ante las perspectivas a la Baja del 20-D

Rajoy aplicará la incompatibilidad de cargos y exigirá dedicación plena a sus diputados

La pérdida de poder municipal después de las elecciones 24 de mayo y las previsiones de ceder hasta 65 escaños obliga al PP a aplicar el principio de "un hombre, un cargo"

Foto: El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Mariano Rajoy. (EFE)
El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Mariano Rajoy. (EFE)

La pérdida de poder municipal después de las elecciones locales del pasado 24 de mayo, más las previsiones muy a la baja de los comicios del 20-D (55-65 escaños menos), obligan al Partido Popular a recuperar y cumplir sus antiguas normas de incompatibilidad entre los cargos de diputado y alcalde. Los afectados ya fueron advertidos al confeccionar las candidaturas al Congreso, algunos ediles se ha adelantado al dimitir nada más verse en las listas, pero otros confían en que haya excepciones.

En fuentes de la dirección del PP aseguran que exigirán dedicación plena a todos los diputados y estudian cambiar los estatutos del partido en el próximo congreso nacional previsto para febrero para hacer efectivo el principio de "una persona, un cargo". Y antes, cuando se constituyan las Cortes el 14 de enero, los nuevos parlamentarios verán reducidos sus permisos para actividades profesionales privadas, no por nuevas incompatibilidades que pueda establecer la Cámara, sino por el principio de la dedicación plena de aplicación interna.

Pasar de los 185 diputados de la legislatura que termina a los 120-128 como pronostica el sondeo preelectoral del CIS y la media de las encuestas privadas exigirá al PP una actividad y una presencia constantes en la Cámara de todos sus parlamentarios, una tarea muy difícil de compaginar con otras responsabilidades, incluidas las de dirigir ministerios como los de Exteriores o Defensa por los múltiples viajes al extranjero.

La bancada de los populares en el Congreso de los Diputados. (EFE)
La bancada de los populares en el Congreso de los Diputados. (EFE)

Además, en el caso de seguir en el poder, con un grupo parlamentario mucho más reducido en número de miembros y pendiente en cada ponencia, comisión y pleno de los debates, negociaciones y acuerdos con otros partidos, los diputados del PP de la próxima legislatura tendrán menos tiempo que nunca para los asuntos particulares en despachos, universidades o asesorías, según recuerdan en el PP.

Asesorías de Pujalte y Gómez de la Serna

De paso, se acotarán los permisos legales pero mal vistos que aprueba la Cámara para que los parlamentarios que lo solicitan mantengan actividades privadas que les reportan otros ingresos, a veces fijos. Casos como el de las asesorías de Vicente Martínez Pujalte o el más reciente de Pedro Gómez de la Serna tendrán que pasar más filtros institucionales y de grupo.

La normativa interna del PP ya establece que la condición de diputado al Congreso o al Parlamento Europeo (no al Senado) es incompatible con el desempeño de cargos de presidente o secretario autonómico o provincial del partido y con "los de alcalde, presidente de Diputación Provincial, Consell o Cabildo Insular". Pero los mismos estatutos añaden que el comité ejecutivo nacional puede establecer excepciones "en supuestos extraordinarios" por el bien de los intereses generales del partido.

Vicente Martínez Pujalte. (EFE)
Vicente Martínez Pujalte. (EFE)

Con esa normativa y después de las salvedades que José María Aznar empezó a aplicar para los casos de Teófila Martínez (Cádiz) y Celia Villalobos (Málaga), en el Grupo Popular se han ido multiplicando las excepciones hasta culminar en la pasada legislatura con alcaldes-diputados de varias capitales de provincia más otras ciudades con población similar. Además de la entonces alcaldesa gaditana, también tenían escaño en el Congreso los primeros ediles de ayuntamientos tan importantes como Guadalajara, Ciudad Real, Cartagena o Algeciras.

El PP ha incluido en sus candidaturas para las generales a varios exalcaldes que perdieron el cargo por los pactos anti-PP y hasta ahora eran diputados como Teófila Martínez o Pilar Barreiro. Otros alcaldes que habían revalidado mandato en sus municipios, como José Enrique Fernández de Moya en Jaén, se han adelantado a dejarlo en cuanto se vieron en la lista correspondiente.También hay casos de diputados salientes que siguen al frente de un ayuntamiento, como José Ignacio Landaluce en Algeciras, que han preferido encabezar lista en la Cámara más apropiada para ello como es el Senado.

La cuota de Aguirre en Madrid peligra

En las candidaturas figuran dos alcaldes de poblaciones de peso que tienen garantizado salir elegidos diputado el 20-D: el nuevo 'número uno' por Málaga y primer edil de Estepona (66.000 habitantes), José María García Urbano, y el de la localidad madrileña de Boadilla del Monte (47.800 habitantes), Antonio González Terol. El primero es político elegido por el PP andaluz como símbolo de renovación en sus listas para sustituir a Celia Villalobos, que pasa al segundo puesto de la candidatura. González Terol es el único dirigente del PP madrileño que Esperanza Aguirre ha podido colocar esta vez en la lista que encabeza Rajoy en puesto de salida fijo.

Esperanza Aguirre. (EFE)
Esperanza Aguirre. (EFE)

Los alcaldes de Estepona y Boadilla del Monte han dado por hecho que seguirán al frente de sus ayuntamientos y mantendrán el escaño una vez elegidos, pero esta vez en la sede de Génova no quieren hacer casi excepciones, ninguna en capitales de provincia como se ha visto ya en las listas y en la dimisión de Fernández de Moya.

En la dirección del PP manejan la posibilidad de fijar un límite en cuanto a población de los ayuntamientos para admitir algún caso de pueblos, o directamente aplicar el principio de la dedicación plena a todos a partir del congreso nacional previsto para febrero y con un plazo razonable para proceder a la sucesión en las alcaldías. Pase lo que pase el 20-D con el PP, siga en el poder o no, lo que está claro es que se impondrá después el principio de "un dirigente, un cargo".

 

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