El PP acotará las condiciones de Rivera para suscribir un "acuerdo digno"

El Partido Popular considera que las seis condiciones de Albert Rivera para negociar su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy son lo bastante genéricas como para suscribirlas en su conjunto, pero que requieren ser matizadas y acotadas dado su alcance jurídico y político, según apuntan en fuentes de la dirección. Por afectar a la Constitución, al régimen electoral general, a los estatutos de autonomía, a leyes orgánicas y a la normativa interna de los partidos, para la mayor parte de esas condiciones, como mínimo, también hay que contar con el PSOE.

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El único escollo serio es el punto sobre el caso Bárcenas, y más por el tono de condena previa por "financiación ilegal" del PP que por tocar el problema de la corrupción, al dar la impresión de que solo afecta a los populares. En la sede de Génova se hacen a la idea de que tendrán que suscribir el documento, pero siempre que se formule como "un acuerdo digno" mediante las convenientes apreciaciones sobre su aplicación, que tendrían que ser añadidas antes o después.

El texto que Ciudadanos ha facilitado se basa en las palabras pronunciadas por su jefe el día que presentó en sociedad sus requisitos después de lamentar que el PP "no se regenere" y que Rajoy "permanezca inmóvil". Y el sexto punto establece la exigencia de "la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular (caso Bárcenas)".

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En fuentes parlamentarias, recuerdan que en el Congreso ya se creó en la pasada legislatura fallida una comisión permanente sobre el problema de la corrupción política que estaba destinada a perseguir y prevenir el fenómeno y que no nació ceñida a un solo caso o partido.

Además del caso Bárcenas, entonces estaban de actualidad el de los ERE de Andalucía, que salpica al PSOE (con sus dos últimos presidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados), y las denuncias sobre el respaldo financiero del chavismo al núcleo fundador de Podemos.

En la sede de Génova se hacen a la idea de que tendrán que suscribir el documento, pero siempre que se formule como "un acuerdo digno"

Sin descartar que al final Rajoy tenga que admitir que se forme otra comisión específica sobre la presunta financiación ilegal del PP, en la Cámara Baja también apuntan la posibilidad de que ese requisito de Rivera se tramite en la citada comisión permanente que, de todas formas, se tiene que poner a trabajar en cuanto arranque la actividad parlamentaria normal a partir de septiembre.

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El resto de las condiciones de Ciudadanos son asumibles, sin más precisiones que recordar que escapan a la competencia de un simple acuerdo entre ambos partidos: 169 escaños frente a los 176 o los dos tercios del Congreso requeridos para las reformas legales, y un pacto entre todas las formaciones sobre las normativas de tipo interno.

El PP ya se aplica la separación del cargo público que resulte imputado formalmente por corrupción, fue pionero con José María Aznar en fijarse la limitación de mandatos y llevaba en su programa electoral la revisión del régimen de aforamientos para políticos y funcionarios. Ese último punto afecta a la Constitución, pero también a los estatutos de autonomía y a las leyes orgánicas que establecen la cualidad de aforados para miles de representantes políticos y servidores del Estado.

La reforma de la ley electoral no se puede hacer sin contar con el PSOE, el otro partido de gobierno. Además, en ese cambio de reglas de juego, el socio natural de Rivera será Pablo Iglesias, dado que ambos comparten la exigencia de una proporcionalidad mayor en el reparto de escaños para mejorar su posición en el Congreso.