Varapalo judicial a la moratoria de pisos turísticos de Carmena en la travesía al 26-M

Hay batalla. El Ayuntamiento aprobó el pasado mes de marzo su plan especial para la regulación del uso terciario-hospedaje. En otras palabras: un plan definitivo —tras año y medio de medidas parciales— para combatir los pisos turísticos en Madrid. El primer ladrillo de este plan, sin embargo, fue la moratoria puesta en marcha en febrero de 2018 que suspendía las licencias, y limitaba la actividad del alquiler vacacional en la ciudad y la construcción de nuevos hoteles en la capital. Una moratoria que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha paralizado ahora, según una sentencia a la que ha accedido este diario.

Lo que hace el fallo es estimar el recurso de 'Madrid Aloja', asociación de propietarios de viviendas de alquiler vacacional, después de que un juzgado de lo contencioso-administrativo defendiera la iniciativa del Ayuntamiento. La asociación insistía en su recurso en que el consistorio que dirige Manuela Carmena actuó "de manera precipitada", tomando decisiones "sin tener los datos adecuados" ni "los procedimientos lo bastante avanzados".

Aunque la suspensión de la moratoria no tendrá efectos reales en tanto a que ahora, aprobado el plan final del Ayuntamiento, esta no se aplicará, el toque de atención que el TSJM da en sus fundamentos de derecho podría arrojar un "rayo de luz", según reconoce el presidente de 'Madrid Aloja' a este diario, Adolfo Merás.

De hecho, en la sentencia —hecha pública esta misma semana coincidiendo con el arranque de la campaña del 26 de mayo— se pueden encontrar varias cuestiones que pueden considerarse clave en el futuro de los pisos turísticos en la capital. Porque esta plataforma, igual que podrían hacer otras, planea recurrir en la misma línea el plan especial que regula el alquiler vacacional en la ciudad.

Primero, el juez del TSJM reconoce que el sector turístico ya está reglado y protegido por el derecho autonómico (normativa de la Comunidad de Madrid), por lo que entiende que "el interés general" no queda afectado por la medida cautelar. El consistorio de Ahora Madrid insistía en la defensa de la moratoria que las medidas propuestas debían aplicarse para defender el interés general de la ciudadanía. Ahora, la justicia insiste en que el interés general no estaba en riesgo.

Por otro lado, la sentencia —también la primera que falla a favor de una asociación de propietarios frente a la administración pública— asegura que frente al interés público "ya garantizado por la regulación autonómica", debe darse protección "a los intereses privados legalmente obtenidos" que "se verían cercenados indiscriminadamente por una suspensión generalizada de usos". Además, asegura el juez del TSJM que la afección de la moratoria afecta a todos los barrios, propietarios y futuros huéspedes que podrían ejercitar acciones indemnizatorias por los derechos paralizados.

El juez pone especial énfasis en esta cuestión: "Afectaría a derechos de terceros, los clientes, que verían perdidas las reservas efectuadas, lo que, a la postre, supondría que aquella estimación conllevara una cascada de acciones judiciales de resarcimiento de daños y perjuicios con clara afectación al erario público que puede evitarse con un acuerdo de suspensión".

El Gobierno municipal, por su parte, insiste en que la norma que ya rige en Madrid no es la moratoria porque efectivamente ahora los pisos turísticos se regulan a través del plan especial de hospedaje definitivo ya aprobado. Aun así, la portavoz municipal, Rita Maestre, sí reconoció que seguirán recurriendo "independientemente de lo que suceda con ese proceso", y avanzó que seguirán "regulando el uso del hospedaje en la ciudad de Madrid y, en particular en el centro, porque entendemos que es un problema".

Plataformas como 'Madrid Aloja' reconocen que su postura también será la de recurrir. Ahora, tras el fallo del TSJM, la pelota vuelve a estar en el tejado del juez de instrucción, que deberá pronunciarse y decidir si acata la posición del TSJM o insiste en mantener el anterior fallo. Lo que, advierten desde 'Madrid Aloja', llevaría a un nuevo recurso.

El varapalo judicial al equipo de Gobierno de Carmena, en todo caso, llega en un momento clave. Justo cuando empieza la recta final hacia las elecciones municipales en una campaña en la que la vivienda puede centrar gran parte del debate público. La candidatura de Carmena —ahora denominada 'Más Madrid' y que aglutina a buena parte del actual equipo municipal— se ha mantenido firme en su postura de seguir avanzando en la regulación y limitación del alquiler vacacional, considerando además que la proliferación de los pisos turísticos incide seriamente en la imparable subida de precios del alquiler.

También los socialistas se mueven en esa línea, mientras que PP y Ciudadanos criticaron su aprobación en el mismo pleno. Ambos coincidieron en que más que regular, "prohibía" la actividad. Mientras que el candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, insistió en que el objetivo de Carmena era "expulsar a un sector económico como las viviendas de uso turístico", la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, insistía en que los pisos turísticos representan un porcentaje minoritario en el parque inmobiliario de la ciudad e incide en lo que ocurrirá con las más de 40.000 reservas que se han hecho en este tipo de alojamientos para las fiestas del Orgullo Gay.