La formación de Gobierno después del 20-D

Sánchez rompe los últimos puentes con el PP: Cataluña y posición española en la UE

El secretario general del PSOE busca una comparecencia parlamentaria de Rajoy en materia de política europea para seguir su guerra de desgaste personal contra el presidente del PP

Foto: Pedro Sánchez, en el Congreso tras la reunión que mantuvo con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el pasado jueves. (EFE)
Pedro Sánchez, en el Congreso tras la reunión que mantuvo con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el pasado jueves. (EFE)

Pedro Sánchez, volcado en sacar adelante su investidura como presidente del Gobierno, procede a la voladura de los últimos canales de entendimiento con el Ejecutivo en funciones: desde el acuerdo de la pasada legislatura para frenar el desafío separatista en Cataluña, al tradicional consenso sobre la posición española en la Unión Europea. En el primer punto pretende una posición intermedia y aparte del bloque constitucionalista hasta ahora compuesto por PP, PSOE y Ciudadanos, mientras que en el segundo busca una comparecencia parlamentaria de Mariano Rajoy para seguir su guerra de desgaste personal contra el dirigente del PP.

El secretario general de los socialistas ha decidido que su título de aspirante oficial a la investidura, aunque sólo tenga 90 escaños en el Congreso, le coloca un escalón por encima del de jefe del principal partido de la oposición (110 diputados) que tenía antes, cuando el 10 de noviembre pasado respaldó sin matices al Gobierno en su plan de recursos ante el Tribunal Constitucional para desactivar la declaración separatista. Después de dos Consejos de Ministros dedicados a preparar la respuesta a las primeras consecuencias del manifiesto en materia de proyectos de ley o de competencias en "Asuntos Exteriores" invadidas por la Generalitat que encabeza Carles Puigdemont, en el Gobierno ha sentado muy mal que Sánchez les exija unas explicaciones e información sobre algo que es público: que iban a ir TC.

Albert Rivera sí llamó esta semana a La Moncloa para interesarse por la réplica al Gobierno al constatar que los independentistas ponían en marcha las anunciadas invasiones de competencias; pero Sánchez, que se niega a dialogar con Rajoy sobre su oferta de Ejecutivo constitucionalista, pretendía que fuera el presidente del Gobierno en funciones quien le informara de sus planes al respecto aunque estuvieran explicados por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en las últimas conferencias de prensa posteriores a los Consejos de Ministros. "Que llame él", fue la respuesta de la portavoz del gabinete ante las quejas del socialista.

Albert Rivera, en el Congreso el pasado día 4. (EFE)
Albert Rivera, en el Congreso el pasado día 4. (EFE)

En fuentes gubernamentales insisten en que Sánchez ha querido quedarse al margen de la réplica a las iniciativas de Puigdemont porque le viene mal dar la cara en ese asunto en un momento en que necesita buscar el apoyo o como mínimo la abstención en su investidura de los grupos parlamentarios independentistas: ERC o DL (el heredero de Convergència). Sólo se interesó por las decisiones del Gobierno ante las últimas maniobras de la Generalitat una vez que se supo que lo había hecho Rivera.

El hecho de que 'prestara' senadores socialistas a ambos partidos para que pudieran formar grupos parlamentarios en la Cámara (más subvenciones y más tiempo de intervención en debates) confirma el empeño de Sánchez en 'sembrar' buenas relaciones con los separatistas catalanes. 

El aspirante socialista insiste en que su llegada al poder con la reforma de la Constitución por delante desactivará el desafío independentista en Cataluña, del que hace responsable a Rajoy, pero Puigdemont no se ha esperado a ver si se constituye el Gobierno "de cambio" y "progresista" que promete Sánchez y se salta ya la resolución del Tribunal Constitucional.

La decisión de Sánchez de romper todo tipo de relaciones con el PP puede hacer que López convoque un pleno en el que habría un Ejecutivo "en funciones"

A la ruptura del entendimiento entre el PP y el PSOE para hacer frente al proceso secesionista catalán, se ha sumado también el consenso básico sobre la posición española en los Consejos Europeos. Mariano Rajoy tiene que acudir el día 18 a Bruselas para debatir y suscribir en su caso el nuevo marco de relaciones de Gran Bretaña y la UE. Supone la firma de un acuerdo que puede superar el actual papel de presidente en funciones que tiene Rajoy.

Los servicios jurídicos han planteado la solución de que el jefe del Ejecutivo acuda con un mandato "abierto" y expreso del nuevo Congreso. El criterio de La Moncloa es que basta con que el secretario de Estado para las Relaciones para la UE, Fernando Eguidazu, recabe esos apoyos en una comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Los secretarios de Estado no están oficialmente en funciones. Sin embargo, Pedro Sánchez ha visto en la cita europea una oportunidad para solicitar la comparecencia de Rajoy ante el pleno, circunstancia que en el PP no dudan que aprovecharía para cargar contra el presidente del Gobierno.

Rajoy, en la reunión del pasado jueves con los diputados del PP. (EFE)
Rajoy, en la reunión del pasado jueves con los diputados del PP. (EFE)

El espectáculo de un jefe del Ejecutivo en funciones compareciendo ante el pleno de una Cámara que no fue la que lo eligió, que no le ha otorgado pues su confianza, carece de precedentes en los 37 años de la democracia. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, intenta disuadir a los grupos parlamentarios para que renuncien a ese plan de Sánchez, mientras desde el Grupo Popular hacen lo propio específicamente con el Socialista ofreciendo la solución 'técnica' a través del responsable de Exteriores.

De momento, a la espera de las negociaciones que se tienen que desarrollar la próxima semana, la decisión del dirigente del PSOE de romper todo tipo de relaciones con el PP puede hacer que el presidente de la Cámara, Patxi López, convoque un pleno tan particular en el que no habría un Ejecutivo elegido, sino un Gobierno "en funciones", de cuerpo presente pero presuntamente controlado por un Congreso ante el que no es responsable de nada.

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