Los partidos agotan el tiempo de negociación para decidir la reñida Mesa del Congreso

Los principales partidos políticos se encuentran inmersos en las negociaciones en torno a la Mesa del Congreso. Llamadas, reuniones de grupos e incluso encuentros entre líderes con un mismo objetivo: desencallar la primera institución que ha de constituirse tras el 20-D para poner en marcha el Parlamento. Los plazos aprietan porque la fecha límite para la composición es el próximo miércoles, 13 de enero, a las diez horas. Todo apunta a que las conversaciones continuarán hasta el último momento y, según miembros de los distintos grupos, cada vez pesa más la posibilidad de que el acuerdo llegue ese mismo día.

El viernes por la tarde Pedro Sánchez y Albert Rivera se vieron las caras por primera vez tras las elecciones generales en una cita privada. La Mesa del Congreso fue el plato fuerte y el líder socialista se comprometió a enviar a su rival una propuesta oficial para la Presidencia de la Cámara -que el secretario general aspira a conquistar, como dijo desde un primer momento- en un plazo máximo de 72 horas. El grupo de Ciudadanos espera, por tanto, contar con el nombre que Sánchez oferte el lunes, que es el día en que ha convocado a su ejecutiva federal. Tendrán apenas un día para tomar su decisión, una prueba más de que el acuerdo llegará in extremis. Si llega. Y otra prueba: en este fin de semana, Antonio Hernando, el portavoz parlamentario del PSOE y el delegado de Sánchez para hablar con los demás partidos, no tiene previstas reuniones.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, demanda que el presidente que resulte elegido tenga un carnet político distinto al del futuro Gobierno de España

Rivera y Sánchez aseguran estar dispuestos a buscar un acuerdo "global y de consenso" con PP y Podemos sobre la composición del órgano de gobierno de la Cámara baja. En concreto, el presidente de Ciudadanos insiste en que la nueva Mesa debe mostrar "la pluralidad" por la que los españoles optaron en las urnas el pasado 20 de diciembre. La otra demanda del líder barcelonés es que el presidente elegido tenga un carnet político distinto al del futuro Gobierno de España, y por eso propone que al llegar un acuerdo de investidura y en caso de que ambos coincidan, los grupos vuelvan a votar un nuevo presidente para la Mesa. Se trataría, por tanto, de una Presidencia provisional, a la que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ya mostró su oposición. En el PSOE, no existe un rechazo total a esta fórmula, según indican fuentes oficiales de Ferraz, que insisten en que todo está "estudiándose".

El reglamento de la Cámara baja, no obstante, no contempla la destitución de su presidente ni su recambio por otro diputado, salvo que renuncie. Y lo mismo ocurre con los otro ocho integrantes de la Mesa -cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios-. Para que se materializara la demanda de Ciudadanos, tendría que alcanzarse un compromiso político entre los grupos.

Patxi López, ¿un hombre de consenso?

A pesar de que los socialistas no han puesto un nombre sobre la mesa para la jefatura del Congreso, el que aparece en todas las quinielas es el secretario de Acción Política y Ciudadanía, Patxi López. Un candidato que Ferraz ni siquiera niega. Todo lo contrario, es "el lehendakari que logró la paz en Euskadi, el hombre necesario para la legislatura del consenso", indican desde el entorno del secretario general. Ese hipotético aspirante, según miembros de la formación que preside Rivera, podría encajar con el perfil por el que ellos se inclinan dada su dilatada trayectoria política en el País Vasco que incluye ese trienio como presidente del Gobierno autonómico (2009-2012). Todo dependerá de la propuesta de los populares, sobre la que el partido aún no se ha pronunciado.

Sánchez y Rivera se reunieron este viernes y se comprometieron a buscar un pacto “global y de consenso“ con PP y Podemos para el Congreso

La cúpula del PSOE cree que tiene la Presidencia del Congreso al alcance de la mano, ya que el sistema de votación les favorece. En la primera ronda, sale elegido aquel que obtenga la mayoría absoluta de los votos. Una situación que difícilmente se podrá dar, ya que ningún partido cuenta con 176 escaños. Sigue una segunda votación, en la que los parlamentarios sólo pueden optar por los dos candidatos preferidos en la primera vuelta. Es designado presidente quien obtenga más sufragios. Los socialistas cuentan con concitar más apoyo que el PP, para simbolizar el cambio político y demostrar la débil mayoría de que disfruta Mariano Rajoy, que ni siquiera le permite imponer a su propio aspirante a la Mesa.

Este mismo viernes por la mañana el grupo parlamentario de Ciudadanos mantuvo una larga reunión de hora y media con los populares Rafael Hernando y José Antonio Bermúdez de Castro, aunque el PP no hizo una propuesta concreta al partido naranja, según insisten fuentes del mismo. A pesar de que la formación de Albert Rivera asegura que de momento el partido no ha definido su "postura de voto", tanto PP como PSOE tratan de seducir al emergente de cara a la futura votación. El coordinador del grupo parlamentario naranja, Miguel Gutiérrez, insiste en que votarán "la persona que presidirá y no al partido" y por eso reitera que debe ser un perfil institucional con capacidad de diálogo.

Al margen de la Presidencia, hay otros ocho puestos a repartir. En principio, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos se quedarían cada uno con una vicepresidencia y una secretaría de la Mesa.

El tropiezo con Podemos

El partido que preside Pablo Iglesias también es partidario de que el órgano de gobierno de la Cámara baja recoja la pluralidad del nuevo escenario político. Pero Podemos tiene otras exigencias más urgentes que también fueron objeto de conversación en el encuentro entre Sánchez y Rivera: la posibilidad de que se conformen cuatro grupos parlamentarios y cuatro portavoces distintos para Podemos y sus distintas marcas -uno de la formación morada, otro para los gallegos de En Marea, otro para los catalanes de En Comú Podem y un último para la alianza valenciana de Compromís-Podemos-.

Ciudadanos se opone a que Podemos se desdoble en cuatro grupos, y el PSOE, aunque no lo descarta, ve más contraindicaciones que ventajas

En el caso de Ciudadanos, la postura es clara: se opone rotundamente al considerar que se trataría de una vulneración del reglamento del Congreso para dar cabida a la exigencia de Iglesias. Rivera critica también el hecho de que el coste de mantener cuatro grupos sería muy elevado para los españoles, además de que los turnos de palabra deberían también multiplicarse, ralentizando el funcionamiento de la Cámara. Todo se multiplicaría por cuatro: gasto, tiempos, iniciativas...

El PSOE, oficialmente, responde que está "estudiándose" la propuesta de Podemos. Pero ve más contraindicaciones que ventajas, igual que el PSC, a quien en anteriores legislaturas se le impidió disponer de grupo propio, entre otras razones, por la redacción del reglamento. La normativa recoge en su artículo 23, que no podrán formar grupo "diputados que pertenezcan a un mismo partido" ni tampoco aquellos que, "al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado". Esta formulación se introdujo en el reglamento de 1982 para impedir que la Cámara se fraccionase por comunidades o que una misma formación se divida por territorios para disponer de más prebendas. Hasta entonces el PSC disponía de grupo propio.

Podemos señala que su marca pura y las coaliciones de las que participa en Galicia, Cataluña o Valencia son cosas distintas y se montaron de forma "previa" a las elecciones. Este viernes, su secretaria de Programa y Análisis Político, Carolina Bescansa, volvía a insistir en que el compromiso de su partido con los cuatro grupos es irrenunciable. Y mantendrá el pulso porque sería el primer reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. También defendió la necesidad de un espacio propio la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, principal referente de Compromís. "Esto no son cuatro grupos de Podemos, es un grupo y no es Podemos", dijo la número dos del Consell, que apeló a su vez a la doctrina del Constitucional y reiteró que la coalición Compromís-Podemos-És el Moment cumple otros dos requisitos que pide el reglamento: un 15% de los votos en cada una de las circunscripciones y más de 5 diputados (tienen 9). Al mismo argumento se aferró Alexandra Fernández, diputada de En Marea (6 actas). "No cabe otra opción", aseguró tajante.

La composición de los grupos no se resolverá, con todo, el mismo 13 de enero. A partir de la constitución de la Cámara, los partidos disponen de cinco días para solicitarlo. La Mesa será la encargada de finiquitar el conflicto. Puede que base su decisión en un informe de los letrados del Congreso. Pero, como ha reconocido en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, la Mesa es un órgano político y tiene la potestad para interpretar el reglamento. Rivera considera que no se puede llevar a cabo una cesión de este tipo y así se lo trasladó a Sánchez en plena conversación sobre la configuración del órgano rector del Congreso.

Aún queda tela por cortar. Quizá toda. Pero se deja para los últimos días. Para la hora crítica. Sólo entonces se podrá apreciar si las invocaciones al consenso son reales o si la legislatura más complicada de la democracia (y tal vez más corta) empieza con buen pie.

[¿Qué partidos deben pactar para formar Gobierno?]

¿Qué puede hacer el Parlamento sin un Gobierno operativo y con todas sus funciones?

Los partidos están de acuerdo en que el Congreso comience a funcionar lo antes posible, una vez superada la sesión constituida del 13 de enero y formalizados los grupos. Albert Rivera manifestó este viernes, no obstante, que tiene "dudas" sobre las iniciativas que pueden presentarse, por lo que demandará a los servicios jurídicos que aclaren qué se puede tramitar y qué no con un Gobierno en funciones.

Nunca había ocurrido una situación como la actual, porque en anteriores legislaturas se conocía de antemano quién llevaría las riendas del Ejecutivo, con más o menos apoyos. Pero ahora las cuentas no salen ni a izquierda ni a derecha, y el escenario de nuevos comicios en mayo o junio no es nada descartable.

Según fuentes del Congreso, los grupos podrían registrar proposiciones o no de ley o mociones. O sea, textos sobre los que la Cámara se pronuncia. Pero en principio no podrían tramitarse proposiciones de ley, pues el artículo 126. 2 del reglamento indica que la Mesa ordena su publicación y su remisión al Gobierno "para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios". Pero ahora no hay un Gobierno. Está en funciones.

En consecuencia, la llamada 'ley 25 de emergencia social' que quiere presentar Podemos tal vez no pueda tramitarse. ¿Y la derogación de la Lomce, que varios partidos reclaman? Pues también hay dudas. Aparte de que no habría Gobierno que ejecutase esas normas, ya que un Ejecutivo en funciones tiene mermadas sus atribuciones. En cualquier caso, "toda esta situación, totalmente nueva", deberá resolverla la Mesa.

El PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, lo que le permitiría ralentizar (no bloquear) la tramitación de las iniciativas legislativas. Y tendría la potestad de paralizar la reforma constitucional si quisiera.

Tampoco hay precedentes de que se constituyan las comisiones parlamentarias antes de que haya un nuevo Ejecutivo. Lo habitual es que tengan su correspondencia con los ministerios que forme el presidente. Pero el reglamento no impide que se constituyan estas comisiones legislativas, que son las encargadas de estudiar las enmiendas y aprobar los cambios antes de remitirlas al pleno.