Díaz pide reformar la Constitución para incluir las elecciones a segunda vuelta

43 páginas de un discurso apretado de medidas en un intento final de desbloquear la situación política en Andalucía. Muchas de las medidas no son nuevas. Estuvieron ya presentes en la anterior legislatura y no se han cumplido. Otras sí. Son ambiciosas, de ámbito estatal y removerían pilares del sistema democrático. Pueden ser solo una declaración de intenciones o una envolvente para convencer a los partidos de la oposición de que la dejen formar gobierno. Pero están ahí.

La candidata socialista, Susana Díaz, ha arrancado su debate de investidura casi a las doce en punto del medio día desgranando un amplio paquete de medidas contra la corrupción y de reformas electorales. Para ello ha abierto la puerta a reformar la Constitución española. Defiende un sistema de elecciones a segunda vuelta para las alcaldías, presidencias de las comunidades y del Gobierno si en primera votación ningún partido obtiene mayoría absoluta. Ha defendido además las listas electorales abiertas. Andalucía elevará al Congreso, anunció, una iniciativa legislativa con estas reformas.

Su mensaje político: "Lucha sin cuartel contra la corrupción". Díaz tiene que apuntalar la abstención de Ciudadanos y lograr que Podemos opte también por este voto para poder ser investida presidenta a finales de esta semana. PP e IU siguen asegurando que no se moverán, de momento, del no. Por eso, su discurso va cargado de guiños y propuestas que muevan a los nuevos partidos para darle paso. Ha defendido que lo que corre en Andalucía es con toda probabilidad lo que va a pasar en muchos ayuntamientos y comunidades a partir de mayo. Y una advertencia: "para que haya oposición tiene que haber gobierno".

Díaz ha mencionado los casos de los ERE y la formación como fraudes que no pueden volver a ocurrir. Con palabras contundentes ha hablado de "lastre y vergüenza". A partir de ahí ha desgranado un paquete de medidas que afectan a los partidos políticos, los cargos públicos o el Código Penal. Sus propuestas pasan por someter al escrutinio público y de la Cámara de Cuentas las cuentas anuales de los partidos políticos. Ya lo asumió en su discurso de investidura hace menos de tres años. Defiende prohibir remuneraciones complementarias para los cargos públicos o decretar la incompatibilidad total de los diputados andaluces con otras actividades.

Los partidos que se hayan financiado ilegalmente de casos de corrupción serán responsables patrimonialmente del fraude. Los imputados por corrupción serán apartados de forma automática de los cargos públicos y las listas electorales. También quiénes falseen su currículum. Insistió en la oficina de prevención del fraude que ya prometió durante la campaña electoral y recuperó leyes de la anterior legislatura que cayeron en saco roto como la del bueno gobierno que regulará un código ético para los altos cargos.

La candidata socialista se mostró partidaria de que se cree un registro público estatal, adscrito a la administración tributaria, que centralice toda la información de los representantes políticos. Además reclamó que se reforme el Código Penal ampliando el plazo de prescripción de los delitos por corrupción o fijando que los cargos públicos respondan con su patrimonio. Esa reforma, responsabilidad del Estado, serviría también para tipificar el delito de financiación ilegal de partidos, sindicatos y asociaciones empresariales. Propuso declarar nulos los contratos afectados por corrupción y vigilar los sobrecostes, fijando en la ley que los condenados por corrupción no podrán firmar contratos públicos. Apoyó la prohibición de las donaciones privadas y el indulto para condenados por corrupción.

"Si todos queremos, acabaremos con la corrupción. Si todos hacemos lo que decimos, acabaremos con la corrupción. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, acabaremos con la corrupción", proclamó de forma solemne tras desgranar ese paquete de más de 20 medidas. La mayor parte del discurso ha estado destinado a medidas económicas y de lucha contra el paro. Para Podemos también ha lanzado un mensaje, con el compromiso público de reducir un 10% todos los altos cargos de la administración y directivos de las empresas públicas.