Diario de un transeúnte (IX): la portería vacía

La publicación del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha venido a poner cifras a lo que muchos empresarios, asesores y autónomos llevan tiempo percibiendo en su día a día: que las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no son neutras en términos de empleo. Y su impacto, aunque no siempre visible en titulares, sí lo es en la economía real.

El estudio estima que entre 2019 y 2023 se han dejado de crear más de 150.000 empleos como consecuencia directa del encarecimiento del coste mínimo del trabajo. Es decir, que el mercado laboral español podría tener hoy 150.000 ocupados más de no haberse producido esas subidas.

La AIReF, recordémoslo, no es un think tank conservador ni un lobby empresarial. Es una institución pública, independiente, creada por ley y dotada de recursos y autonomía para evaluar de forma técnica la sostenibilidad de las cuentas públicas. No responde a intereses partidistas ni actúa como altavoz de ningún sector concreto. Tampoco se ha caracterizado por incomodar al Gobierno ni por protagonizar choques políticos innecesarios. Por eso, cuando sus técnicos elaboran un informe de estas características, su contenido no debería despacharse como si se tratara de una opinión interesada. Al contrario, convendría leerlo con atención y contrastarlo con la realidad de miles de pequeñas empresas que, lejos de los focos, son las primeras en sentir el golpe cuando se legisla desde la abstracción.

Cómo se sube el SMI y a quién afecta

El problema no está en subir el SMI, sino en cómo se sube y a quién afecta. Porque el salario mínimo, como su nombre indica, no es un salario medio, ni una recomendación, ni una aspiración. Es un umbral legal, de obligado cumplimiento, que no distingue sectores, ni territorios, ni tamaños de empresa. Lo que para una gran corporación es un pequeño ajuste, para un autónomo en una zona rural puede suponer la inviabilidad de una contratación. Lo que para un hotel de ciudad es un coste absorbible, para un bar de playa que trabaja seis meses al año puede ser la diferencia entre abrir o no abrir.

Cuando defendemos a los pequeños negocios estamos defendiendo el empleo de la mitad de los trabajadores de este país

Cuando defendemos a los pequeños negocios no estamos defendiendo privilegios ni resistencias al progreso. Estamos defendiendo el empleo de la mitad de los trabajadores de este país. La mitad. No son datos de ningún informe alternativo: lo dice el propio Instituto Nacional de Estadística. En torno al 50% del empleo en España depende de empresas con menos de 50 trabajadores, y buena parte de ellas tienen menos de 10. En ese ecosistema frágil y diverso, las decisiones uniformes —por bien intencionadas que sean— pueden tener consecuencias devastadoras. Porque en la microeconomía de la tienda de barrio, del agricultor, del autónomo que da su primer paso para contratar, no hay colchón, no hay margen de error, y no hay asesores ni estructuras para absorber todo sin consecuencias.

La AIReF pone el foco en ese impacto indirecto: el empleo que no se crea, el contrato que no se firma, la oportunidad que se posterga. Y lo hace con una claridad incómoda: las subidas del SMI han tenido un coste en empleo. No es una hipótesis ni una sospecha. Es una estimación basada en datos reales. El informe no dice que haya habido despidos masivos ni una crisis de empleo, pero sí recuerda algo que a menudo se olvida: que no todo daño es visible. Que hay efectos secundarios que no se perciben a corto plazo, pero que erosionan lentamente la capacidad del tejido productivo más débil para crecer y generar oportunidades.

Una inacción empresarial

Lo más preocupante no es que el informe haya pasado con más pena que gloria por el debate político. Lo preocupante es la inacción empresarial. Una vez más, los representantes de las pymes, de los autónomos, de las pequeñas industrias, han reaccionado tarde, con timidez, sin discurso claro y sin capacidad de poner este tema sobre la mesa con la fuerza que merece. Mientras el Gobierno y los sindicatos juegan el partido con estrategia, presión y relato, las organizaciones empresariales siguen refugiadas en el área, a ver si no les marcan otro gol.

¿Y si se hubiera aprobado la reducción de jornada? ¿Qué medidas se habrían tomado? ¿Qué análisis se habrían activado? ¿Dónde están los escenarios, las propuestas, los estudios? ¿Qué van a hacer si el próximo año vuelve a subir el SMI otro 5 %? El silencio no es prudencia; es parálisis. La ausencia de relato no es neutralidad; es renuncia. Y la falta de reacción se está convirtiendo en costumbre.

El silencio no es prudencia; es parálisis. La ausencia de relato no es neutralidad; es renuncia

La portería sigue vacía. No hay portero, no hay defensa, no hay nadie en el centro del campo. Solo hay una sucesión de goles silenciosos, cada uno con forma de coste estructural, de norma publicada sin matices, de reforma hecha sin diálogo. Mientras tanto, el pequeño empresario sigue remando, sin tiempo para informes ni comparecencias, adaptándose a lo que venga. Pero su resistencia tiene un límite. Porque cada vez que se legisla ignorando su realidad, no solo se frena su crecimiento: se empobrece la economía, se reduce el consumo, se recaudan menos impuestos y se cotiza menos a la Seguridad Social.

El día que se entienda que defender al pequeño negocio es defender el empleo, la cohesión social y la sostenibilidad de las cuentas públicas, ese día quizá empecemos a legislar con más sensatez. Y el día que las organizaciones empresariales dejen de ser buzones de quejas y pasen a ser actores con voz propia, preparados para proponer, negociar y liderar, habremos recuperado algo que hoy parece perdido: la capacidad de anticiparse al gol.

* Fernando Jesús Santiago Ollero es presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.