para financiar un 'plan de rescate ciudadano'

500 millones separan al PSOE y Podemos de echar a Cospedal en Castilla-La Mancha

El partido emergente quiere destinar esa cantidad a financiar el llamado Plan de Rescate Ciudadano para combatir la pobreza en la región y compensar los recortes de los cuatro años de gobierno del PP

Foto: El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. (EFE)
El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. (EFE)

500 millones de euros: esa es la cifra que separa al PSOE y Podemos de sellar un pacto de investidura en Castilla-La Mancha para que el socialista Emiliano García-Page desaloje del poder a la actual presidenta en funciones, la popular María Dolores de Cospedal. El partido emergente quiere destinar esa cantidad a financiar el llamado Plan de Rescate Ciudadano para combatir la pobreza en la región, incluidas la infantil y la energética, y compensar los recortes de los cuatro años de gobierno del PP.

Las negociaciones entre el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, García-Page, y su homólogo de Podemos, José García Molina, están ya muy avanzadas. Fuentes de ambos partidos reconocieron a El Confidencial que el acuerdo, el primero en el ámbito autonómico entre las fuerzas lideradas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, podría cerrarse la próxima semana. Pero antes deberán salvar dos escollos: la fórmula jurídica para hacer frente a la suspensión temporal de los desahucios y, sobre todo, la dotación económica del Plan de Rescate Ciudadano.

Podemos pretende forzar al futuro Ejecutivo autonómico de García-Page a que comparezca en los procedimientos judiciales para evitar desalojos forzosos "sin alternativa habitacional" y paralizar los desahucios "a los deudores de buena fe" que atraviesen graves dificultades económicas. En 2014, Castilla-La Mancha fue la segunda comunidad con mayor tasa de ejecuciones hipotecarias y "la que menos ayuda a las familias antes, durante y después del desahucio", según reza el programa electoral de Podemos para la región.

La presidenta en funciones de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal. (EFE)
La presidenta en funciones de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal. (EFE)

El PSOE está de acuerdo con la filosofía que sustenta el llamado Plan de Rescate Ciudadano, pero discrepa de su dotación económica, que Podemos eleva a 500 millones de euros. El pasado martes, García-Page ya advirtió que "no se va a pintar un dinero en el presupuesto que no exista", y añadió que "si hay algo que deben tener las cuentas públicas es que sean ciertas". Las fuentes socialistas consultadas sostienen que García-Page es partidario de retrasar el cálculo de esa dotación presupuestaria hasta su llegada al Ejecutivo.

Según esas fuentes, García-Page y García Molina abordaron la financiación del Plan de Rescate Ciudadano en su reunión del pasado lunes, y volverán a hacerlo en los próximos días. La resistencia del PSOE se fundamenta en que, además de esas medidas de emergencia ciudadana, el Gobierno de aquel estará obligado a realizar un gran esfuerzo presupuestario para cumplir con una de las medidas estrella de su programa electoral: un plan de choque contra el desempleo para contratar a 60.000 parados a lo largo de la legislatura.

El PSOE, que obtuvo 15 escaños en las pasadas elecciones autonómicas del 24-M, uno menos que el PP de Cospedal, está obligado a pactar con Podemos, que logró dos parlamentarios, si quiere alcanzar los 17 escaños que marcan el umbral de la mayoría absoluta, ya que Ciudadanos e IU se quedaron sin representación en el Parlamento regional. El pacto, en cualquier caso, sólo servirá para posibilitar la investidura de García-Page, pero en ningún caso supondrá la entrada de Podemos en el Ejecutivo autonómico.

Otra de las exigencias planteadas por Podemos, y que el PSOE ha acogido sin apenas reparos, es la reforma del Estatuto de Autonomía para derogar los cambios en la ley electoral introducidos durante el mandato de Cospedal. Sería la sexta modificación del Estatuto, aprobado en 1982: las tres primeras para aumentar las competencias autonómicas y las atribuciones del presidente regional; la cuarta, para poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, y la última, en 2014, para reducir el número de parlamentarios y suprimir su sueldo.

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