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PSOE y C's liquidan la reforma que iba a ahorrar 3.441 millones en los ayuntamientos
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el acuerdo de gobierno de Sánchez y rivera

PSOE y C's liquidan la reforma que iba a ahorrar 3.441 millones en los ayuntamientos

Con la ley de racionalización de la Administración local que socialistas y riveristas quieren derogar, los ayuntamientos son el único rincón del Estado con estabilidad presupuestaria

Foto: El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (d), y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, después de firmar el acuerdo. (Reuters)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (d), y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, después de firmar el acuerdo. (Reuters)

El acuerdo “para un Gobierno reformista y de progreso” firmado por Pedro Sánchez y Albert Rivera no solo incluye la idea de suprimir las diputaciones provinciales y la reforma laboral, también incluye otro punto que afecta a la estabilidad institucional y económica del Estado: el compromiso de liquidar la reforma local que ha convertido a los ayuntamientos en la única Administración en equilibrio presupuestario, incluso en superávit. Es un plan que tiene que ahorrar al erario 3.441 millones de euros entre 2014 y 2020.

Desde el pasado año, al menos hasta la llegada al poder en algunas grandes capitales como Madrid o Barcelona de las 'alcaldías del cambio', los gobiernos municipales se habían convertido en el único sector de la Administración que no gastaba más de lo que ingresaba vía impuestos directos o aportaciones de la Administración central. El superávit final para el ejercicio de 2015 estaba previsto en un 0,4.

El cambio en el panorama que en 2011 ofrecían los ayuntamientos al borde de la quiebra (con Madrid a la cabeza) y la autonomía plena para fijar sueldos, nombrar asesores y convocar plazas de funcionarios, más la proliferación de las empresas públicas y concertadas, se debe a la entrada en vigor en 2013 de la “ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local”.

Sánchez y Rivera: acuerdo blindado

El Gobierno de Mariano Rajoy consiguió sacar la reforma adelante gracias a su mayoría absoluta y después de más de un año de complicadas negociaciones internas con el PP por la resistencia de sus representantes en el mundo local a admitir la pérdida de poder, competencias, salarios y plantillas. Al final, se aplicó un recorte menor del propuesto en principio desde el Ministerio de Hacienda que encabeza Cristóbal Montoro, pero que ha tenido un efecto inmediato sobre la estabilidad presupuestaria de los ayuntamientos. Por primera vez se establecieron baremos a la hora de fijar sueldos a los alcaldes (Madrid y Barcelona duplicaban el del presidente del Gobierno), se limitaron los cupos de nombramientos de personal de libre designación, el número de concejales 'liberados' (con sueldo y plena dedicación) y se eliminaron hasta 1.200 organismos, empresas públicas, consorcios, entes y demás fórmulas que los gobiernos municipales controlaban.

La reforma local estaba ahora pendiente de encajar con la reforma de la financiación autonómica, aplazada desde final de la pasada legislatura. Y la decisión de reforzar las competencias en servicios públicos de las diputaciones era obligada para lograr un mayor ahorro en el mantenimiento de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes sin poner en peligro las prestaciones que reciben los ciudadanos.

De acuerdo con la última actualización de la memoria económica correspondiente al programa de estabilidad del Reino de España 2015-2018 (el que se presenta en Bruselas), la cifra de ahorro prevista por la vigencia de la reforma local ascendía a los 3.441 millones de euros entre 2014 y 2020. La etapa de mayor ajuste es la que toca este año, cuyo importe llega a los 1.373 millones.

El acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera incluye el compromiso de “derogar las modificaciones introducidas en la legislación de régimen local por la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local”. Socialistas y riveristas esgrimen la intención de “asegurar la autonomía local” y, al tiempo, “sin comprometer la estabilidad presupuestaria”. También defienden “la fusión voluntaria de municipios”.

El acuerdo “para un Gobierno reformista y de progreso” firmado por Pedro Sánchez y Albert Rivera no solo incluye la idea de suprimir las diputaciones provinciales y la reforma laboral, también incluye otro punto que afecta a la estabilidad institucional y económica del Estado: el compromiso de liquidar la reforma local que ha convertido a los ayuntamientos en la única Administración en equilibrio presupuestario, incluso en superávit. Es un plan que tiene que ahorrar al erario 3.441 millones de euros entre 2014 y 2020.

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