Los partidos políticos recibirán 10 millones en subvenciones para la campaña electoral

El 80% de los recursos de los partidos en España proceden de fondos públicos y los gastos electorales constituyen una pata importante de esos ingresos en forma de subvenciones públicas que reciben cada campaña electoral. Cobran por escaño obtenido y por votos. Las próximas andaluzas del 22 de marzo, las primeras elecciones de un año cargado con cinco citas con las urnas, alcanzarán subvenciones públicas por valor de 10 millones de euros, según orden de la Consejería de Hacienda. Los partidos que ya tienen representación en el Parlamento juegan con ventaja. Recibirán en los próximos días un anticipo del 30% en función de los votos que obtuvieron en 2012. Para pagar el resto acudirán a créditos con las entidades financieras con intereses a precio de mercado, aseguran. Las condiciones de estos préstamos o los bancos con los que firman siguen siendo un secreto sin desvelar pese a que la transparencia es ya la palabra más usada por todos los líderes políticos.

Las diferencias entre los presupuestos para la campaña electoral es abismal. El PSOE andaluz prevé gastar 4,5 millones de euros e informa de que mantendrá “una política de contención del gasto y estas cantidades se mantienen inalteradas respecto a las del proceso electoral de 2012”. El PP andaluz será “más austero” y “rondará los 4 millones de euros”, casi un millón por debajo de lo que gastó en la última campaña (4,6 millones). Izquierda Unida presupuesta 994.000 euros. Rebaja sus previsiones, a la vista de un resultado electoral mucho más ajustado que podría recortar sustancialmente su inyección pública. En los últimos comicios gastó 1,6 millones de euros.

Las nuevas formaciones políticas, que no cuentan con el anticipo de dinero público, rebajan de forma importante estas cantidades. Podemos, que ha acudido a un controvertido sistema de préstamos ciudadanos, prevé gastar 600.000 euros. Ciudadanos, 200.000 euros, que financiará con un crédito bancario, donaciones y recursos propios. UpyD cuenta con un presupuesto de 125.000 euros, un 80% con préstamos bancarios y el resto con recursos propios. Tanto Ciudadanos como UpyD cuentan con las mayores cuotas por afiliación a sus militantes, 10 y 20 euros mensuales respectivamente.

El PSOE se ha negado a desvelar con qué entidad bancaria firmará su crédito y con qué condiciones. El PP asegura que aún “no está decidido” si firmarán un préstamo y alegan que las cuentas deben todavía ser autorizadas por Génova. Izquierda Unida, la formación parlamentaria que ha sido más transparente con las peticiones de El Confidencial, informa de que su póliza de 500.000 euros está suscrita con el Banco Popular, con el patrimonio inmobiliario de la formación como garantía hipotecaria y con condiciones de mercado. Para negociar el préstamo, la entidad ha reclamado los sondeos electorales publicados, en función de los cuáles estiman la representación que alcanzarán y la subvención pública que recibirán.

Faltan mecanismos de control sobre los gastos

La fiscalización de los gastos electorales de los partidos, en función de la que se les otorga posteriormente las subvenciones públicas, es “mejorable”, admiten desde la Cámara de Cuentas de Andalucía. Éste órgano fiscalizador es el encargado de auditar todos los gastos que presenten los partidos en los 90 días posteriores a la cita electoral autonómica. Se analizan los datos y facturas que presentan pero no hay mecanismos, por ejemplo, para rastrear el origen de los fondos, detectar si hay pagos en B, si se inflan pagos a proveedores o si las cifras cuadran con las cuentas anuales de cada formación.

Al margen de la campaña electoral, la auditoría de las cuentas de los partidos sigue estando en manos del Tribunal de Cuentas. En Andalucía se abrió el debate sobre la posibilidad de dotar a la Cámara de Cuentas de Andalucía de potestad para controlar estos números. Fue una de las promesas, incumplidas, de Susana Díaz en su debate de investidura. La última reforma de la ley de financiación de partidos que tramitan ya las Cortes abortar esa posibilidad y deja esa competencia en exclusiva en el Tribunal de Cuentas. Solo Cataluña, a través de su Sindicatura de Comptes, ejercía esa competencia que ahora le será retirada.

La Cámara de Cuentas tiene previsto celebrar en los próximos días una reunión con el Tribunal de Cuentas para unificar criterios, ya que será el órgano nacional el encargado de velar por los gastos en elecciones municipales y generales. Entre las novedades de la reforma de la ley de financiación de partidos, que tramita en este momento el Senado, figura la prohibición de la condonación de deudas por parte de las entidades financieras. Hasta hoy son legales y además no se declaran.

Para comprobar las lagunas que existen para fiscalizar los gastos electorales basta mirar lo ocurrido en 2012. La Cámara de Cuentas de Andalucía reclamó al PP que identificara a los cobradores de un total de 26 cheques emitidos al portador y que sumaban los 83.136 euros. Ninguno de los talones excedían los 3.000 euros que hubieran obligado a identificar al cobrador. Todos se quedaban en los 2.900 euros. El PP alegó que estos cheques se emitían para cubrir con más agilidad gastos de gasolina o restaurantes. Sus alegaciones no bastaron al órgano auditor que finalmente penalizó al partido detrayéndole unos 220.000 euros de la subvención que le hubiera correspondido según el resultado electoral. La Cámara de Cuentas también se queja de que no todos los proveedores que trabajan con los partidos en campaña electoral lo comunican, como obliga la ley. Los más incumplidores, avisan, los grandes grupos de comunicación.

Los ‘prestamistas’ de Podemos, bajo lupa

Bajo lupa está la fórmula de financiación de campaña elegida por Podemos. A través de la firma de microcréditos ciudadanos han logrado reunir en solo dos semanas casi 200.000 euros. En la última semana informan de que los créditos de 100 euros son 372, los de 500 euros son 76 y los de 1.000 euros un total de 20. Los ciudadanos, de momento anónimos, firman una póliza con Fiare Banca Etica, una cooperativa con sede en Bilbao. El contrato señala que Podemos se compromete a devolver el dinero si alcanza sus previsiones electorales. Si no, se entendería como una donación. Tanto el Tribunal de Cuentas como la Cámara de Cuentas de Andalucía han atendido las consultas de Podemos antes de poner en marcha este sistema, que ya estrenó Equo en las elecciones europeas. En el caso andaluz, el área de finanzas del partido admite que tendrá que poner en conocimiento del órgano auditor todos los datos de los prestamistas, bajo compromiso de confidencialidad, exactamente igual que si fueran donantes, para poder comprobar el origen de los fondos.

Según el último informe del Tribunal de Cuentas los partidos políticos en España recibieron en 2012, último año auditado, 273,1 millones de euros de fondos públicos, 39,4 millones en fondos privados (afiliados y simpatizantes) y 6,4 millones de euros en donaciones privadas. La deuda de las formaciones políticas en España con las entidades financieras asciende a 237,6 millones de euros. No hay mecanismos en vigor para conocer estos números para las federaciones andaluzas de los grandes partidos.