La pasividad de la Dirección General de Seguros ante el intrusismo en el seguro decenal en la edificación irrita al sector

El mercado de seguros para nuevas edificaciones de viviendas, que entró en vigor en mayo de 2000 con la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), presenta todavía serios desajustes. A pesar de que este emergente negocio, que se reparten mayoritariamente Asefa, Mapfre y Caser, movió alrededor de 300 millones de euros en primas durante el último año, el sector del seguro ve con preocupación la proliferación de ciertas prácticas irregulares en este segmento.

El colectivo de profesionales de la mediación de seguros, unos 5.000 corredores, más varios miles de empleados, y hasta 120.000 agentes, se encuentra caliente ante lo que califican como inoperante actitud de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para evitar el intrusismo. Además, denuncian la confusión generada en el mercado con la supresión del título de mediador de seguros para los corredores en el proyecto de Ley de Mediación de Seguros que se prepara, en un guiño hacia los operadores bancarios.

Estas situaciones de intrusismo aparecen como soluciones de urgencia para los edificios con problemas para acceder al registro de la propiedad, por no haber concertado el seguro correspondiente y la inspección del Organismo de Control Técnico (OCT) a tiempo. Este es uno de los apaños que ofrece la empresa Vías Financieras (VF) servicios financieros y de caución S.L., que a pesar de no ser corredores de seguros, se anuncia como broker de seguros y reaseguros financieros en su página web: www.viasfinancieras.com .

Cuando se busca resolver una situación irregular, como es el registro de un nuevo edificio de viviendas sin el preceptivo seguro decenal, VF te pone en contacto con el empresario José María Alarcón, que por un precio cinco veces superior a la media del mercado facilita la solución en un fraude de ley que las autoridades deben investigar a fondo.

Para satisfacer las demandas de calidad en la edificación, la LOE establecía en su artículo 19 una serie de seguros que garantizaban por un año, tres años y diez años, distintos aspectos de los nuevos edificios de viviendas. De estos seguros por distintos períodos, en el año 2000 sólo entraba en vigor la obligatoriedad para el constructor de suscribir un seguro de daños materiales o seguro de caución para responder de los problemas de la estructura del edificio durante diez años. Los otros supuestos que cubrían uno y tres años quedaban a la espera de la publicación del Código Técnico de la Edificación, que podría estar listo este mismo año, según fuentes del Ministerio de la Vivienda.

La suscripción del seguro decenal se apoya en los informes facilitados por las OCT, que comienzan su labor desde la primera fase del proceso de construcción, revisando planos y vigilando la cimentación y composición del suelo. Sin ese seguro, el registro de la propiedad no realiza las inscripciones oportunas. Así, muchos edificios quedan al margen de esta ley, bien porque no contratan los servicios de una OCT para que supervisen la construcción, o bien porque la calidad es tan deficiente y los materiales tan inusuales que no se encuentran dentro de los usos considerados normales.

En este punto se produce la falta de seguro y, por lo tanto, la imposibilidad de registrar. En ese momento, sin ningún tipo de control ni garantía, firmas como VF Servicios Financieros y de Caución S.L. se ofrecen para regularizar la situación. Pero como ninguna aseguradora legalmente autorizada está dispuesta a correr un riesgo que puede tener consecuencias devastadoras para vidas y bienes, VF ofrece garantías con empresas expresamente desautorizadas para trabajar en España, por tratarse de chiringuitos financieros. Sin embargo, el desconocimiento de los registradores juega a favor de los que realizan está práctica, que llegan a cobrar hasta cinco veces más que los precios establecidos en el mercado.