Las cajas, obligadas a incrementar el Fondo de Garantía para hacer frente a los rescates

La avalancha de rescates de entidades a las que tendrá que hacer frente el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de las cajas ha obligado al sector a rascarse el bolsillo: en una tensa reunión del consejo del fondo celebrada el lunes, las entidades hicieron de tripas corazón y acordaron elevar su aportación al mismo en el próximo año desde el 0,4 por mil de los depósitos que aportaban en la actualidad hasta el 1 por mil. Esto supondrá algo más de 500 millones de euros en 2010 frente a los 187 millones de 2009.

Como ya adelantó El Confidencial, la venta de Caja Castilla-La Mancha (CCM) a Cajastur puede comerse la totalidad del patrimonio actual del fondo, lo que hacía inevitable su reposición. La decisión tomada por el fondo, que el consejo de la CECA (confederación de Cajas) ha elevado formalmente al Banco de España, eleva las aportaciones hasta ese 1 por mil para cubrir en parte dichas salidas de patrimonio. Una cantidad que es superior al 0,8% que se había planteado inicialmente, según el periódico económico Cinco Días.

El FGD de las cajas contaba con 3.977 millones de euros al cierre de 2008, a los que hay que restar los 1.237 millones que se ha comprometido a aportar al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que no sólo se nutre de dinero público. Esto deja un saldo de 2.740 millones, que es el que se va a reforzar con los 500 millones citados.

Frente a este patrimonio, el FGD ya tiene que hacer frente a compromisos como la inyección de 1.300 millones en CCM, la de 990 millones en el rescate de Cajasur por Unicaja y la garantía de 2.475 millones concedida a Cajastur para cubrir posibles pérdidas por la morosidad de CCM. Ahora bien, todas estas cantidades no serán desembolsadas por el fondo. Las inyecciones de capital a CCM y Cajasur no se contabilizan como gasto, sino como inversión: es decir, el dinero no sale del FGD, sino que se mantiene dentro invertido en instrumentos de capital de estas entidades (participaciones preferentes y cuotas participativas) como podría invertirse en bonos del Estado.

En todo caso, esas cantidades están comprometidas a permanecer en esos títulos y no pueden dedicarse a otros menesteres, aunque podrán venderse en caso de necesidad; otra cosa es a qué precio y el consiguiente riesgo de pérdidas en que incurre el fondo. Además, el FGD asume el riesgo de que las entidades rescatadas no puedan devolver el dinero que se les presta a través de estos títulos, lo cual obligaría a contabilizarlo como gasto y a restarlo del patrimonio.

En cuanto a la garantía de 2.475 millones concedida a Cajastur tampoco es un gasto sino un compromiso, que no se sabe si va a tener que ser utilizado ni en qué proporción. Su funcionamiento es similar al de un aval: se ejecuta si se da el caso que cubre esta garantía, es decir, las pérdidas por morosidad. Es previsible que la entidad asturiana haga uso, al menos en parte, de esta garantía.

Los rescates pueden poner en peligro la principal función del FGD

El Fondo de Garantía de Depósitos tiene como función principal garantizar los depósitos y cuentas corrientes de los clientes de las entidades hasta el nuevo tope de 100.000 euros (aprobado con la debacle financiera internacional del otoño pasado). Pero también puede usarse para ayudar a entidades en dificultades, de ahí estos compromisos con Cajasur y CCM. El problema es que, cuando los compromisos alcanzan tales niveles pueden poner en peligro el cumplimiento de la función de garantía, y por eso hace falta esta aportación extraordinaria.

A partir de ahora, se supone que será el FROB el que se haga cargo de los rescates de entidades y las inyecciones de capital correspondientes, si es que logra la aprobación de Bruselas. Lo que resulta bastante extraño es que sea el FGD el que asuma los 990 millones de Cajasur y no el FROB, cuando esta operación encaja perfectamente en las condiciones del nuevo instrumento. En su día, el Banco de España insistió mucho en que las ayudas a su absorción por Unicaja no iban a suponer desembolso de dinero público.