Guindos tendrá la facultad de nombrar al ‘gran mandarín’ de la Regulación y la Competencia

El ministro de Economía, Luis de Guindos, propondrá directamente al presidente de la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), cuya ley reguladora fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.La estructura organizativa y la distribución funcional del futuro supervisor mayor del Reino se acomodan con la naturaleza de un típico órgano colegiado, pero en la práctica los verdaderos poderes de decisión estarán concentrados en la persona de su máximo responsable, que podrá dilucidar con suvoto de calidadtodas las discusiones, fricciones o eventuales conflictos de intereses.

El desarrollo del marco general de actuación en los mercados de la energía y las telecomunicaciones será definidoa partir del próximo otoño por este organismo único de regulación, que debe estar operativo en un plazo de cuatro meses. El Gobierno ha tenido que abordarun ajuste finoen la ley de la CNMV con el fin de superar las resistencias de Bruselas, que no veía con mucho agrado la constitución de una entidad con tantas capacidades normativas.

La burocracia comunitaria prefiere distinguir la potestad regulatoria de la que corresponde a la defensa de competencia, lo que ha obligado a una división simbólica del nuevo organismo en dos salas funcionales. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía han asegurado que los10 consejeros que formarán parte de la CNMClo serán “tanto en el ámbito de la regulación como de la competencia”. Los mandatos serán de seis años, pero la primera ronda de nombramientos incluirácargos de dos años y otros de cuatrocon el fin de que se puedan abordar las renovaciones de manera gradual.

El Ministerio de Economía ha querido dotar de una gran versatilidad a la nueva institución, lo que supondrá también larotación de consejeros entre una y otra sala. La CNMC nace, por tanto, sin un organigrama definido que permita establecer posiciones de partida a la hora de resolver los expedientes, lo que redunda en beneficio de la independencia, pero puede provocar serias discrepancias internas. Para evitar derivas perniciosas que puedan retrasar la toma de decisiones, la ley otorga capacidad resolutoria alpleno del consejo. Ahí es donde reside la fuerza del presidente, que dispondrá de voto de calidad paradesempatar las situaciones de bloqueoque puedan generarse.

Los detalles estatutarios de la futura CNMC serán resueltos mediante unreal decreto que deberá ser aprobado en un plazo máximo de dos meses.Acto seguido, el ministro de Economía propondrá las nominaciones de consejeros para su audiencia parlamentaria y el Congreso de los Diputados tendráun mes para ejercer su derecho de veto. La distribución de consejeros en las dos salas mencionadas de regulación y competencia será potestad de la nueva entidad, pero la designación del presidente vendrá dada por la elección personal de Luis de Guindos.

La función 14 del sector energético pasa al Ministerio de Economía

El objetivo es que la CNMC esté funcionando a primeros de octubre y quepropicie un ahorro de costes que el Ministerio de Economía cifra en torno a los28 millones de euros.A esta cifra se añaden otros cuatro millones más por la reducción del número de comisionados que, en número aproximado de 50, desempeñan ahora sus funciones en las distintas entidades regulatorias en fase de desaparición.

La ley de la CNMC supone también eltraspaso al Gobierno de competencias tan estratégicas como pueda ser la célebre función 14, destinada a la resolución de las operaciones de concentración empresarial. Los grandes movimientos corporativos en el sector energético motivaron la reforma de esta disposición regulatoria, que hasta ahora forma parte de los poderes de la Comisión Nacional de Energía. Con la extinción de esta última entidad, la función 14 será transferida definitivamente al Ministerio de Economía y Competitividad.

La nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia desempeñará tambiénun papel esencial en la aplicación de la futura Ley de Unidad de Mercadogarantizando la seguridad jurídica de los operadores económicos como principio fundacional. El regulador único español sigue una senda realmente minoritaria en Europa con sólo dos referentes válidos en elReino Unidoy, más recientemente, enHolanda.