¿Un máster en vez de opositar? El modelo "a la francesa" del Gobierno que no convence a los funcionarios

Tres, cuatro, cinco… o más años aún hincando codos. Con los descansos cronometrados entre academia y biblioteca, con la vista puesta en un único objetivo que, para muchos, será una quimera: entrar en el selecto club de la élite administrativa.

Cada año, miles de aspirantes optan a conseguir una plaza de alto funcionario de la Administración General del Estado (AGE), las que corresponden a los niveles A1 y A2. Los de mayor responsabilidad y, también, los de nómina más alta: inspectores de Hacienda, diplomáticos o administradores civiles, el sueño de Estíbaliz S. (Madrid, 24 años). “Te encargas un poco de dirigir y gestionar políticas públicas, puedes trabajar también en el extranjero…”, cuenta con emoción y prisa, en audios entrecortados entre una clase y otra.

Como ella, la gran mayoría de quienes se adentran en una de las oposiciones más duras del país recurren a una academia o a preparadores privados, haciendo una gran inversión económica y de tiempo. “Yo llevo ya dos años y lo normal es tardar el doble”, asegura la madrileña. Un esfuerzo inmenso para jugárselo todo a una única convocatoria. Al menos hasta ahora ha sido así.

El Ministerio de Función Pública busca modernizar radicalmente la “maquinaria del Estado” y, entre los cambios que quiere implantar, está la captación de talento. La cartera de Óscar López quiere dejar atrás la oposición tradicional para dar paso a un nuevo modelo de máster y examen final. La propuesta, que aún debe negociarse con los sindicatos y en el Parlamento, forma parte de un paquete más amplio con el que se pretende “modernizar y acercar la administración pública a los estándares europeos de excelencia”. Para ello, se prevé una inversión de 43 millones de euros.

¿En qué consistiría el nuevo formato? Los candidatos tendrían que superar una primera prueba de aptitud para acceder a un máster público de dos años, tras el cual se presentarían a una última evaluación donde los mejores, entonces sí, obtendrían la ansiada plaza fija. Los descartados se llevan un título oficial de posgrado de 120 créditos para la A1 y 90 para la A2. Las dos categorías inferiores, C1 y C2, recibirán una formación similar, posterior a su admisión. No se conocen muchos más detalles, como cuál sería la vía para reincorporarse al mecanismo de selección, quiénes impartirán las clases y, la más importante, cuándo se prevé que entre en vigor.

Resistencia desde dentro

El texto, que se dio a conocer en pleno verano, todavía está en una fase muy incipiente, pero no ha pasado inadvertido entre las principales asociaciones profesionales. Casi una decena de ellas emitieron un comunicado conjunto de rechazo, entre las que se encuentra FEDECA, que representa a más de 40 sindicatos. Creen que la nueva propuesta es “menos transparente y más costosa”, ya que implica formar a decenas de opositores cada año que no ocuparán una plaza, y obligará a crear “no uno, sino varios másteres específicos y de muchísimo nivel”.

Fuentes de la federación denuncian en conversaciones con este periódico haberse reunido en multitud de ocasiones con responsables de Función Pública –no así con López, como reivindican– “sin haberse planteado nunca un verdadero diálogo”. “Es un proyecto fabricado de espaldas a la sociedad y a los funcionarios”, apostillan.

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“No han ofrecido detalles sobre las capacidades que se van a evaluar, ni se ha demostrado que no puedan medirse con el sistema actual. Tampoco se asegura la publicidad y transparencia en dicho proceso y, en este punto, se abre la puerta a mayor arbitrariedad y opacidad”, explican desde FEDECA.

Por su parte, CSIF recuerda que todavía quedan muchos detalles por conocerse, aunque creen que con esta reforma "no se solucionan los graves problemas que arrastra la Administración y quienes trabajan en ella".

Los problemas de la AGE: entre lo urgente y lo estructural

El doctor en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Complutense, Daniel Casal, divide en dos vertientes los retos que la AGE debe afrontar. Por un lado, está lo urgente, que es el cambio generacional. “Nos enfrentamos a muchísimas jubilaciones en un período corto de tiempo y el proceso será intenso. Lo importante será llegar a tiempo y ser capaces de atraer y retener talento”, explica.

La generación del baby boom se jubila en la próxima década, dejando un agujero en las plantillas de hasta un 60%, y el punto de partida no es nada alentador. La temporalidad sigue siendo preocupantemente alta —por encima del 28%—. A ello se suma el lastre de las tasas de reposición, un problema que se arrastra desde la crisis de 2008 y que el ministerio que ahora lidera Óscar López se comprometió a eliminar esta legislatura, una promesa estancada por la falta de presupuestos.

En paralelo, habrá que atender a lo estructural. Para ello, hace falta una reforma intensa, en la que debe incidir la nueva Ley de Función Pública: “Uno de los retos que está detrás de este impulso reformista es el proceso imparable de digitalización, que requiere de personas con competencias nuevas, de igual manera que habrá otros puestos que desaparezcan”, explica.

Los profesionales del sector también tienen claro qué cambios deben ponerse en marcha. Entre sus peticiones, exigen estabilizar el número de plazas y el calendario de pruebas, agilizar los procesos selectivos o una mejora en las condiciones laborales que hagan más atractiva la carrera pública. Además, ponen el foco en actualizar la formación y las competencias de los funcionarios.

Un modelo a la francesa

Aunque la propuesta se ha dado a conocer este año, el proyecto surgió en 2019, con Miquel Iceta al frente, y tiene mucho de inspiración francesa. El país vecino ha preparado durante décadas a su élite en la Ecole nationale d'administration, el actual Institut national du service public (INSP).

La reforma liderada por la exsecretaria de Estado, Clara Mapelli, busca que los opositores pasen por “un proceso de socialización y maduración previa”, según explica Casal, que tiene sus ventajas –reforzar la excelencia o internacionalizar la formación–, pero también presenta riesgos. El experto descarta que tenga necesariamente que derivar en una menor especialización u objetividad, “porque no habrá uno, sino dos exámenes”; pero teme un retraso en la edad de entrada a la carrera y cree que debe tenerse en cuenta “un coste familiar y vital que pueda generar sesgos sociales”.

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En cualquier caso, Casal insiste en que “tenemos que mirar otros sistemas y ver qué se puede adaptar a nuestra realidad”, porque ninguna fórmula es perfecta. Y no hay mejor ejemplo que Francia. La mayoría de presidentes y políticos del país galo son 'enarcas' -han salido de la ENA- incluido el propio Macron que, en 2021, se encargó de desarmar la escuela, en busca de una educación más diversa y menos elitista.

Estíbaliz y algunos de sus compañeros tampoco tienen claro por qué sistema decantarse, aunque los miedos a que las reglas del juego les pillen a medio camino están cada vez más presentes. Una de las ventajas que destaca tiene que ver con la formación. Sabe que quienes emprenden oposiciones como la suya no siempre acaban en la Función Pública, pero que muchas empresas tratan de captar opositores. "Yo no me canso de decir lo importante que es conocer cómo funciona la Administración Pública en el sector privado, así que, un máster bien planteado, más que un coste, puede ser muy buena inversión", destaca el profesor.

¿Entrar en la élite implica venir de la élite?

¿Cualquiera puede ser alto funcionario? Sí, ¿es más fácil si eres hijo o sobrino de alguno de sus miembros? La probabilidad se multiplica hasta por cuarenta. No es una cuestión de nepotismo, más bien “una transmisión de preferencias y habilidades”, que se traduce en casi el doble de posibilidades de dar el paso y mayor porcentaje de aprobados. Es la conclusión a la que llegaron hace ya una década los economistas Berta Esteve Volart y Manuel Bagüés, en el estudio Altos funcionarios: ¿una nobleza de Estado?

Curiosamente, el texto plantea posibles mejoras al actual sistema y descarta la vía francesa, por el más que probable rechazo de los trabajadores de la Administración. Casal, que recuerda la extensa bibliografía que hay a este respecto, prefiere hablar de "sesgos de acceso" en vez de "elitismo": “¿De qué hablamos cuando decimos ‘élite’? Porque, cuando uno quiere médicos, profesores, policías, servidores públicos… quiere a los mejores, y lo que se necesita son recursos que permitan a esos talentos llegar, independientemente de su origen”.

"¿De qué hablamos cuando decimos 'élite'? Porque, cuando uno quiere médicos, profesores, policías… quiere a los mejores"

A este respecto, el Ministerio de Función Pública planea trabajar junto a Educación en seguir expandiendo el acceso a becas –actualmente un número muy reducido de opositores pueden solicitar estas ayudas de hasta 7.000 euros–. Estíbaliz reconoce que de momento no es fácil conseguir una de estas becas, pero sí conoce algunas asociaciones que dan clases a precio reducido para quienes no pueden costearse una academia, incluso de forma gratuita.

“Pero ya no es solo el dinero que inviertes, primero en aprobar y, después, en seguir formándote para promocionar… es que es imposible compaginar una media de ocho o diez horas de estudio con un trabajo”, admite la madrileña. Ella no cumple con el parámetro anterior y será la primera funcionaria de su familia. La vocación le llegó en sus prácticas universitarias en el Ministerio de Industria, cuando pudo entrar en contacto con varias direcciones generales y descubrir el trabajo desde dentro.

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Por su experiencia, cree que falta más información sobre las posibilidades laborales que existen en estos cuerpos, una de las cuestiones que debe solventar cualquier cambio de modelo, según Casal: “Hay que ser prudentes, porque nos faltan muchos detalles, pero la creación de un máster podría servir para publicitar algo más estas salidas”.

FEDECA, por su parte, tiene claro que el máster no haría más que incidir en uno de los grandes lastres de la Administración: su exceso de centralismo en la formación y promoción de plazas, ya que implicaría desplazarse a grandes ciudades, “con su consiguiente coste, para el usuario o el Gobierno”. Y concluyen: “Estamos ante un cambio radical para la Administración del futuro y no puede hacerse sin un debate en el seno de nuestra sociedad: ¿qué AGE quiere? ¿Qué le pide a sus funcionarios?”. Por ello, creen que hace falta “una reflexión técnica y profunda”, entre sindicatos, asociaciones y expertos, sobre los modelos y recursos que deben tenerse en cuenta.