NUNCA FUERON RECALIFICADOS

Martín acusa a Jove de 'timarle' 450 millones con dos suelos no urbanizables

Suelos rústicos que nunca se calificaron como urbanizables. Terrenos protegidos donde se querían construir miles de viviendas con la aquiescencia del ayuntamiento de turno. Proyectos de

Foto: Martín acusa a Jove de 'timarle' 450 millones con dos suelos no urbanizables
Martín acusa a Jove de 'timarle' 450 millones con dos suelos no urbanizables

Suelos rústicos que nunca se calificaron como urbanizables. Terrenos protegidos donde se querían construir miles de viviendas con la aquiescencia del ayuntamiento de turno. Proyectos de edificación que suponían multiplicar por más treinta veces la población del municipio. Estos son algunos de los argumentos de la consultora American Appraisal para acusar a Manuel Jove de haber causado un perjuicio a Martinsa Fadesa de 450 millones en tan solo dos operaciones.

 

Una de ellas era la construcción de 5.155 viviendas en el municipio almeriense de Lucairena de las Torres. Allí, la antigua Fadesa disponía de un suelo que fue clasificado el 30 de diciembre de 2005 como “urbanizable sectorizado con calificación turística”. Sin embargo, la empresa presidida en aquel momento por Jove no contaba con que el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que entró en vigor justo un año después, pusiera límites a la expansión de las poblaciones.

 

En concreto, sancionó que no se admitirían crecimientos que supusieran incrementos del suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los aumentos de población superiores al 30% en ocho años. Las más de 5.100 viviendas proyectas por Fadesa suponían elevar el número de habitantes en más de 12.372 personas, cuando el citado POTA no permitía más de 398.

 

Según denuncia la consultora contratada por Martinsa, Richard Ellis, la tasadora de la inmobiliaria de Jove, no hizo ninguna comprobación de los datos facilitados por la empresa relativo a la superficie, titularidad, cuestiones medioambientales y situación urbanística. Por ello, valoró el terreno en 223 millones de euros pese a que, al no cumplir con la normativa del POTA, finalmente no se podía urbanizar. American Aprraisal considera que ese suelo no valía más de 10 millones, por lo que daño causado a Martinsa asciende a 212 millones.

 

Mayor fue el dolo en la Hacienda El Pino, en Cartagena, donde Fadesa pretendía levantar una macrourbanización gracias al Avance de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena. Dicho documento, sometido a información pública en junio de 2005, no fue aprobado en fase “inicial” el 9 de octubre de 2008. En dicho documento, el terreno de Fadesa se clasifica como no urbanizable por estar situado en zona protegida por el Litoral de la Región de Murcia.

 

Sin embargo, Richard Ellis lo calificó en diciembre de 2006 como suelo totalmente urbanizable con aprobación inicial y lo lo valoró en 245 millones de euros. La consultora no comprobó los datos facilitados por Fadesa ni los datos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que se especifica que dicho suelo es “No Urbanizable de Protección del Mar Menor” y como “No Urbanizable de Protección del Trasvase”. Por tanto, no se podía “plantear ningún desarrollo residencial”, indica el informe de American Appraisal.

 

Según esta sociedad, dichos terrenos, por los que Fadesa pagó un adelanto de 1,5 millones de euros hasta la aprobación definitiva del PGOU, no valían más de 16,5 millones según los precios marcados por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Por tanto, el daño causado a Martinsa fue de 237,94 millones.

 

En total, 450 millones de una reclamación total por parte de Fernando Martín a Manuel Jove de 1.576 millones por 37 proyectos que el que fuera presidente del Real Madrid considera totalmente inflados. Lo curioso es que el empresario vallisoletano, que ahora reclama un 38% de lo que pagó por Fadesa en septiembre de 2006 (4.045 millones), no hizo ninguna comprobación de los activos que compraba, lo que se conoce como due dilligence, además de firmar que renunciaba a cualquier reclamación judicial, tal y como ya informó este diario.

 

Ahora, con la compañía saliendo de la mayor suspensión de pagos de la historia empresarial española, dirimen sus diferencias en los tribunales, al tiempo que tratan de llegar a un acuerdo amistoso.

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