La maldita Coslada del PP y del PSOE: imputados, condenados... y candidatos

En Coslada, los principales partidos no tienen reparo en mostrar sus vergüenzas, que no son pocas. Dirigentes políticos del PP y del PSOE se encuentran involucrados en asuntos que van desde investigaciones importantes coordinadas por la Audiencia Nacional como el caso Púnica hasta infracciones menores que han dirigido juzgados ordinarios o procedimientos de corrupción urbanística a nivel local de diferente índole. A pesar de estas implicaciones que manchan su imagen y ponen en duda su capacidad de gestión de los fondos públicos, estos responsables no tienen reparo alguno en presentarse de nuevo como candidatos de sus respectivas formaciones.

Es el caso del actual alcalde de Coslada y candidato a la reelección en las próximas elecciones municipales del próximo 26 de mayo por el PSOE, Ángel Viveros, que se sentará en el banquillo de los acusados en las próximas semanas. Así lo ordenó el Juzgado número 3 de la localidad madrileña en línea con lo que reclamaba la Fiscalía, que pidió para el acusado tres años y nueve meses de prisión por un delito de prevaricación urbanística y otro contra el patrimonio por omisión al conceder a finales de 2010 a Hipercor el permiso para iniciar las obras de un centro comercial en pleno yacimiento arqueológico de El Calvario.

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La decisión judicial, de principios del pasado abril, no admite recurso alguno, aunque sí está pendiente de una apelación previa de la defensa ante la Audiencia Provincial de Madrid que aún no se ha resuelto. El previsible juicio tendrá lugar tras los próximos comicios locales, con lo que podría darse la circunstancia de que el alcalde inaugure su mandato desde el banquillo de un tribunal de Justicia, donde afrontará los casi cuatro años de cárcel que reclama el ministerio público. Según la Fiscalía, el Gobierno municipal aprobó el 10 de diciembre de 2010 conceder a Hipercor la licencia para construir un centro comercial en un área arqueológica a pesar de que la autorización requería de un permiso previo de la Dirección General de Patrimonio, que tenía calificado el lugar como zona protegida para determinar si era finalmente declarado Bien de Interés Cultural.

El otro candidato a alcalde, el dirigente del PP Francisco Javier Becerra Redondo, no tiene un asunto tan relevante jurídicamente, pero también ha aparecido públicamente en un caso conflictivo. 'El País' publicó en 2011 que Becerra firmó la separación de bienes con su mujer 21 días antes de que el empresario Ángel Barral Corral vendiera a su esposa una vivienda protegida en Coslada en la que ambos residían. La operación la firmó en 2007 por casi 98.000 euros más tasas. Las casas se vendían entonces por 113.000 euros cuando el precio de un inmueble de similares características se situaba en 200.000 euros. Becerra aseguró al mismo diario que el asunto era "perfectamente legal". "Otra cosa muy diferente es que a alguien le pueda parecer mal, pero no hemos hecho nada ilegal", añadió.

Agredir a un preferentista

Becerra lleva en su lista como número dos a un dirigente que ha estado muy cerca de él durante los últimos años. Se trata de Fernando Atienza García, el concejal que fue condenado por la Justicia por propinar una patada a un preferentista en 2013. Atienza García, que era responsable de Seguridad y Educación del consistorio cuando tuvo lugar la agresión, llevaba alejado del Gobierno municipal desde que el PSOE se hizo cargo del ayuntamiento en 2015, cuando asumió la alcaldía Ángel Viveros. Becerra le recuperó a pesar de las numerosas críticas que se ganó por la citada condena.

Según el relato de los hechos que tanto el Juzgado número 2 de Coslada como la Audiencia Provincial de Madrid dieron por bueno, el 7 de junio de 2013, poco antes del pregón de las fiestas del pueblo, un grupo de preferentistas se congregó en la plaza Mayor para protestar públicamente contra el Gobierno local. Ni al alcalde, que entonces era Raúl López, ni al concejal Atienza les gustaron los reproches vertidos por los manifestantes en plena calle, por lo que en un momento dado este último edil se salió de la comitiva municipal, se colocó detrás de uno de los preferentistas, Antonio H. G. (63 años), justo el que llevaba el altavoz, el que hacía más ruido, y le propinó una patada en la pierna derecha a la altura de la pantorrilla.

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El testimonio de un agente de la Policía Local que en ese momento se encontraba junto a Atienza resultó determinante para que el Juzgado número 2, primero, y la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid, después, le dieran la razón al denunciante. La sentencia consideró al concejal culpable de una falta de lesiones y el condenado tuvo que abonar 650 euros en concepto de multa e indemnización, además del pago de las costas del procedimiento judicial. La resolución provocó la reacción de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Coslada, que calificó como "acto cobarde" la acción de Atienza.

Otro alto dirigente del PP de Coslada, el que fuera alcalde de la población antes de Viveros, Raúl López Vaquero, también se encuentra actualmente manchado por una investigación judicial. López Vaquero, ya desligado a la política municipal, pues iba en las últimas elecciones generales como número 32 en la lista de Pablo Casado al Congreso de los Diputados por Madrid —no ha logrado escaño—, se encuentra investigado en el marco del caso Púnica. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregó a la Audiencia Nacional un informe el pasado 13 de junio que le acusaba de cometer presuntamente delitos de malversación y tráfico de influencias al contratar a dos empresas de la trama con dinero público para mejorar su imagen en internet.

Según el documento, López Vaquero mantuvo como alcalde contactos con el experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro, investigado en varias piezas del caso por facturar a administraciones públicas trabajos de reputación personales de los dirigentes de esos gobiernos. En concreto, según De Pedro, ambos se conocieron durante la campaña del PP de las elecciones municipales y autonómicas de 2011. Una de las empresas del especialista informático trabajó para mejorar la imagen del alcalde de Coslada, sobre todo para posicionarlo bien en los buscadores.