Programa electoral del Partido Popular

Rajoy incorpora la doble vuelta en las municipales contra los 'pactos de perdedores'

El PP propone mejoras en el funcionamiento de las Las Cortes, la Justicia y la Administración y fijar en la apertura de juicio oral la destitución de cargos imputados por corrupción

Foto: Rajoy posa con los candidatos de la Comunidad Valenciana. (EFE)
Rajoy posa con los candidatos de la Comunidad Valenciana. (EFE)

El programa del Partido Popular para las elecciones generales incluye un catálogo general de ideas y compromisos para mejorar el funcionamiento de las instituciones (Las Cortes, la Justicia y la Administración), pero es mucho más detallado y ambicioso al proponer una reforma drástica en el poder municipal: prima de concejales para el partido más votado o segunda vuelta. Supondría el final de los pactos de perdedores y los gobiernos inestables en los ayuntamientos.

El primer bloque de los cinco en que el PP ha desglosado su oferta programática para el 20-D, titulado “La España que queremos” no incluye grandes novedades. Es más un desarrollo de las reformas emprendidas por el Gobierno en la última legislatura, sobre todo la de la Administración, un guión legislativo para el Ministerio de Justicia y los órganos dependientes, y la ratificación del partido en sus principios básicos como la defensa de la unidad de España, la Constitución, el Estado de las autonomías, la lucha contra el terrorismo y su compromiso con las víctimas.

El problema de la corrupción también está presente en el texto, casi a partes iguales para resaltar las medidas legislativas que ya ha tomado el Ejecutivo para perseguir y prevenir los escándalos que se acumulan en las instituciones, los juzgados y los partidos. Lo más concreto que figura en el programa es fijar en el momento de apertura de juicio oral la destitución obligada de todo alto cargo que sea encausado.

Sólo la candidatura más votada

Para estos comicios y después de la generalización de los pactos anti-PP que se registró después de las elecciones locales y autonómicas del 24-M, el partido que preside Mariano Rajoy recupera su oferta de reforma de la ley electoral en los términos adelantados en el verano de 2014 que escandalizaron al PSOE y al resto de la izquierda. Para empezar, los populares se comprometen a respetar “la costumbre constitucional de que sólo formará gobierno la candidatura más votada en España”.

El PP propone en su programa una nueva regulación de las elecciones locales para establecer lo que llama “una prima de gobernabilidad” para los partidos que hayan ganado claramente las elecciones y con una distancia considerable de la segunda fuerza “para asegurar que las opciones de gobierno responden fielmente a la voluntad de los ciudadanos”.

Alcaldes de las 'Ciudades por el bien común'. (EFE)
Alcaldes de las 'Ciudades por el bien común'. (EFE)

En el texto no se dan cifras, pero la idea original de los populares consistía en exigir alrededor del 40 por ciento de los votos y sacar más de siete puntos al segundo partido. La realidad de los pactos de la izquierda y los grupos nacionalistas e independentistas en los últimos comicios han traído alcaldes y alcaldesas de candidaturas que no quedaron en el primer puesto y a veces no llegaron ni al 25 por ciento de los votos. Es el caso de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia o Cádiz, ciudades donde el PSOE optó por apoyar a Podemos a cambio de que los de Iglesias le respaldaran en las Comunidades autónomas.

Cuando la fragmentación del voto sea tan grande como en las ciudades citadas el 24-M, al no existir mayorías absolutas ni distancias considerables entre el primero y el segundo, el PP propone una fórmula que el PSOE también ha manejado: “un sistema de doble vuelta que conseguirá que los gobiernos resultantes se correspondan con las decisiones de los ciudadanos”.

Frente a la reforma de la Constitución, el PP defiende su plena vigencia y cree conveniente hacer “refuerzo institucional” con una revisión de las Cámaras

La formación en el Gobierno lanza de forma muy genérica la idea de reducir la duración de las campañas electorales para lograr con ello un recorte de los gastos y mejorar el actual procedimiento de voto establecido para los españoles residentes en el exterior.

Frente a la insistencia de los socialistas en proponer una inconcreta reforma de la Constitución, el PP defiende su plena vigencia y establece la conveniencia de su “refuerzo institucional” que incluye una revisión del funcionamiento de las Cámaras legislativas. En el caso del Congreso se trata de trámites, transparencia y apertura a la participación directa de los ciudadanos (reglamento) y en el del Senado a una revisión de sus funciones según se aclare en la ponencia que trabaja en ello.

Financiación autonómica e inversión en Defensa

Sobre el desafío separatista en Cataluña, el Partido Popular se reafirma en la vigencia del Estado autonómico y en mejorar “la cohesión territorial”. Pero lo hace en sentido contrario a las propuestas de ‘asimetría’ y privilegios para aplacar a los secesionistas: “Garantizaremos una oferta básica de servicios públicos esenciales igual para todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia y, por tanto, con igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad”.

Seguridad en Madrid en el Clásico celebrado una semana después de los ataques del 13-N en París. (EFE)
Seguridad en Madrid en el Clásico celebrado una semana después de los ataques del 13-N en París. (EFE)

En ese contexto, el PP incluye la reforma del sistema de financiación de las autonomías, con el fin de que sea “estable y suficiente” con el fin de que puedan disponer de esa oferta básica común.

En materia de seguridad, el programa reafirma el apoyo a las víctimas del terrorismo, el compromiso con el pacto antiyihadista, la apuesta por reforzar a lss fuerzas de seguridad y a la administración de Justicia para combatir y prevenir mejor ese terrorismo islamista. Aunque condicionada a las realidades presupuestarias para los próximos ejercicios, el Partido Popular asume que España necesita un "incremento progresivo de la inversión en Defensa". La seguridad nacional y los compromisos con la OTAN obligan al próximo Gobierno a revertir los efectos de seis años de recortes en ese capítulo.

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