Coreanos sí, marroquíes no: la "arbitraria" lista de extranjeros que pueden votar el 26-M

En toda España hay sólo una persona de Trinidad y Tobago que votará en las próximas elecciones municipales. Lo hará en Málaga y es el único elector de este país que se ha inscrito para ejercer su derecho como ciudadano. Aun así, es todo un afortunado. Nadie de Marruecos, China o Venezuela, países con mucha más presencia demográfica en el país, pueden optar a elegir quién quiere que sea su alcalde.

[¿Quiénes no pueden votar en las municipales, autonómicas y europeas?]

En las próximas elecciones municipales del 26 de mayo que se celebran por toda España, están llamados a las urnas más de 35,2 millones de personas. De ellas, 466.316 son extranjeros que han manifestado su derecho a votar, según datos de la Junta Electoral Central. La inmensa mayoría son europeos (96%), ya que todos los ciudadanos de la Unión Europea pueden participar en los comicios locales de la ciudad en el que residan. El resto corresponde a doce nacionalidades con las que España tiene convenio y que no responden, en apariencia, a ninguna lógica en cercanía cultural o geográfica: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Trinidad y Tobago, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú.

España sólo reconoce el derecho a votar a inmigrantes cuyos países permitan también hacerlo a españoles

La razón de esta lista es tanto histórica como política. España sólo reconoce el derecho a votar a inmigrantes cuyos países permitan también hacerlo a españoles, tal y como recoge el principio de reciprocidad del artículo 13.2 de la Constitución. “Es una medida que tenía sentido en 1978, cuando España era un país de emigrantes, pero ahora habría que replantearlo porque no tiene en cuenta el peso de ciertos países en nuestra sociedad”, apunta Javier de Lucas, catedrático en Filosofía del Derecho y recién elegido senador independiente. “Es una discriminación inaceptable porque perjudica un derecho fundamental como ciudadanos, en base a criterios que nada tienen que ver con la voluntad de los individuos. Y España nunca ha tenido un papel activo para cambiarlo”.

Aunque el principio de reciprocidad que recoge el texto constitucional data de 1978, no fue hasta 2006, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando empezaron a firmarse convenios con distintos países. Para ello tienen que cumplirse una serie de requisitos: que el sistema electoral del país en cuestión permita la elección de alcaldes en una votación con garantías, que la competencia sea estatal y que el Congreso de los Diputados lo acepte.

“Eso explica, por ejemplo, que los argentinos no puedan votar. En su día, se estudió y se estuvo cerca de llegar a un acuerdo, pero la competencia en el país era de cada estado por lo que había que firmar convenios con cada uno, y al final se paró”, explica David Moya, profesor de Derecho Constitucional y coordinador de un máster en migración contemporánea. “Con Marruecos el problema es que hasta hace poco los ciudadanos no elegían a su representante local, y con China o Cuba, lo mismo. Con Venezuela se bloqueó en el Congreso y ahora ya sería impensable”.

Baja participación y odisea de requisitos

Sanaa tiene 24 años y nunca ha podido votar en el país en el que lleva viviendo desde que tenía 8, cuando su familia emigró de Marruecos a Almería. “Si pudiésemos votar podríamos elegir a un partido que nos defienda en cuestiones como, por ejemplo, no poder salir del país si estamos cobrando el paro, algo que a los europeos no les pasa. Si yo soy ciudadana igual que un español o una rusa, y pago mis impuestos igual, ¿por qué me lo tienen que quitar? Nadie está defendiendo eso”, se queja.

Es propio de una concepción del Estado y la política que está siendo superada ya por la globalización

Para De Lucas, esta legislación tan restrictiva no se corresponde a los tiempos actuales y es contradictoria con la vida de los ciudadanos en las sociedades que habitan. “La nacionalidad ya no puede ser el principio en el que se anclen derechos políticos básicos, y menos en la esfera municipal. La asignación de representantes en cada municipio o en el Senado se incrementa o no en función del número de personas que viven en él. Si en zonas con inmigración incrementamos el número de representantes porque hay cierto número de empadronados, que pagan su basura, su alumbrado, sus impuestos, y luego resulta que no pueden elegir a los representantes que se han incrementado por su presencia, es injusto. No puede limitarse a algo como la nacionalidad, que es propio de una concepción del Estado y la política que está siendo superada ya por la globalización”.

Según la experta en migraciones Aurelia Álvarez, el cambio de mentalidad en torno a la migración también ha tenido mucho que ver. “De lo que se dijo al entrar en la Unión Europea y lo que se ha hecho después, ha variado mucho, sobre todo después del atentado de las Torres Gemelas. Antes de eso se iban a poner en marcha políticas de integración, como el estatuto de residencia de larga duración, y hemos acabado enfocando todo al control de fronteras para eliminar la inmigración irregular y dejando de lado la integración”, explica la catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de León. “Una persona que vive en un país y que está integrada debe tener derecho a participar en cuestiones que afectan a su vida diaria”, apunta.

Una persona que vive en un país y que está integrada debe tener derecho a participar en cuestiones que afectan a su vida diaria

Pero incluso los que tienen derecho a votar no lo tienen fácil. Sea un ciudadano europeo o de los doce países extracomunitarios con convenio, para acudir a las urnas deben primero estar empadronados, en muchos casos llevar más de cinco años de residencia, y expresar de manera activa su deseo de votar apuntándose en el censo electoral. Para estas elecciones, el plazo para hacerlo acabó el 31 de enero para los de la UE, y el 15 para el resto, “cuando no se sabían ni los candidatos”, critica Moya. “Además, te tienen que mandar una carta para inscribirte, que puede no llegarte”.

Bo, holandesa de 26 años que lleva 16 viviendo en España, nunca ha recibido esa carta. "Cuando llegas aquí, votar es lo último en lo que piensas, pero pasa el tiempo y quieres hacerlo como cualquier español e influir en tu ciudad. Así que lo miré con mi hermana pero había mucha burocracia que sólo podiamos hacer por las mañanas, cuando trabajamos. Además, ya se nos había pasado el plazo", se queja. "Es bastante injusto, porque la gente con nacionalidad no tiene ese problema, pero en mi caso no la necesito para nada más".

Hasta Sami Naïr, candidato socialista a las elecciones europeas se ha caído de las listas por no darse de alta a tiempo en el censo, que también da derecho al sufragio pasivo. De nada sirvió acreditar que vive en España desde 2012 de manera continuada. Aunque es francés, podía presentarse con un partido español tanto en las europeas como en las municipales gracias la Ley Electoral española y la Directiva 94/80/CE, que establecen que un extranjero puede presentarse a estas candidaturas en su país de residencia siempre que sea ciudadano de la Unión Europea o, de nuevo, pertenezca a un país que otorgue a los españoles el derecho de sufragio pasivo.

En cuanto al sufragio activo, España se encuentra en minoría entre los países de la Unión Europea que interpretan la participación de extranjeros de manera tan restrictiva. Estados como Austria, Dinamarca, Irlanda, Estonia, Hungría, Lituania, Eslovaquia o Eslovenia permiten el voto a nivel municipal a extracomunitarios sin distinción de nacionalidad y en muchos casos sólo con estar empadronado. Otros, como Francia o Bélgica, tienen también acuerdos con ciertos países, pero con más facilidades a la hora de registrarse como votantes que en España. En el otro lado de la balanza también están quienes lo tienen completamente vetados para ciudadanos de fuera de la UE, como Polonia o, recientemente, Italia.

Como consecuencia de las diversas dificultades para ejercer el derecho al voto, se estima que sólo entre el 10% y el 20% de los extranjeros extracomunitarios votan, cifra que sube al 40% con los comunitarios. La nacionalidad que más se ha registrado este año para votar es la rumana, con 113.000 electores en toda España (el 24% sobre el total de votantes extranjeros), seguidos de ingleses (21%) e italianos (12%). Por provincias, es en Alicante donde los extranjeros representan el porcentaje más elevado de todo el país, rozando el 5% del total de personas llamadas a las urnas el 26-M, seguido por Santa Cruz de Tenerife, Almería y Málaga, con más del 3%, según datos de la Oficina del Censo Electoral analizados por El Confidencial.

Asimetría participativa

La gran pregunta es si la incorporación al censo de los extranjeros tendría consecuencias en los resultados, sobre todo frente a ciertas posturas extremistas. Según Moya, no necesariamente: “Primero, porque un eventual voto de chinos o marroquíes no alteraría excesivamente la estructura política en la mayoría de ciudades, sobre todo en las de cinco o diez mil habitantes. Y segundo porque no podemos asumir que todos lo van a hacer contra la extrema derecha. A Marine Le Pen, en Francia, también la votan en Marsella [con gran presencia musulmana]. Hay muchas más cuestiones que deciden su voto: si son conservadores o progresistas, si están a favor del matrimonio gay o de la independencia...”.

Si uno participa en las elecciones y otro no, el candidato prestará más atención al que vota

Donde sí influiría, apunta, es en que ciertos partidos se lo pensarían dos veces antes de tomar o anunciar ciertas medidas contra los inmigrantes si saben que de ellos puede depender su elección. El hecho de que unos extranjeros puedan votar y otros no también genera ahora mismo una asimetría participativa. “Si en un barrio donde hay ciudadanos rumanos, ecuatorianos y marroquíes, los dos primeros participan en las elecciones y los terceros no, el candidato prestará más atención a los que votan”, continúa Moya.

Esa asimetría provoca también que no haya un frente común para cambiar la legislación y ampliar el derecho de sufragio a todo el mundo, lo que sería el panorama más justo en opinión de los expertos. “Es una trampa mortal, porque el bloque de intereses se fragmenta y se diluye la presión a los partidos y al Gobierno para que cambien la situación”, reflexiona Moya. Sólo Podemos se ha manifestado abiertamente a favor de aumentar el sufragio a todo el mundo independientemente de su pasaporte, mientras que en el PSOE hay distintas posturas. Otros, como Esquerra o JxCAT, han cambiado su opinión con el tiempo a favor de la ampliación, “pero lo cierto es que lamentablemente no hay una voluntad mayoritaria para ampliarlo”, apunta De Lucas.