

Por ahora, Pedraz le ha dejado en libertad con la única obligación de presentarse cada quince días en la Audiencia Nacional o en el juzgado más cercano a su domicilio, ubicado en Madrid. No le ha retirado el pasaporte, pero sí deberá pedir autorización en caso de querer salir del país.

Ahora mismo, existe una orden de detención internacional acordada por Estados Unidos y en caso de abandonar España podría ser detenido por cualquier otro país. La diferencia con el caso del exempleado del HSBC en Ginebra también detenido en España, Hervé Falciani, es que a este no se le entregó porque los delitos por los que le persigue Suiza no son punibles en España, como el de revelación del secreto bancario. Se hizo con unos datos del banco para denunciar las prácticas ilegales de la entidad financiera y gracias a su información se han abierto numerosos procesos penales contra evasores fiscales, incluidos españoles.

Sin embargo, los cargos con los que se acusa a Martín-Artajo son fraude y delitos fiscales por haber ocultado a sus superiores en Estados Unidos un agujero de más de 4.000 millones de euros. Datan de 2012, cuando el que fuera director gerente de la oficina de inversión de JPMorgan en el Reino Unido, junto a otras personas, presuntamente manipuló e infló el valor de posiciones de la cartera de créditos sintéticos de su empresa con el fin de lograr objetivos específicos de pérdidas y ganancias diarios y a fin de mes.

A mediados de este mes, las autoridades de EEUU presentaron formalmente cargos contra él y el francés Julien Grout, otro exempleado, a los que acusa de conspiración para falsear las cuentas y registros, comisión de fraude y falsificación de los registros ante la Comisión de Valores de EEUU (SEC).

La demanda, presentada por el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York, está relacionada con las multimillonarias pérdidas sufridas en 2012 por el banco estadounidense en relación con una fallida operación con derivados realizada por la oficina londinense de la entidad, que tuvo que asumir un impacto negativo en sus cuentas de 6.200 millones de dólares (unos 4.590 millones de euros).

Martín-Artajo entregó ayer al juez una serie de documentación para exculparse de los delitos. Entre ellos, información aportada por el operador Bruno Iksil, conocido como ‘la ballena de Londres’ por las enormes sumas de dinero que podía hacer mover en los mercados, que ha evitado ser juzgado tras ofrecer su colaboración con la Fiscalía federal de Manhattan del caso en EEUU.

Este corredor, de origen francés, habría alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia para que no sea procesado a cambio de su cooperación en la investigación sobre las pérdidas que generaron sus arriesgadas operaciones en bolsa. Medios norteamericanos recogen que tanto el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes como la Comisión del Mercado de Valores de EEUU recomiendan no presentar cargos contra Bruno Iksil a cambio de su ayuda en las pesquisas de las autoridades. Las operaciones que llevaron al desastre de la entidad fueron gestionadas entre otros por Iksil, y el escándalo propició su salida del banco y la de la directora de la oficina de inversiones (CIO, por sus siglas en inglés), Ina Drew, entre otros.

Los investigadores también van detrás de Grout, un operador de nivel más bajo que el español que llegó a cobrar hasta once millones de euros en un año. Tras más de un año de recabar pruebas sobre las pérdidas en JPMorgan, la Fiscalía y el FBI concluyeron que ambos restaron importancia al valor de sus operaciones para ocultar el alcance del problema a sus superiores en Nueva York. Tras revisar grabaciones telefónicas y correos electrónicos internos, las autoridades creen que Martín-Artajo fue quien instruyó a Grout para que falsificara documentos internos.