La verdad sobre el SMI: invertir en las personas salva democracias

Decía Ortega y Gasset que "la verdad es la primera condición de la vida pública", y pocas veces ha sido tan necesaria como ahora, cuando se persigue a quienes la difunden y se manipula el debate para acabar defendiendo, no a quienes sostienen el país con su trabajo, sino a quienes esquilman lo público y extraen beneficios sin aportar al erario público lo que les correspondería. Se trastoca el sentido común: se criminaliza a quien denuncia desigualdades y se protege a quienes las agravan. Por eso conviene recordar algo elemental: la vida de un país depende de la vida de su clase trabajadora. Si se degrada su salario, se degrada el país; si se dignifican sus condiciones, se fortalece la democracia.

También en el debate salarial se falta a la verdad. Cuando una empresa gasta en máquinas o inteligencia artificial, todos lo llaman "inversión", pero cuando se propone mejorar la retribución de quienes sostienen el tejido productivo, se habla de "costes". Esa distorsión deshumaniza a la empresa y reduce a las personas a cargas empresariales. La verdad es otra: subir el Salario Mínimo Interprofesional es invertir en vida, en dignidad y en productividad, no un gesto accesorio.

Que suba la menor de las retribuciones transforma de inmediato la realidad de quienes menos tienen, sobre todo jóvenes y mujeres, que concentran una gran parte de los empleos con salarios insuficientes. Para muchos jóvenes, un salario decente es la condición mínima para poder emanciparse y construir un futuro. Para miles de mujeres, significa acercarse a una igualdad real, no retórica. Cuando quienes sostienen los sectores esenciales no pueden cubrir lo básico, lo que se rompe no es solo la justicia social, sino el propio contrato democrático.

Porque la precariedad no es solo un problema económico: es un problema democrático. Cuando las personas sienten que trabajan sin poder salir adelante, el desaliento se convierte en un caldo de cultivo para el populismo y los extremismos. La esperanza social es el mejor antídoto contra quienes se alimentan de la frustración. Y la esperanza, en política, se construye dignificando las condiciones de vida y de trabajo, no erosionándolas.

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Por eso es tan relevante lo que acaba de afirmar Europa. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al analizar la Directiva de salarios mínimos, no solo valida su contenido esencial, sino que integra la Carta Social Europea en el corpus de derechos sociales de la Unión, dejando claro que la adecuación del salario mínimo es un derecho fundamental. El TJUE reconoce además que estándares como el 60 % del salario medio, formulados por el Comité Europeo de Derechos Sociales, deben orientar la evaluación de los salarios mínimos. Nuestro país, que ha ratificado íntegramente la Carta y el Protocolo de Reclamaciones Colectivas, tiene así un mandato inequívoco: avanzar hacia un SMI alineado con ese umbral europeo de suficiencia. Y este paso debe ir acompañado de algo imprescindible: poner fin al abuso de la compensación y absorción, que hoy congela los sueldos reales de quienes apenas superan el SMI. La subida del mínimo no puede ser una ficción estadística; debe traducirse en mejoras efectivas. No podemos permitir que mecanismos excepcionales se utilicen para erosionar el poder adquisitivo de quienes menos tienen. Un salario mínimo digno debe ser un suelo firme sobre el que crecer, no un techo que impida avanzar en justicia y dignidad.

La importancia de dignificar el trabajo no es una reivindicación aislada de España. La victoria reciente de Mamdani como alcalde de Nueva York —en el corazón político del trumpismo— demuestra que cuando la política ofrece un proyecto de progreso material, esperanza y justicia fiscal, la ciudadanía responde. Su programa incorporaba medidas tan claras y valientes como —congelación y control de alquileres, un impuesto a los ricos, refuerzo de los servicios públicos, aumento del salario mínimo, programas de empleo comunitario e inversión en vivienda asequible—, un conjunto de políticas que ha devuelto esperanza a quienes llevaban años sintiéndose abandonados por el sistema. La lección es internacional y rotunda: cuando la política pone la vida de la gente en el centro, lo que parecía imposible se convierte en una opción políticamente viable.

Cuando la política pone la vida de la gente en el centro, lo que parecía imposible se convierte en una opción políticamente viable

Esta misma semana, la Comisión Europea ha puesto en marcha los trabajos de la Ley de Empleo de Calidad, que deben situar la dignidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo como pilares de la competitividad. La UE empieza a asumir lo que los sindicatos llevamos décadas defendiendo: no hay innovación sin cohesión, ni productividad sin derechos, ni democracia sin trabajo decente. España debe sumarse plenamente a este giro europeo y hacerlo con hechos: una subida del SMI que demuestre que el Gobierno quiere dignificar de verdad la vida de la clase trabajadora en un país donde las empresas baten récords de beneficios mientras demasiadas personas siguen atrapadas en salarios insuficientes. La subida del SMI no es una medida técnica ni aislada: es apostar por la verdad frente a la manipulación, por la dignidad frente a la precariedad y por la esperanza frente al miedo. Es decirles a los trabajadores —especialmente jóvenes y mujeres— que este país no renuncia a ellos.

Porque un salario que no permite vivir no es solo injusto: es incompatible con una democracia plena. Y España no puede permitirse ese lujo.

*Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT