Proteger el empleo en tiempos de guerra e incertidumbre

La agresión militar, contraria al derecho internacional, de Estados Unidos e Israel contra Irán ha abierto un nuevo escenario de inestabilidad global en una de las regiones más sensibles para la economía mundial. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, el riesgo de interrupciones en el suministro energético y la incertidumbre que se extiende por el comercio internacional vuelven a situar a Europa ante un escenario que conocemos demasiado bien.

En apenas cinco años hemos atravesado una sucesión de crisis que, en otras épocas, habrían provocado una destrucción masiva de empleo en España. La pandemia de la COVID-19, la erupción del volcán de La Palma, la invasión rusa de Ucrania con su crisis energética e inflacionaria, la DANA que golpeó con especial dureza a la Comunidad Valenciana —y también a Castilla-La Mancha y Andalucía— o los incendios del verano de 2025 han puesto a prueba la resiliencia de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo. Y, sin embargo, el empleo ha resistido.

Desde 2020 España ha construido una arquitectura institucional para proteger el empleo frente a las crisis que ha demostrado su eficacia. El punto de partida fueron los ERTE activados durante la pandemia, que permitieron suspender temporalmente la actividad sin destruir millones de puestos de trabajo. Aquella experiencia dejó de ser excepcional y se incorporó de forma estructural al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores tras la reforma laboral pactada en 2021 entre Gobierno y agentes sociales.

A ello se sumó el Mecanismo RED, concebido para afrontar crisis sectoriales o macroeconómicas mediante ajustes temporales de actividad sin recurrir al despido. Frente al modelo de crisis del pasado —basado en destruir empleo— el nuevo enfoque apuesta por preservar las relaciones laborales para facilitar la recuperación.

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Los resultados son evidentes: el mercado laboral sigue batiendo récords y la afiliación a la Seguridad Social superó en febrero de 2026 los 21,6 millones de trabajadores, el nivel más alto para ese mes en la serie histórica. España cuenta hoy con más personas trabajando que nunca.

Pero esta arquitectura de protección no se limita al ámbito estrictamente laboral. Durante estos años se desplegó también un amplio escudo social destinado a amortiguar el impacto económico de las crisis sobre hogares, personas trabajadoras y empresas. Ese conjunto de medidas incluyó, entre otras, la protección frente a desahucios de familias vulnerables, mecanismos de control de precios energéticos, ayudas a los carburantes y al transporte, reducción del IVA de determinados alimentos básicos o diferentes instrumentos de apoyo a sectores especialmente afectados.

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Estas políticas fueron decisivas para contener los efectos de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, que llegó a provocar en Europa tasas de inflación de dos dígitos. La lección es clara: ante shocks globales, la protección social no es un obstáculo para la economía, sino una condición para su estabilidad.

Hoy la incertidumbre vuelve a crecer. A la escalada bélica en Oriente Medio se suman las tensiones comerciales generadas por la nueva administración estadounidense, que en su momento llegó a plantear la imposición de fuertes aranceles contra Europa. Finalmente, aquellas amenazas dieron paso a un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que debe ser respetado y del que España forma parte como miembro de la Unión.

En este contexto conviene subrayar la importancia de la posición soberana de España, respaldada por nuestros socios europeos, en defensa del respeto al derecho internacional y de la búsqueda de soluciones pacíficas y dialogadas a los conflictos.

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Las consecuencias económicas de la actual escalada bélica son todavía difíciles de anticipar. Un aumento sostenido del precio del petróleo o tensiones en el comercio internacional podrían trasladarse al conjunto de la economía global. Pero, a día de hoy, resulta prematuro anticipar escenarios o activar medidas extraordinarias. Eso no significa que debamos ignorar los riesgos. Si la crisis se prolongara o sus efectos económicos se intensificarán, España dispone ya de instrumentos que han demostrado su eficacia para proteger el empleo, el tejido productivo y las condiciones laborales. Y, llegado el caso, sería necesario volver a desplegar un escudo social que permita amortiguar el impacto económico sobre las familias, las empresas y los trabajadores.

La experiencia de estos años demuestra que es posible gestionar las crisis sin destruir empleo. Para ello es imprescindible preservar los instrumentos laborales que han demostrado su utilidad y contar con un sistema fiscal justo y robusto que proporcione los recursos necesarios para sostener esas políticas públicas.

En un mundo cada vez más inestable, la verdadera fortaleza de una economía no se mide sólo por su crecimiento, sino por su capacidad para proteger a su sociedad cuando llegan las crisis.

España ha demostrado en los últimos años que sabe hacerlo.

*Pepe Álvarez, secretario general de UGT.