la izquierda pacta sobre el aumento del déficit

El Gobierno impondrá la ley de estabilidad para frenar acuerdos de PSOE-Podemos

Los compromisos programáticos del PSOE con Podemos, Compromís y demás fuerzas nacionalistas incluyen agencias tributarias propias, “bancos públicos” y reflotar empresas autonómicas

Foto: El PSPV, Compromís y Podemos han rubricado el acuerdo programático para la Generalitat Valenciana. (EFE)
El PSPV, Compromís y Podemos han rubricado el acuerdo programático para la Generalitat Valenciana. (EFE)

El Gobierno se prepara ya para las consecuencias institucionales de los pactos anti-PP de los partidos de izquierdas para hacerse con el poder en la mayoría de las comunidades autónomas después del 24-M. Los compromisos programáticos del PSOE con Podemos, Compromís y demás fuerzas nacionalistas locales auguran recursos de inconstitucionalidad y la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria frente a la pretensiones de los nuevos gobiernos regionales de crear agencias tributarias propias y “bancos públicos”, fomentar “un nuevo modelo productivo” o reflotar empresas autonómicas con las televisiones correspondientes por delante.

Los próximos gobiernos municipales que pasan a manos de las distintas candidaturas de Podemos (y gracias a los votos del PSOE), como son Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, se muestran dispuestos a aumentar el gasto público en distintos servicios sociales, además de en subvenciones y ayudas directas a los ciudadanos. También quieren paralizar los principales proyectos urbanísticos e intervenir en el mercado inmobiliario y del alquiler. Son medidas que amenazan el equilibrio presupuestario de las corporaciones pero, de momento, no se declaran dispuestos a invadir competencias de otras administraciones ni a incumplir las leyes.

Los pactos en las autonomías van mucho más allá que en los ayuntamientos porque sus ejecutivos tienen más competencias y un margen presupuestario mucho mayor. De hecho, la administración local en su conjunto ya no tenía déficit al final del pasado ejercicio, mientras que buena parte de los gobiernos regionales, con el catalán y el valenciano al frente, siguen sin cumplir con los objetivos fijados. Ahora, en todas la comunidades donde los partidos de izquierda negocian sus pactos se abordan medidas para aumentar el gasto corriente y el destinado al aparato político, al sector público empresarial y al de medios de comunicación. Son los casos de Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana.

El secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén (i), y el secretario general del PSOE Extremadura, Guillermo Fernández Vara. (EFE)
El secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén (i), y el secretario general del PSOE Extremadura, Guillermo Fernández Vara. (EFE)

El pacto programático alcanzado en la Comunidad Valenciana entre el PSOE y los nacionalistas de izquierdas de Compromís, avalado desde fuera por Podemos, ha despertado todas las alarmas en el Gobierno. Los tres partidos empezaron por ponerse de acuerdo en reflotar la televisión autonómica que el ejecutivo saliente de Alberto Fabra tuvo que cerrar hace dos años con una deuda acumulada de 1.200 millones de euros.

Ahora el candidato socialista Ximo Puig ha logrado el apoyo de Compromís para presidir la Generalitat Valenciana con el compromiso de intervenir en la economía regional hasta con una agencia tributaria propia. La idea está copiada de los planes separatistas de Artur Mas para Cataluña como un paso previo a la proclamación de la independencia en la próxima legislatura.

En los casos de Extremadura y Castilla-La Mancha los socialistas no han pasado en sus negociaciones con Podemos de negociar medidas contra los desahucios o el aumento y creación de fondos para “luchar contra la pobreza”. Pero en Aragón y Baleares, al igual que en la Comunidad Valenciana, donde el PSOE también tiene que negociar con la extrema izquierda local, los futuros socios o avalistas de los gobiernos “de progreso” han puesto sobre la mesa la exigencia de crear entidades de “banca pública” y la intervención del correspondiente gobierno para fomentar “un nuevo modelo productivo”.

La ley de estabilidad presupuestaria prevé intervenir sobre el funcionamiento financiero de las autonomías incumplidoras con el control del déficit

Visto el panorama, en el Gobierno se preparan para empezar los litigios en cuanto los nuevos ejecutivos autonómicos pongan en marcha esas medidas que van contra el principio constitucional, desarrollado en la ley orgánica correspondiente, sobre estabilidad presupuestaria que prohíbe saltarse los compromisos de contención del déficit. También tendrá que salir al paso de la invasión de competencias sobre la administración central que planean esos compromisos programáticos, además de en defensa de la ley de unidad de mercado y de la libre competencia ante las anunciadas normativas intervencionistas en materia de licencias o de horarios comerciales.

La ley de estabilidad presupuestaria establece una serie de pasos para intervenir sobre el funcionamiento financiero de las autonomías incumplidoras con los programas de control del déficit que el Gobierno no ha querido aplicar en lo que va de legislatura pero a partir de ahora se enfrentará a planes específicos de aumento de ese déficit.

En materia de invasión de competencias, el Ejecutivo tiene la ventaja de haber recurrido ya ante el Tribunal Constitucional las medidas de creación de “estructuras de Estado” aprobadas por Mas desde la Generalitat que incluyen la agencia tributaria propia o “la ordenación de los equipamientos comerciales”, aspectos que también se incluyen en el pacto del PSOE con Compromís y Podemos.

Elecciones Municipales y Autonómicas

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
34 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios