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Eurostat amenaza con incluir el 'agujero' eléctrico en el déficit público de 2014
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supondría tres puntos porcentuales del pib

Eurostat amenaza con incluir el 'agujero' eléctrico en el déficit público de 2014

La reforma eléctrica del Gobierno es clave para evitar que el déficit público se dispare hasta tres puntos adicionales del PIB en los Presupuestos de 2014

Foto: Los ministros de Industria, José Manuel Soria (i), y Hacienda, Cristóbal Montoro (EFE)
Los ministros de Industria, José Manuel Soria (i), y Hacienda, Cristóbal Montoro (EFE)

Los 26.000 millones de euros…y subiendo que acumula el déficit de tarifa eléctrico deberán ser contabilizados como déficit del Estado a menos que Bruselas apruebe la reforma acordada el pasado día 12 por el Consejo de Ministros. Además de frenar la sangría de los costes en el sistema eléctrico, la batería de medidas adoptadas por el Ministerio de Industria es fundamental para convencer a la Comisión Europea de que España ha atajado definitivamente el escalofriante ‘agujero’ del mercado del kilovatio. De lo contrario, el Ministerio de Hacienda tendría un grave problema a la hora de rendir cuentas ante la burocracia comunitaria.

La oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, viene sometiendo al Gobierno a un estrecho marcaje como consecuencia del creciente déficit de tarifa, que ahora está contabilizado dentro de la cifra total de deuda del Estado. El riesgo inmediato reside, sin embargo, en la obligación de trasladar la misma carga en forma de déficit público, lo que supondría tres puntos porcentuales sobre el PIB, dando al traste con todos los esfuerzos de consolidación fiscal llevados a cabo en nuestro país.

El argumento manejado por Eurostat ante el ministro José Manuel Soria se legitima con la propia evolución constante y creciente del déficit de tarifa, que se ha multiplicado por seis veces desde el año 2005, creando una bola de nieve imparable y cada vez más difícil de enjugar. La garantía oficial otorgada por el Estado al sector eléctrico trasladaba todo el agujero al erario público y los supervisores de la Comisión Europea no estaban dispuestos a pasar ni un año más sin que Cristóbal Montoro ejecutase el consiguiente apunte en los Presupuestos Generales. La opinión de Eurostat venía siendo reforzada desde el Banco Central Europeo(BCE) como institución monetaria encargada de autorizar las emisiones delFondo de Amortización de la Deuda Eléctrica(FADE).

El ministro de hacienda, cristóbal montoro (efe)El Gobierno ha pedido a Bruselas que haga un acto de fe con el gran objetivo de la reforma, que no es otro que acabar de una vez por todas con el déficit de tarifa.El Ministerio de Industria ha conseguidoestablecer una línea divisoria entre la deuda acumulada y el desfase anual. De entrada, la Comisión Europea ha otorgado el beneficio de la duda a la cuenta de resultados formalizada en la revisión de laúltima orden ministerial que el Gobierno envió la pasada semana a la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha fijado unos parámetros para este año que el organismo regulador admite como razonables y ajustados a la actual situación económica. La orden reconoce una caída de demanda en términos de cliente final del 1,5% junto con una reducción de los ingresos fiscales que pasan de 3.000 a 2.600 millones de euros, en tanto que las subastas de derecho de emisión de CO2 aportarán 150 millones, frente a los 450 inicialmente previstos. En contrapartida, el régimen especial de ayudas a las energías renovables permitirá un ahorro de 775 millones de euros gracias a las medidas de ajuste.

Déficit cero…o mínimo en 2013

Todas estas variables se complementan, además, con un el crédito extraordinario de 2.200 millones de euros habilitado con cargo a Presupuestos, junto con los 900 millones del coste de las extrapeninsulares que asume Hacienda y los otros 900 que se repercuten al recibo de la luz con la subida del 3,2% anunciada para este próximo mes de agosto. De esta forma se asegura la estabilidad financiera desde este mismo año 2013, que el Ministerio de Industria confía en cerrar con déficit cero. Los observadores más suspicaces temen que, en el peor de los escenarios, el desequilibrio del sistema eléctrico se traduzca en un agujero de algunas decenas de millones, que sería admitido por Bruselas.

La reválida de la reforma tendrá lugar, en todo caso, a lo largo de 2014, toda vez que Montoro no está por la labor de mantener indefinidamente las muletas del Estado. Hacienda sólo sufragará la mitad del sobrecoste del servicio en Canarias y Baleares el año que viene, aunque para entonces estaráaquilatadoel nuevo mecanismo de retribución de las energíasrenovables que, como mínimo, rebajarála factura de subvenciones en 1.600 millones de euros. Otros 1.100 se descargarán sobre los hombros de las grandes empresas eléctricas a partir de la reducción de los costes regulados de transporte y distribución.

Las subidas de tarifas se acompasarán a la evolución de las materias primas y la obligación ineludible de dejar el déficit de tarifa a cero. El Gobierno de Rajoy ha conseguidodos años de moratoria en el cumplimiento de sus compromisos fiscales y lo último que puede permitirse ahora Montoro es defraudar la confianza obtenida de Bruselas. Quizá así se explique mejor el motivo por el que Hacienda ha doblegado de manera sistemática el pulso a Industria cada vez que el Consejo de Ministros ha tenido que abordar las medidas más drásticas de lo que se ha dado en llamar la reforma eléctrica.

Los 26.000 millones de euros…y subiendo que acumula el déficit de tarifa eléctrico deberán ser contabilizados como déficit del Estado a menos que Bruselas apruebe la reforma acordada el pasado día 12 por el Consejo de Ministros. Además de frenar la sangría de los costes en el sistema eléctrico, la batería de medidas adoptadas por el Ministerio de Industria es fundamental para convencer a la Comisión Europea de que España ha atajado definitivamente el escalofriante ‘agujero’ del mercado del kilovatio. De lo contrario, el Ministerio de Hacienda tendría un grave problema a la hora de rendir cuentas ante la burocracia comunitaria.

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