El bloqueo lía a las Cortes: plenos solapados, Gobierno sin control y sesiones declarativas

Después de cuatro meses y medio de inactividad legislativa forzosa y pese a la previsión de seguir así hasta después del verano, las nuevas Cortes no dan con la fórmula para cubrir el vacío por el bloqueo en la elección del Gobierno. El Congreso ha convocado su primer pleno ordinario para el mismo día, la misma hora y los mismos asuntos que el Senado, los grupos parlamentarios del PSOE y de los partidos 'emergentes' quieren controlar al Ejecutivo como si no estuviera en funciones y no procediera de la anterior legislatura. Y ambas Cámaras preparan largas sesiones 'declarativas' donde los portavoces podrán afinar sus discursos de campaña a la espera de la más que previsible repetición de elecciones.

La XI Legislatura es inédita en casi todo, se puso oficialmente en marcha en el pleno-espectáculo del 13 de enero y hasta ahora su hito principal es la primera sesión de investidura fallida de la democracia: la consumada el pasado 4 de marzo con el rechazo del aspirante socialista Pedro Sánchez por 219 votos frente a 131. También por primera vez y para mayor complejidad organizativa, cada Cámara está presidida por dirigentes de distinto partido.

En el Senado, el PP mantiene su mayoría absoluta y a Pío García Escudero como presidente. La semana pasada confirmó que convocaría el primer pleno ordinario para el día 15, entre otras cosas para aprobar el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para juzgar al senador de Bildu Iñaki Goioaga por colaboración con ETA.

En la junta de portavoces de la Cámara alta del martes, se cerró el orden del día con la inclusión de tres mociones como puntos fundamentales de la sesión, la del Grupo Socialista en contra de la última reforma de la ley de educación (LOMCE) y las dos correspondientes al Grupo Popular: una en defensa de la unidad de España y otra de reconocimiento y apoyo a las diputaciones provinciales. El primer pleno de la legislatura quedó convocado para el día y la hora tradicional del Senado: el martes a las cuatro de la tarde.

Al mismo tiempo y a la misma hora, la Mesa y la Junta de portavoces del Congreso presididas por el socialista Patxi López convocaban el primer pleno ordinario de la legislatura para el mismo día y hora que el Senado, y hasta con un punto dos veces repetido: el de la unidad de España. En el orden del día figuran dos proposiciones no de ley, una del Grupo Popular y otra de Ciudadanos, para proclamar los mismos principios de respeto a la soberanía nacional y la cohesión de España. Congreso y Senado actuarán en estéreo pese a tener toda la semana por delante para repartirse el asunto; o mes y medio, hasta mayo, si antes no hay investidura.

Además de solapar los debates, en el arranque de la legislatura que también se anuncia fallida se da la circunstancia de que sin Gobierno no hay proyectos de ley que tramitar ni Ejecutivo que controlar. Los plenos tendrán que ser 'declarativos' y sin consecuencias prácticas. No se puede instar al Gobierno a hacer o dejar de hacer nada porque no existe. El gabinete de Mariano Rajoy está en funciones, carece de margen de maniobra más allá del trámite administrativo o las urgencias, y tiene el origen de su legitimidad en un Congreso que ya no existe, el de la X Legislatura.

Mientras el Congreso no cumpla su primera obligación, que es la investidura de un presidente del Gobierno, todo lo demás es anómalo e inexplorado. PSOE, Podemos y Ciudadanos han presentado iniciativas presuntamente legislativas hasta para derogar leyes vigentes. El Ejecutivo en funciones es la instancia que tiene que decidir de entrada si afecta o no a los Presupuestos vigentes. Para cuando lo haga y se quieran poner en marcha los siguientes trámites parlamentarios después de Semana Santa, la Cámara estará ya abocada a la disolución prevista para el 2 de mayo, salvo sorpresa de acuerdo para una nueva sesión de investidura.

Los socialistas, Ciudadanos y Podemos han empezado por pedir la comparecencia en la comisión de Defensa de Pedro Morenés, aunque esté en funciones, maniobra ante la que el Gobierno ha esgrimido la Constitución y las leyes (la del Gobierno) para responder que es imposible e ilegal. Lo mismo intentarán los tres grupos parlamentarios para exigir la comparecencia de Mariano Rajoy ante el pleno y que dé explicaciones sobre el desarrollo del último Consejo Europeo. Su objetivo añadido es amplificar en sede parlamentaria el acoso al jefe del Ejecutivo.

En La Moncloa insisten en que Rajoy y todos los ministros están 'cesados', siguen en funciones por los motivos conocidos, y que si sus adversarios consideran que están 'descontrolados' (excediéndose en sus funciones), les queda la vía contencioso-administrativa o la judicial para recurrir, pero no un Congreso que no fue el que propició la elección de su jefe. La solución al conflicto que dan en medios gubernamentales es la obvia: "Que invistan a Rajoy y así podrá hacer y venir a que le controlen".