¿Dónde están los inspectores de trabajo? "Nos destinan a campañas sin sentido"

La realidad de las cocinas con estrella Michelin, en las que entre un 50% y un 80% del personal son jóvenes ya formados que buscan experiencia sin cobrar un salario, ha extendido una pregunta muy sencilla: ¿por qué no actúan los inspectores de trabajo? Un clamor que se puede extrapolar a todos los sectores de la economía, cada vez más basada en el trabajo de becarios no remunerados. La respuesta, en palabras de los propios aludidos, es igual de sencilla: no se ha actuado en las cocinas Michelin porque nadie ha denunciado esta situación concreta ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y lo mismo se aplica al resto de empresas susceptibles de incurrir en ilegalidades con sus aprendices.

"Nosotros no tenemos una bola mágica para saber qué pasa en cada cocina o en cada empresa. Actuamos cuando nos enteramos. Un ejemplo parecido es el escándalo de las camareras de piso. En cuanto lo supimos, actuamos. En el último año he tenido hasta 40 órdenes con ese tema. Somos el organismo de la Administración que da una respuesta más rápida. Solo necesitamos que un ciudadano haga un requerimiento", afirma Fermín Yébenes, inspector de trabajo en Sevilla y portavoz de Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT).

Una empresa con 10 becarios trabajando más de tres horas, como ocurre en muchas cocinas Michelin, arriesga sanciones cercanas a 150.000 €

Yébenes reduce el debate sobre dónde está el límite entre el privilegio de aprender gratis de los mejores y la explotación laboral a la siguiente pregunta, que él mismo se formula cada vez que realiza una inspección laboral: "¿Está ocupando ese becario un puesto clave en el esquema productivo de la empresa? ¿Hace el mismo servicio que otro trabajador? Si hace lo mismo, el objeto de sus prácticas o su estadía ya no es la formación sino el trabajo".

En ese caso, la empresa se enfrenta a sanciones considerables: una multa mínima de 6.251 euros por trabajador no dado de alta en la Seguridad Social más las cotizaciones no ingresadas, partiendo de un mínimo de 500 euros mensuales. Así, una empresa que emplea a 10 becarios durante seis meses y los destina a labores productivas más de tres horas al día podría enfrentarse a una sanción acumulada de cerca de 150.000 euros, en base a la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, documento por el que se rigen los inspectores de trabajo.

Miedo a decir la verdad

Yébenes es uno de los 1.800 inspectores y subinspectores de trabajo que hay en España. En sus 23 años de experiencia, ha visitado miles de empresas. Y siempre se encuentra con el mismo obstáculo: la reticencia de los empleados a decir la verdad sobre su situación laboral. "Es muy difícil que un empleado carezca de miedo y diga lo que le ocurre cuando lo sientas y le preguntas. Suelen sincerarse cuando han sido despedidos, pero en el momento de la visita se ponen muy nerviosos y es comprensible, qué te van a decir los pobres si se están jugando el sustento". Aunque el inspector tiene sus estrategias para desenmascarar el fraude: "La experiencia te da muchas tablas para conocer la verdad, tenemos muchos recursos. Es el empresario el que está nervioso, no nosotros, y al final alguien termina metiendo la gamba o dando una respuesta contradictoria. Y luego están las pruebas: documentos fiscales, retenciones, transferencias bancarias. Solemos ser eficaces aunque la gente trate de ocultarnos la verdad".

"Es muy difícil que un empleado carezca de miedo y diga lo que le ocurre cuando le preguntas. Qué te van a decir los pobres si se juegan el sustento"

Al miedo a perder el trabajo si señalan a su empleador, se suma, en el caso de los becarios, el ‘síndrome de Estocolmo’ de esos jóvenes que ven razonable, o cuanto menos un peaje que hay que pagar, el hecho de trabajar gratis un año en una gran empresa a cambio de poner en su currículo que han estado ahí. Un "discurso perverso", según Yébenes, que alimenta los dos tipos de fraude principales en la actualidad: la infracotización y el fraude en el salario, ambos relacionados.

"El efecto secundario de la reforma laboral ha sido la extensión de la idea de que todo se puede hacer en las empresas con impunidad. Prolifera la precarización del empleo mediante fenómenos nuevos como el crecimiento desbordado de falsos autónomos, falsas cooperativas, becarios y prácticas laborales”, indica UPIT en el último documento que ha remitido al Ministerio de Empleo, del que depende la Dirección General de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

"Darle un contrato de formación a un chico de 18 es algo que entiendo y hasta defiendo. Pero esos contratos se han convertido en otra cosa. No importa que una persona haya trabajado antes, si cumple la edad se le vuelve a hacer un contrato de formación aunque esté desempeñando un puesto de relevancia. Es la perversión de la reforma laboral. No puedes tener ‘en formación’ a alguien que ya ha sido camarero, jefe de sala y otros cargos", considera Françoise Calvo, responsable de FSP-UGT en el Ministerio de Trabajo. "Hoy es muy fácil tener mano de obra gratis. Se ha facilitado a las empresas actuar sin control y sin seguimiento, y ellas lo usan. La reforma laboral los protege y casi no hay inspectores. Por ejemplo, hace tres años en Madrid capital solo había 11 inspectores de trabajo", prosigue.

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A la cola de Europa en inspectores

"Si estos restaurantes, como tantos otros negocios que incumplen la ley, no han recibido todavía una inspección de trabajo es porque faltan efectivos. No hay manos para llegar a todo y eso es culpa del Ministerio de Empleo. Hay una clara falta de voluntad política para dotar a los servicios públicos de recursos y personal", abunda en la queja Rita Moreno, coordinadora de la Secretaría de Acción Sindical de CCOO.

"Lo dice la propia Organización Internacional del Trabajo [OIT] en sus informes. Tenemos uno de los ratios más bajos de toda la Unión Europea. Tocamos a un inspector por cada 15.000 asalariados aproximadamente, mientras en Europa la media es de uno por cada 7.300. Estamos en menos de la mitad de la media. Es muy alarmante", continúa. Y recuerda: "El volumen de irregularidad y fraude en nuestro mercado laboral es inmenso. Y no es consecuencia de la crisis, en tiempos de bonanza también había irregularidades en la contratación. Un país como el nuestro debería estar a la cabeza de Europa en el patio de inspectores y no a la cola". Los 1.800 efectivos de la actualidad (960 inspectores y 840 subinspectores) es la cifra más baja desde 2009.

"Tocamos a un inspector por cada 15.000 asalariados aproximadamente, mientras en Europa la media es de uno por 7.300. Es muy alarmante"

Para Yébenes, la clave del problema no es que falten inspectores, sino que faltan representantes sindicales dentro de las empresas, particularmente en las pymes. "El gran problema es la falta de control dentro de las empresas. Tenemos comprobado que allí donde existe representación sindical, los niveles de fraude son mucho más bajos. Sin representantes de los trabajadores, nuestro trabajo se multiplica y la efectividad desciende. El fraude es tan masivo que no es posible combatirlo empresa a empresa desde fuera". Para fomentar la figura del representante sindical en las pequeñas y medianas empresas (donde apenas existe) y a la vez despojarlo del enorme rechazo que suscita (la popular etiqueta de vagos), los expertos proponen regularla. ¿Cómo? Instaurándola en todas las empresas a cambio de reducir el número de horas que dedican a su acción sindical.

A la caza del pez pequeño

En lo que todos los implicados coinciden es en la total falta de puntería del Ministerio de Empleo al disparar contra el fraude laboral. "La actitud del ministerio [es] empujar a los inspectores y subinspectores a la persecución de los más desfavorecidos del sistema, los perceptores de prestación. No a los reales defraudadores a gran escala. No solo hay motivos ideológicos detrás, como este mantra ultrarreaccionario de que 'el parado es un vago', sino también motivos más peligrosos, como dar a entender que el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social puede peligrar por este tipo de fraude y no por el fraude en la cotización y por los bajos salarios, que es la realidad", acusa UPIT.

Se empuja a los inspectores "a la persecución de los más desfavorecidos del sistema, los perceptores de prestación. No a los defraudadores a gran escala"

A este respecto, Yébenes admite: "Nos pasamos el día trabajando, incluidos muchos fines de semana. Pero el problema no es el volumen, sino que nos están saturando con campañas sin sentido. Del tema de las camareras de piso nos enteramos de chiripa, y de los restaurantes de lujo nos enteramos por la prensa". Y pone un ejemplo: "Un sábado me mandaron a una campaña de bodas, bautizos y comuniones. Fui a un salón de fiestas con siete comuniones y me encontré allí a 40 trabajadores sin dar de alta. Me trajeron las altas el lunes siguiente, pero tuve que sancionar a la empresa por la falta de 40 altas en la Seguridad Social, que es una burrada, y luego quitarle a alguno de esos 40 empleados el subsidio por desempleo, que no llegaba a 500 euros. ¿A quién perjudicó más la inspección, a los trabajadores o a la empresa, que seguramente se declaró insolvente y no pagó la multa?".

"Hay que aplicar más campañas de control sobre las empresas (en vez de sobre los trabajadores) y distribuir mejor al personal. Sabemos que las empresas grandes tienen más recursos para defenderse ante un acta de inspección y es más difícil sancionarlas, pero eso no significa que haya que perseguir al pez pequeño, que es aquella persona que trabaja y cobra una prestación, porque es más fácil atraparla", sostiene Calvo, de UGT.

Calvo reconoce que "nadie se sorprende si le dices que en hostelería hay miles de personas con contratos de cuatro horas trabajando 10. Pero si a la hostelería le sumamos las tiendas, el problema es mucho más grave. Hay chicos de 19 o 20 años que se pasan el día en una tienda con contratos parciales. Eso congela el empleo y fomenta la precarización. Hay menos gente trabajando y los que trabajan cotizan menos. Son todo ventajas para el empresario, quien encima recibe beneficios fiscales por emplear a jóvenes". Lamentablemente, ha sido imposible contar con los puntos de vista del Ministerio de Empleo y de la patronal CEOE para este reportaje.

La polémica de los registros

"En España tenemos además un obstáculo especial, y es que el empresario no tiene obligación de registrar la jornada laboral día a día. Y eso es un crimen, algo tan brutal que rompe el equilibrio entre trabajador y empresario. En otros países es impensable que un trabajador no tenga su hoja de registro. Robar tiempo de trabajo a una persona se considera uno de los delitos más graves. En España no solo es tolerado sino facilitado por la Administración, que permite que sobre un contrato de cuatro horas se trabajen 12 y se cobren ocho", denuncia Yébenes. Hace apenas un mes, el Tribunal Supremo dictó una segunda sentencia en la que eximía a las empresas de la obligación de llevar un registro diario de las horas de trabajo de sus empleados, creando jurisprudencia al respecto.

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Por eso, este inspector, volviendo al caso ejemplar de los restaurantes Michelin, reconoce que la labor de valorar si un ‘stagier’ está en una de sus horas de formación o en un abuso total de convenio se complica a menos que el joven dé un paso al frente y reconozca que, en realidad, lleva más de 10 horas metido en la cocina. Y lo mismo en cualquier oficina, taller, hotel o tienda de ropa. Uno de los becarios de cocina entrevistados por este diario aseguró que en su ‘stage’ en DiverXO (tres estrellas Michelin) se le informó de que si algún día un inspector realizaba una visita, debía decirle que justo estaba en una de las cinco horas semanales que contemplaba su contrato, cuando en realidad trabajaba cerca de 60.

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El inspector, no obstante, termina con un canto a la esperanza. En aquellos sectores en los que se ha denunciado y enviado una inspección de trabajo, asegura, el fraude laboral se ha reducido drásticamente. "Cuando se visita un sector, se corre la voz y se autorregulariza. Por ejemplo la Feria de Sevilla. Eso era un coto sin vallar, la mayoría de camareros sin dar de alta, muchos desempleados con subsidio agrario. Empezamos a hacer campaña el primer día de feria. Y el efecto que tuvo una sola multa fueron 1.500 trabajadores más dados de alta al año siguiente. Si eso se hace en el polígono industrial más salvaje de Madrid con 30 o 40 inspectores y subinspectores, el efecto se comprobaría en las oficinas de empleo con un montón de contratos nuevos. Pero si solo los visitan como ahora uno o dos inspectores espaciados en el tiempo, la efectividad seguirá siendo muy limitada".