generará dos millones de jornales y 112.000 contratos en diferentes municipios

El Gobierno de Díaz reparte 44 millones del PER a cinco días de las elecciones

La presidenta de la Junta se ausenta de la reunión del Consejo de Gobierno inmersa en la recta final de la campaña electoral y anteponiendo la agenda de partido a la institucional

Foto: Susana Díaz, presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. (EFE)
Susana Díaz, presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. (EFE)

44,3 millones de euros con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario, antiguo PER. Esta es la partida aprobada por el Gobierno andaluz en funciones de Susana Díaz, a solo cinco días de la cita con las urnas. Una cantidad que generará dos millones de jornales y 112.000 contratos en diferentes municipios de la comunidad, según vendió el Ejecutivo andaluz . En las próximas semanas se firmarán convenios con las diputaciones para ejecutar estos fondos. Como novedad, se incrementa la cantidad que abona la Junta durante la primera anualidad, un 36%. El resto se pagará en tres partes durante el primer semestre de 2016.

La cantidad total destinada a este subsidio en 2015 asciende a 206,79 millones de euros. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, trató de desvincular la aprobación de esta partida de las próximas elecciones y lo enmarcó dentro del “funcionamiento ordinario” de la administración, asegurando que “por estas fechas” siempre se aprueban estas partidas. “Se ha hecho en ocasiones anteriores”, alegó, asegurando que esta lluvia de millones que repartirán ayuntamientos y diputaciones provinciales, en juego el 24-M, entra dentro del “calendario ordinario”.

El Programa de Empleo Agrario, el antiguo PER, creado por el Gobierno de Felipe González, son subvenciones extraordinarias para Andalucía y Extremadura que permiten completar a los jornaleros del campo sus cotizaciones para acceder a las prestaciones especiales por desempleo fijadas para el sector agrícola. Durante años este subsidio, que financia el Gobierno, la Junta y las diputaciones, ha arrastrado el estigma de ser la piedra angular del llamado voto cautivo en Andalucía. La oposición siempre ha acusado al PSOE de utilizar estos fondos para captar el voto rural en la comunidad andaluza. No obstante, el PP hace ya años que se apeó de ese discurso y defiende también la utilidad de estos subsidios especiales para el campo andaluz. Sus defensores esgrimen su papel fundamental para evitar el éxodo de la población rural y como elemento de cohesión social y territorial en Andalucía.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. (EFE)
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. (EFE)

Desde 1986 el antiguo PER ha sumado inversiones por importe de 4.424 millones de euros, de los que 973 han sido aportados por la administración autonómica. Se dedican a financiar “obras de interés general, social y de infraestructuras”. Se construyen centros sociales, parques o jardines, se urbanizan polígonos industriales o se mejora el alumbrado público. Los jornaleros, eventuales agrarios, son contratados para ejecutar estas obras y completan así sus requisitos en peonadas para acceder a un subsidio especial por desempleo que ronda los 400 euros mensuales durante un máximo de seis meses. El antiguo PER volvió a ser un arma en la última campaña electoral de las andaluzas, después de que Podemos abriera la caja de los truenos y propusiera en su programa cambiar este sistema de ayudas al campo andaluz. El PSOE salió en tromba para acusar al nuevo partido de querer quitar estas ayudas y Podemos matizó sus propuestas. Nadie se atreve a plantear una reforma en profundidad de este sistema de subsidios por el posible perjuicio electoral.

El Gobierno andaluz aseguró que pese a estar en funciones puede aprobar esta partida de 44 millones por tratarse de “una cuestión de funcionamiento ordinario de la administración”. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha alertado en varias ocasiones durante los últimos días del deterioro que pueden sufrir los servicios básicos por el bloqueo a su investidura y el no de la oposición a que se forme un nuevo Gobierno en Andalucía. Pese a su preocupación, la candidata socialista no presidió la reunión habitual de cada martes en San Telmo inmersa en una frenética actividad de partido en la recta final de la campaña electoral. Desde el mediodía tiene varias citas electorales en la provincia de Córdoba. El portavoz de la Junta confirmó que Díaz no asistió a pesar de que la orden es que durante la mañana los consejeros del Gobierno andaluz mantengan su agenda institucional y solo por las tardes se dediquen a la agenda política y electoral. “Como en todos los partidos”, se defendió Vázquez. “El Consejo de Gobierno se ha desarrollado con normalidad absoluta”, agregó.

La ley impide al Gobierno en funciones registrar o aprobar proyectos de ley, pero sí pueden hacerlo los grupos parlamentarios

La última polémica con el bloqueo a la investidura de Díaz tiene como protagonista el Parlamento andaluz. La Cámara ha comenzado a constituir sus comisiones, como pidió la oposición, y con el aval de un informe de los servicios jurídicos parlamentarios. Podemos, el partido que más ha puesto el acento en que el Parlamento siga trabajando al margen del bloqueo al Gobierno, registró una primera iniciativa legislativa con la que pretende estrenar el curso político andaluz y que está destinada a permitir el control de las cuentas de la administración autonómica en tiempo real.

La ley impide al Gobierno en funciones registrar o aprobar proyectos de ley, pero sí pueden hacerlo los grupos parlamentarios. En eso puso el acento el Ejecutivo de Susana Díaz, que consideró “raro” y “paradójico” que el Gobierno no pueda legislar y sí pueda hacerlo la oposición. Podría hacerlo, eso sí, a través del grupo socialista. Los plenos parlamentarios están bloqueados hasta que no haya investidura.

En vez de presidir el Consejo de Gobierno, desde Córdoba Susana Díaz, que acudió en su condición de secretaria general del PSOE andaluz para apoyar a la candidata socialista a la alcaldía, arremetía contra el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, asegurando que no impediría la formación de gobierno "en su tierra", es decir, en Galicia, como "tampoco se atrevería" a impedirlo en Cataluña o el País Vasco, mientras que sí lo hace en Andalucía.

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